• Detention Centres and COVID19. Situation in Spain : Is the government emptying the centres ?

    Desde la Federación SOS Racismo e Iridia, os queríamos preguntar cómo está la situación de los Centros de detención en Europa, para ver si podemos coordinar algún tipo de acción para exigir su cierra ahora que el CIVID19 está cambiando nuestro día a día.

    En principio, el gobierno español está vaciando poco a poco los #CIE

    https://www.europapress.es/catalunya/noticia-liberan-todos-internos-cie-barcelona-no-poder-repatriarlos-20200

    https://www.lavanguardia.com/politica/20200319/474263064358/interior-abre-puerta-liberar-internos-cie.html

    Según nuestras fuentes, la idea es (dado que muchos países han cerrado fronteras y vuelos con España) ir vaciando poco a poco los centros de detención comenzando por las personas que no pueden ser expulsadas y pueden tener recursos familiares, y después tratar de utilizar los recursos de los proyectos de humanitaria para las personas que no tengan recursos de este tipo. Ahora mismo los CIE de Tarifa y Barcelona están vacíos, el de Algeciras (5), Valencia tienen unos pocos internos (menos de 30), Tenerife (25), Las Palmas (69) – los números son del lunes-. El número más importante (y las tensiones) están localizadas en Madrid (75) y Murcia (78) en los que ha habido protestas y las personas internas están nerviosas con la situación.

    También hay que decir que parece ser que las personas qu ehan llegado en los últimos días a través de embarcaciones están siendo derivadas a centros sociales y no a los centros de detención (casos de Andalucía y Canarias)

    Brigitte también nos ha comentado que en Francia se está en un proceso similar:

    https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/21/les-centres-de-retention-administrative-se-vident_6033939_3224.html

    #détention_administrative #rétention #Espagne #France #asile #migrations #réfugiés #coronavirus #centres_de_rétention_administrative #vide #se_vider (je ne trouve pas d’autres mots-clé à ajouter au mot-clé « se vider », idées bienvenues)

    ping @thomas_lacroix @karine4 @isskein

    • Un juez ordena el desalojo del #CIE de #Las_Palmas para frenar los contagios

      Los centros de internamiento mantienen todavía a cerca de 100 inmigrantes, a pesar de la imposibilidad de expulsarlos.

      Un juez ha ordenado este martes el desalojo del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Las Palmas de #Gran_Canaria, al detectarse “un progesivo contagio” de coronavirus entre los internos. El magistrado justifica la medida en las condiciones de “hacinamiento” de los internos y la imposibilidad de garantizar el aislamiento en el centro. Cerca de un centenar de personas, según el Ministerio del Interior, permanecen aún encerrados en los CIE pese a que las restricciones fronterizas en todo el mundo impiden deportarlos a sus países de origen.

      La orden del juez de ordenar la liberación de los internos se suma a la petición que ya había realizado el Defensor del Pueblo el 19 de marzo, cuando aún no había ningún contagio confirmado en los siete centros de internamiento de toda España. Casi dos semanas después, aún hay cerca de 100 personas encerradas (un 12% de un total de 866 plazas, según Interior). El pasado domingo la ocupación se mantenía al 30%. La mayoría de ellos está concentrada en los dos centros de las islas Canarias, según fuentes conocedoras de la ocupación de las instalaciones.

      El CIE de Barranco Seco al que se refiere el magistrado, tiene al menos dos internos diagnosticados de Covid-19, según publicó la prensa local la semana pasada. “La decisión adoptada se basa en estrictas razones de salud pública y orden público y por estrictas razones de humanidad”, dicta el magistrado. El resto de centros, algunos como el de Barcelona totalmente vacíos, no ha registrado ningún caso positivo, según Interior.

      El juez canario Arcadio Díaz Tejera mantiene que “existe un progresivo empeoramiento de la salud de los servidores públicos que han estado o están prestando servicios en el centro” de Barranco Seco, una antigua cárcel. El magistrado, que ejerce las funciones de control del centro, también se refiere al “progresivo contagio que se ha dado entre los migrantes”. “Es razonable entender que dadas las vías de transmisión de ese microorganismo, el hacinamiento constituye un factor favorable para la expansión de la infección”, recoge la resolución judicial.
      Derecho a la salud

      El juez Díaz recuerda que la privación de libertad en los centros de internamiento tiene como objetivo la expulsión de los inmigrantes, un procedimiento que en las circunstancias actuales es prácticamente imposible de ejecutar. Prevalece, mantiene el magistrado, el derecho a la salud de los internos y de los servidores públicos que allí trabajan.

      El magistrado ordena, por tanto, que se traslade a los migrantes a centros de acogida al ritmo “más ágil posible”, debido a los contagios que se están produciendo y ante la “inexistencia de condiciones adecuadas para garantizar el debido aislamiento de los internos con síntomas o que han dado positivo”.

      Este juez, que ejerce la función de control del CIE de Las Palmas, ya había comparado las instalaciones con “las cárceles de la dictadura”. En auto de febrero en el que instaba a las autoridades a subsanar las deficiencias del centro, denunciaba los “sinsentidos, irregularidades y carencias” del lugar.

      La liberación de los extranjeros por parte del Ministerio del Interior está siendo más lenta de lo que a las asociaciones humanitarias y a sus propios abogados les gustaría. En Valencia, un juez ha ordenado la puesta en libertad de una mujer marroquí internada en el CIE de Zapadores. “Las especiales circunstancias que concurren en el territorio nacional” y las “dudas razonables de que pudiera llevarse a cabo la expulsión dentro del plazo máximo legal de 60 días” aconsejan “el cese del internamiento”, dispone el auto del magistrado valenciano.

      Este juez, sin embargo, ha impuesto a la mujer la obligación de someterse a controles semanales en la Brigada de Extranjería de la Policía y le ha retirado el pasaporte. “Es triste que hayamos tenido que recurrir a la justicia para conseguir una puesta en libertad que ya habíamos solicitado hace dos semanas y que el Defensor del Pueblo respaldó. Esto viene a demostrar que el internamiento no es una medida cautelar para la expulsión, sino que busca castigar la estancia irregular”, afirma Paco Solans, vicepresidente de la Asociación de Abogados de Extranjería.

      Huelga de hambre para ir a la Península

      Además de la liberación paulatina de los extranjeros internados en los CIE, las autoridades han permitido por motivos sanitarios el traslado a la Península de 142 personas que permanecían en el #Centro_de_Estancia_Temporal_de_Extranjeros (#CETI) de Ceuta. Las instalaciones albergaban a más de 650 personas cuando su capacidad es de 512 plazas. El salvoconducto, que ha beneficiado sobre todo a subsaharianos y argelinos, ha generado malestar entre los marroquíes que aún están en el centro. Un grupo de 13 marroquíes solicitantes de asilo ha iniciado una huelga de hambre para protestar por “la discriminación que sufren ante otras nacionalidades”.

      https://elpais.com/sociedad/2020-03-31/un-juez-ordena-el-desalojo-del-cie-de-las-palmas-para-frenar-los-contagios.h
      #évacuation #justice #grève_de_la_faim

    • El Gobierno prevé liberar a todos los internos de los CIEs antes del lunes

      - Mientras que el jueves la ocupación de los CIEs es del 9%, Interior espera que el próximo lunes sea del 0%
      - Interior facilita esta información a raíz de la liberación de casi todos los internos del #CIE de #Aluche

      El gobierno de España prevé liberar a todos los internos de los siete Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que hay en funcionamiento actualmente, según ha confirmado el Ministerio del Interior a Fundación porCausa. La puesta en libertad de los migrantes en situación irregular recluidos en estos centros concluirá el próximo lunes, según señala Interior, aunque dependerá en último extremo de la coordinación con los organismos de acogida. Es la primera vez que España aplica una medida de estas características en estos centros, que han sido denunciados en reiteradas ocasiones por organizaciones de Derechos Humanos.

      Interior explica que lleva varios días liberando de forma progresiva a las personas migrantes recluidas en estos centros, ante la incapacidad de devolverlas a sus países, debido al cierre de fronteras, y para respetar las medidas de distanciamiento social en el marco de la lucha contra el coronavirus. Según la ley, la duración máxima del internamiento en un CIE es de 60 días y para entonces el interno debe ser puesto en libertad o devuelto a su país de origen.

      El ministerio que encabeza Fernando Grande-Marlaska ha facilitado esta información a raíz de la liberación de casi todos los internos del CIE de Aluche durante la mañana de este jueves. En el centro madrileño quedan cinco internos, dejando las instalaciones prácticamente vacías.

      Antes de que el Gobierno anunciara el estado de alarma el pasado 13 de marzo debido a la crisis de la COVID-19, la ocupación de los CIEs era de un 59%. La crisis sanitaria ha imposibilitado la devolución de los internos a sus países de origen, por lo que la ocupación de estos centros cayó al 25% la semana pasada. Según los datos facilitados por Interior, este jueves la ocupación era del 9% y se espera que el próximo lunes sea del 0%.

      Cada uno de los casos se está tratando de manera individual, y la demora de algunos de ellos se debe a la coordinación de los organismos de acogida y las Comunidades Autónomas. El cierre del centro se suma al de Hoya Fría, en Tenerife, y al de Barranco Seco, en Las Palmas de Canaria, a principios de semana. Por el momento siguen abiertos los CIEs de Murcia, Valencia y Algeciras, según informó El Salto.

      Estas medidas, aunque no son de la misma magnitud que las que se han tomado recientemente en otros países de la Unión Europea, son las primeras que se llevan a cabo en España al respecto. Esta semana el gobierno de Portugal aprobó regularizaciones exprés para los migrantes que no tuvieran permiso de residencia, mientras que Alemania tiene en cuenta en su lucha contra el coronavirus a los médicos migrantes que llegaron, sobre todo, en la oleada del año 2015.

      Voces por el cierre de los centros

      Desde el anuncio del estado de alarma, numerosos colectivos pro migrantes se han preguntado qué iba a pasar con los internos de los CIE, ya que la expulsión a sus países de origen era imposible en la mayoría de los casos debido al cierre de fronteras. El 17 de marzo, ante la liberación de varias personas internas en el CIE de València, El Levante publicó que el resto de ingresados en los centros de internamiento españoles podrían ser puestos en libertad ese mismo día. En ese momento el Ministerio del Interior afirmó que el Gobierno no contemplaba liberar a los internos de los CIEs y señaló que ninguno había dado positivo en las pruebas del COVID-19. Interior también aseguró que se estaban aplicando protocolos sanitarios, incluyendo la habilitación de salas vacías higienizadas para posibles casos sospechosos.

      Ese mismo día hubo un intento de motín protagonizado por los internos en el CIE de Aluche. SOS Racismo Madrid pidió en un comunicado que todas personas internas en cualquier CIE fueran liberadas y tratadas adecuadamente. Señalaron que, ante la imposibilidad de deportación, la retención era «un sinsentido» y mantenerlos encerrados y expuestos al contagio de coronavirus suponía «un atentado contra su salud y una flagrante violación de los derechos humanos».

      También se unieron a la petición de cierre de los CIE otros colectivos, como la plataforma CIEs No Madrid, que advirtió que «si ya en circunstancias normales no cumplen las normas de seguridad e higiene, en este caso se agrava la situación», y denunciaron que los internos están «hacinados en habitaciones, no tienen medidas higiénicas suficientes, no se les está haciendo pruebas, el servicio médico no es el adecuado, no se les va a llevar a servicios externos…». También el Defensor del Pueblo pidió a mediados de marzo la liberación de estas personas, alegando que se encuentran «en una situación particularmente vulnerable» en el escenario de la crisis sanitaria actual.

      Opacidad, gastos inútiles y muertes evitables

      Las voces que se oponen a la existencia de los CIEs no han hecho más que crecer en los últimos años, denunciando que son espacios donde se violan los Derechos Humanos y cuyos internos son personas inocentes encerradas por faltas administrativas. Son espacios en torno a los que existe mucha opacidad: los periodistas, que sí pueden entrar en prisiones, no pueden acceder al interior de un CIE (pocos lo han conseguido). Pero, además, son herramientas cruciales para sostener el sistema de control migratorio que en ocasiones no suponen más que un gasto inútil (como el caso del CIE de Fuerteventura, que seguía generando millones de euros de gasto a pesar de no estar operativo).

      En España hay siete CIE. Algunos han sido denunciados por tener a sus internos en condiciones inhumanas, que en ocasiones han llevado a la muerte de algunos de ellos. Fue el caso de Samba Martine, cuyo fallecimiento en 2011 tras pasar 38 días en el CIE de Aluche podía haberse evitado de haber recibido el tratamiento adecuado, según la Audiencia de Madrid.

      Interior no especifica si también liberará a los internos de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), situados en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y cuya capacidad total es de 512 y 480 personas, respectivamente. Estos establecimientos dependen de los gobiernos de cada una de estas ciudades, y aunque también se entienden como una primera acogida provisional, las condiciones no son las mismas: los internos pueden entrar y salir con libertad mientras duran los trámites de identificación y reconocimiento médico, así como desempeñar trabajos fuera del mismo. No obstante, la estancia de los migrantes se ha llegado a ampliar varios años y son conocidas las vulneraciones de derechos que se sufren en su interior.

      Sumado a esto, la crisis del coronavirus ha acrecentado las ganas de salir de estos centros de internamiento. Al inicio de esta semana, en el CETI de la ciudad de Ceuta trece migrantes solicitantes de asilo, principalmente de origen marroquí, estuvieron en huelga de hambre para denunciar la discriminación que sentían por parte del Gobierno, que trasladó a 142 personas de origen subsahariano a la península. Además, ayer se conoció el contagio por coronavirus de una bebé en el centro, que supone el segundo caso de un menor infectado por el virus en la ciudad de Ceuta.

      https://blogs.publico.es/conmde/2020/04/02/libertad-cies-coronavirus

  • #Denis_Salas : « La #justice se trouve confrontée à un phénomène totalement inédit »

    Pour le magistrat et président de l’association française pour l’histoire de la justice, "l’#état_d'urgence_sanitaire" instauré pour deux mois doit nous inciter à réfléchir aux #libertés_individuelles et au maintien du #débat_démocratique.

    La France est officiellement en "état d’urgence sanitaire" pour une durée de deux mois. La loi publiée ce mardi au Journal Officiel encadre notamment le #confinement décidé par le gouvernement mais également un certain nombre de mesures de #restriction_des_libertés. Denis Salas, magistrat, essayiste et président de l’association française pour l’histoire de la justice se penche sur le rôle dévolu à l’institution judiciaire, son rapport au pouvoir politique et s’interroge également sur cette remise en question des libertés individuelles dictée par la nécessité sanitaire.

    Denis Salas, quel rôle particulier incombe à l’institution judiciaire dans ce contexte de pandémie ?

    L’institution judiciaire tourne actuellement au ralenti. Les tribunaux sont pratiquement à l’arrêt, même si subsistent des audiences en urgence, comme les comparutions immédiates ou certaines audiences en matière civile. En matière de politique pénale, on voit apparaître ce que l’on pourrait appeler une #justice_prophylactique qui cherche à prévenir les risques à travers des notions juridiques nouvelles comme la #mise_en_danger_de_la_vie_d’autrui, #infraction utilisée pour tous ceux qui sortent sans autorisation ou encore des sanctions relatives au marché noir, par exemple pour ceux qui revendent des masques ou des caducées. De nouveaux #délits apparaissent pour violation des règles de confinement avec des peines d’#amende aggravées, voire des peines d’#emprisonnement de six mois en cas de réitération des infractions.

    D’un point de vue philosophique, je dirais que c’est un usage de la #fonction_dissuasive_de_la_peine qui consiste à afficher une volonté répressive mais l’application avec des tribunaux à l’arrêt se situe au second plan.

    Autrement dit, des mesures difficiles à mettre en œuvre ?

    Oui. Les tribunaux étant à l’arrêt, même si certaines urgences sont maintenues, je ne vois pas comment obtenir une application réaliste de ces infractions. Je pense donc que la fonction d’annonce de ces nouvelles infractions est en soi un but recherché par le législateur. On espère que cet affichage va dissuader des personnes de se comporter de manière illicite face au confinement : un moyen pénal d’obtenir la docilité de la population. La dissuasion reste une fonction classique de la peine mais en l’occurrence elle est pleinement utilisée pour obtenir la docilité de la population.

    J’ignore ce que diront les historiens plus tard mais je pense que c’est une forme de criminalité nouvelle en période de pandémie qui apparaît sur fond d’urgence sanitaire.

    La justice a-t-elle déjà été confrontée dans le passé à une situation similaire ?

    Concernant une pandémie, il faut remonter au XIXe siècle, à la grippe espagnole durant la Première Guerre mondiale, mais en France, à des périodes beaucoup plus anciennes, voire au Moyen Âge. La justice se trouve confrontée à un phénomène totalement inédit, ce qui explique les hésitations, les types de réponses qui sont apportées et son fonctionnement même qui peut en être affecté.

    Une justice confrontée néanmoins à un certain nombre de situations d’urgence : comparutions immédiates ou encore situations de violences conjugales ou familiales pour lesquelles les associations ont tiré la sonnette d’alarme.

    Nous verrons quel contentieux va nourrir les comparutions immédiates, sans doute un contentieux lié aux infractions au confinement : attroupements, déplacements abusifs, usage du marché noir pour revendre des masques ou d’autres produits de ce type. C’est un contentieux qui rappelle celui de l’Occupation. En travaillant sur la justice des "années sombres", nous y avions trouvé nombre d’affaires issues de la répression de la Résistance mais beaucoup d’autres de la répression du marché noir, une analogie que l’on retrouve aujourd’hui.

    Concernant les violences conjugales et familiales, les procès en cours d’assises, que ce soient viols ou « féminicides », sont reportés. Ce qui constitue une non-réponse à la situation de fait. Mais certains tribunaux maintiennent des permanences au civil où des Juges aux Affaires familiales (JAF) peuvent décider d’éloigner par exemple un mari violent. Il appartient aux magistrats d’apprécier l’urgence des situations.

    Sur la question de la détention, vous avez co-signé une tribune publiée par le journal Le Monde la semaine dernière.

    Il s’agit d’une question très préoccupante. Des révoltes ont eu lieu dans plusieurs prisons françaises, des mutineries en Italie, notamment à Naples. Dans ce texte commun, nous demandons la réduction des courtes peines par le biais de circulaires de politique pénale prises par la Chancellerie, le juge restant libre de prendre la décision, ou encore l’examen de la sortie en libération conditionnelle des détenus malades ou âgés, afin de réduire la surpopulation carcérale. D’autant que nous avons été condamnés récemment par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. La situation s’avère surtout préoccupante dans les maisons d’arrêt, avec le problème de la détention provisoire dont l’on pourrait dépasser exceptionnellement les délais légaux vu l’état d’urgence. Mais n’y a-t-il pas une violation des droits constitutionnels liés aux libertés individuelles si l’on prolonge les détentions provisoires au-delà du délai fixé par la loi ? L’état d’urgence autorise-t-il de telles dérogations qui pourraient porter atteinte gravement aux libertés individuelles ?

    Les dispositions prévues dans le texte sur l’état d’urgence sanitaire publié au Journal Officiel peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

    On se demandait s’il n’y allait pas y avoir des recours « liberté » pour protester contre le confinement. Or, c’est l’inverse qui s’est produit avec ce recours devant le Conseil d’Etat, formulé par un syndicat de jeunes médecins qui réclamait un durcissement des mesures actuelles et un confinement total. Le juge n’est donc pas sollicité comme un défenseur des libertés mais comme un agent de durcissement des atteintes aux libertés. Et en l’occurrence, le Conseil d’Etat décide de ne pas aller jusqu’à un confinement total mais enjoint le gouvernement à durcir certaines dispositions, relatives à la pratique des activités sportives ou les marchés ouverts. Le Conseil d’Etat considère que c’est l’atteinte à la vie qui est en jeu, atteinte grave et manifeste à la sécurité et à la vie des personnes, article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.

    En fait, le juge ne se positionne pas par rapport aux libertés classiques d’aller et venir, actuellement très restreintes mais par rapport à une autre liberté fondamentale qui est l’atteinte à la vie. En cette période exceptionnelle, il se positionne non pas comme un agent de contrôle d’activités gouvernementales au nom des libertés en général mais comme un agent de défense de la société.

    La justice avait eu à traiter récemment d’un autre état d’urgence, celui lié à la menace terroriste en novembre 2015.

    Oui et on peut se poser cette question : allons-nous vers un état d’exception permanent ? Car les principales mesures de l’état d’urgence promulgué en 2015 sont depuis inscrites dans le droit commun. Questionnement soulevé par le philosophe italien Giorgio Agamben qui théorise l’état d’exception. Pour lui, nous vivons dans des sociétés confrontées au risque en permanence et la tentation des gouvernements peut être de s’installer dans un régime d’exception permanent afin de neutraliser ces risques. Le principe de précaution devient alors déterminant.

    Dans la vision d’un état d’exception permanent, il n’existe plus d’infractions, seulement des menaces, plus de délinquants mais des groupes-cibles, les personnes infectées par exemple et des territoires concernés. Il y a là quelque chose d’extrêmement périlleux pour les libertés.

    Il s’agit donc d’un risque important selon vous ?

    Le risque de pérenniser l’exception dans le droit existe parce que l’état d’exception s’étend considérablement pour des raisons légitimes évidemment. Il est limité par le fait que les institutions de contrôle subsistent et par la notion de proportionnalité. Toutes les mesures doivent être proportionnelles par rapport aux exigences sanitaires et des contre feux, des contre-pouvoirs peuvent être soulevés.

    Je voudrais citer l’exemple de la Corée du Sud qui ne pratique pas le confinement mais le dépistage massif et le traçage de la population dépistée, en repérant les cercles de proximité où la personne a pu contaminer ses proches. Le contrôle sanitaire ne porte que sur cette population à risque avec une géolocalisation, une traçabilité, une visibilité de tous ses déplacements, via une plateforme numérique. Cela a représenté un travail très long car il y a 51 millions d’habitants en Corée du Sud. La population vit dans la sécurité, l’activité économique globale continue. Le suivi des personnes confinées est extrêmement pointu et offre en même temps une visibilité à l’ensemble de la population. Quand on va travailler, on sait qui est contaminé, qui ne l’est pas, à proximité. On a donc un modèle alternatif de gestion de l’épidémie, opposé au confinement mais au prix d’une atteinte grave aux libertés individuelles pour une durée indéterminée.

    La lecture de Michel Foucault vous inspire également une réflexion particulière.

    Je suis en train de relire les Anormaux, un cours au Collège de France de 1975. Dans sa première leçon, il oppose deux grands modèles de leçon à l’épidémie : celui de la lèpre, dès le Moyen Âge, où l’on exclut les personnes infectées aux marches de la cité, et celui de la peste, à la fin du Moyen Âge, qui est à l’inverse un modèle d’inclusion. On n’exclut pas les malades des villes, on les garde avec nous, afin d’accumuler un savoir biomédical sur cette population ciblée afin de lutter contre l’épidémie. Cette fresque de Foucault est lumineuse pour expliquer dans quelle mesure nous sommes aujourd’hui dans le modèle de la peste, un modèle presque mondialisé. "La peste, écrit Foucault, c’est le moment où le quadrillage d’une population se fait jusqu’à son point extrême. Où rien des communications dangereuses, des communautés confuses, des contacts interdits, ne peut se produire. Le moment de la peste est celui du quadrillage exhaustif d’une population par un pouvoir politique dont les ramifications atteignent sans arrêt le grain des individus eux-mêmes, leur temps, leur habitat, leur localisation, leur corps. La peste porte aussi le rêve politique d’un pouvoir exhaustif, d’un pouvoir sans obstacle, d’un pouvoir entièrement transparent à son objet, d’un pouvoir qui s’exerce à plein."

    Cette citation explique ce que Foucault appelle la biopolitique. Actuellement, nous assistons à une médicalisation du pouvoir politique et judiciaire, y compris pour la politique pénale avec des savoirs médicaux, statistiques, juridiques, des mesures qui sont prises au nom d’une logique prophylactique afin d’éliminer le danger. Et ce que craint Foucault, c’est que cette biopolitique, cette gestion massive d’une population, au nom de sa santé, crée un pouvoir exorbitant des politiques où le savoir scientifique et le pouvoir politique s’additionnent. Au nom du bien public, bien sûr, mais c’est un pouvoir énorme qui se crée, un pouvoir disciplinaire qui s’étend à l’ensemble de la population.

    La lecture de Foucault, en cette période de pandémie, nous invite à nous interroger, à rester vigilants du point de vue des libertés car ce pouvoir démesuré accordé aux politiques et aux scientifiques sur notre vie quotidienne peut susciter des inquiétudes, même si sur le moment il est nécessaire. Tenons compte des avertissements de Michel Foucault et de son analyse. Il faut absolument que cet état d’urgence sanitaire soit limité dans le temps, contrôlé par le Parlement et le juge et qu’au lieu d’une seule liberté fondamentale, l’atteinte à la vie, l’ensemble des libertés soit considéré comme devant être protégé, que l’on recherche davantage l’adhésion de la population que sa soumission passive. Dans ce contexte d’atteinte massive aux libertés, au nom de l’état de nécessité sanitaire, il faut que le débat démocratique reste vivant.

    https://www.franceculture.fr/droit-justice/denis-salas-la-justice-se-trouve-confrontee-a-un-phenomene-totalement-
    #coronavirus #état_d'urgence #urgence #répression #dissuasion #docilité #criminalité #pandémie #histoire #comparutions_immédiates #marché_noir #tribunaux #prisons #détention #maisons_d’arrêt #détention_provisoire #confinement_total #atteinte_à_la_vie #état_d’exception_permanent #état_d’exception #Agamben #Giorgio_Agamben #principe_de_précaution #menaces #exception #proportionnalité #Corée_du_Sud #traçage #dépistage_massif #cercles_de_proximité #géolocalisation #contrôle_sanitaire #Michel_Foucault #Foucault #lèpre #peste #quadrillage #biopolitique #médicalisation #santé #savoir_scientifique #pouvoir_politique #bien_public #pouvoir_disciplinaire #débat_démocratique

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    Citation pour @etraces :

    Je voudrais citer l’exemple de la Corée du Sud qui ne pratique pas le confinement mais le dépistage massif et le traçage de la population dépistée, en repérant les cercles de proximité où la personne a pu contaminer ses proches. Le contrôle sanitaire ne porte que sur cette population à risque avec une géolocalisation, une traçabilité, une visibilité de tous ses déplacements, via une plateforme numérique. Cela a représenté un travail très long car il y a 51 millions d’habitants en Corée du Sud. La population vit dans la sécurité, l’activité économique globale continue. Le suivi des personnes confinées est extrêmement pointu et offre en même temps une visibilité à l’ensemble de la population. Quand on va travailler, on sait qui est contaminé, qui ne l’est pas, à proximité. On a donc un modèle alternatif de gestion de l’épidémie, opposé au confinement mais au prix d’une atteinte grave aux libertés individuelles pour une durée indéterminée.

    • Dans le miroir obscur de la pandémie. L’état d’exception de la pandémie semble avoir accompli, au moins en partie, le rêve du capitalisme

      Je parlais avec un ami qui habite à Bergame, ville au Nord de l’Italie où j’ai vécu et étudié et qui est aujourd’hui l’une des plus affectées par l’épidémie du Coronavirus. Celui-là m’a décrit la situation comme « un épisode infini de Black Mirror ». Effectivement, il est difficile d’écarter la sensation que nous vivons une dystopie, comme celles qui sont représentées dans tant de séries du genre. Ce n’est pas un hasard si Black Mirror, peut-être la plus célèbre parmi ces séries, comporte le mot « miroir » dans son titre. Ses épisodes ne représentent pas un monde lointain – une époque distante, des galaxies éloignées, des univers parallèles – mais un futur proche de datation incertaine. À la fois étranges et familières, ses intrigues nous laissent imaginer à quoi mènerait le renforcement de tendances déjà présentes dans notre quotidien. Ce que nous vivons en ce moment peut être appréhendé de la même manière, la modification de nos habitudes semblant annoncer un futur déjà là. Que peut-on comprendre du monde où nous vivons à partir de cet « épisode infini » ? Les moments exceptionnels ou de crise peuvent aider à porter un regard critique sur ce que chacun considère comme « normal ». J’ai proposé ailleurs qu’on se regarde dans le « miroir de la terreur » pour mieux comprendre la société du capitalisme tardif qui avait engendré les formes nouvelles de terrorisme[1]. De façon analogue, je crois pertinent de réfléchir aux temps présents à partir de l’image en train de se former sur le miroir obscur de la pandémie.

      La situation nous invite à penser sur plusieurs plans : l’organisation politique, la reproduction économique, le rapport à la nature ou les usages de la science. Je veux problématiser ici seulement l’idée de « distanciation sociale », rapidement acceptée en tant que norme autour du globe, entraînant la progressive interdiction des rencontres et la normalisation d’une vie quotidienne menée en confinement. La situation pandémique repose sur une contradiction qu’il faut souligner. La rapide expansion de la maladie résulte des flux globaux qui ont unifié les populations à l’échelle planétaire. De la pandémie naît le paradoxe d’une population globale unifiée en un statut égal de confinement. Il y a, en somme, un isolement concret des individus dans un monde entièrement connecté. Ce paradoxe n’est pas un paradoxe exclusif de la pandémie, mais un paradoxe que la pandémie a mené à l’extrême, le rendant par là visible. En réalité, la dialectique entre séparation et unification (de ce qui est séparé) est à la base du développement du capitalisme occidental ayant unifié le globe.

      Guy Debord avait déjà remarqué cette contradiction structurante lorsqu’il a essayé de comprendre la phase « spectaculaire » du capitalisme, qui s’annonçait au siècle dernier. Ce qu’il a appelé la « Société du Spectacle » était une forme sociale basée sur le principe de la séparation. Ce qui a été souvent décrit comme une société de communication des masses pouvait être compris à l’inverse comme une société où la faculté de communiquer était massivement perdue. La communication au sens fort était l’apanage de la vie en communauté, un langage commun engendré par une existence en commun. Ce qui arrivait aux sociétés du capitalisme avancé était précisément le contraire. L’expansion dans l’espace – grandes villes, banlieues écartées, circulation économique globale – et la rationalisation du travail, à partir de l’hyperspécialisation des tâches individuelles, ont signifié l’éloignement concret entre les personnes et la perte de l’entendement commun, facteur amplifié par le monopole de l’Etat sur l’organisation de la vie collective. La disparition progressive de la communauté et de ses formes de communication était la condition préalable au surgissement des médias de masse – lesquels étaient le contraire des moyens de communication, puisqu’ils étaient fondés sur l’isolement réel croissant. Les millions de spectateurs prostrés devant des appareils télé, en consommant les mêmes images sans pouvoir s’en parler, restaient une figuration assez claire du fait que le spectacle, comme l’a écrit Debord, « réunit le séparé, mais il le réunit en tant que séparé » (§29). Certains croient que cette critique serait devenue désuète grâce à l’avènement de l’internet et des technologies qui en découlent. Au lieu de spectateurs prostrés devant les appareils télé d’hier, on aurait aujourd’hui des spectateurs « actifs », qui s’échangent des messages, produisent et diffusent leurs propres contenus. Mais la vérité est que rien dans le dernier demi-siècle n’a mis en question la séparation fondamentale sous-jacente au développement même des technologies de communication. La scène très habituelle d’amis autour d’une table de restaurant, qui au lieu de se parler regardent les écrans de ses propres portables, devrait suffire pour démontrer cette vérité. De nos jours, le séparé est réuni comme séparé là même où il occupe le même espace physique.

      Ce qui nous a été dérobé en ce moment de pandémie a été la possibilité de cohabiter l’espace physique. Dans les conditions présentes, l’interdiction des rencontres et l’obligation du confinement semblent plus aisément acceptables pour la population mondiale que ne l’auraient été l’interdiction ou une panne de l’internet ou des réseaux sociaux. Ironiquement, la « distanciation sociale » est maintenant revendiquée pour le sauvetage d’une société qui a toujours été fondée sur la distanciation. Le seul endroit de rencontre existant dans une société productrice de marchandise est, en vérité, le marché – c’est là que les marchandises entraînent par la main ses producteurs et consommateurs et c’est pour son compte que les hommes se rencontrent. C’est l’absence de ces rencontres, maintenant interdites, qui étonne tout le monde – la fermeture des espaces de travail et de consommation. Mais le capitalisme, qui était un rapport social médiatisé par des choses, s’est dédoublé dans un rapport social médiatisé par des images. Et il est désormais possible d’être dans un lieu sans y être. Il est possible de travailler (jusqu’à un certain degré) et consommer (sans limite) sans qu’on ait besoin de sortir de chez soi. Tout peut être à la portée de la main (ou plutôt du doigt qui touche l’écran), on peut tout avoir sans sortir de chez nous – la promesse du bonheur offert par le marché et réitéré par chaque publicité n’était-elle déjà la promesse d’une vie en confinement ?

      L’état d’exception de la pandémie semble alors avoir réalisé, au moins en partie, le rêve du capitalisme. Dans le cas où l’épisode dystopique que nous vivons en ce moment se révèle un « épisode infini », il serait aisé d’imaginer une population totalement habituée aux rapports virtuels, au confinement nourri par Netflix et les services de livraison. Les voyages seraient interdits, restreints aux flux des marchandises, fruit d’un secteur productif majoritairement automatisé. Le spectacle, qui depuis longtemps s’efforçait de détruire la rue, d’abolir la rencontre et de faire disparaître tous les espaces de dialogue – pour anéantir les alternatives à la pseudo-communication spectaculaire – aurait finalement atteint son but. L’espace réel, délaissé par les êtres humains confinés et obligés de s’enfuir dans la virtualité, n’appartiendrait plus qu’aux marchandises. La circulation humaine, « sous-produit de la circulation des marchandises », serait finalement devenue superflue, et le monde en entier livré aux « marchandises et leurs passions » (Debord, §168 et §66).

      Ceci n’est qu’un exercice d’imagination – un scénario improbable pour l’instant. Il est aisé d’anticiper pourtant que dans l’avenir nous assisterons à une augmentation du contrôle des flux globaux et de la circulation de personnes sous des prétextes sanitaires, avec une progressive normalisation des procédés d’exception actuels (de façon analogue à ce que nous avons connu pour le terrorisme après le 11 septembre 2001). De toute façon, faire des pronostics dans un contexte tellement incertain est toujours hasardeux. Mais le moment demande de la réflexion et penser à ce qu’on connaît est ce qu’on peut faire de mieux. Ce que nous ressentons comme le moins problématique en ce moment est sans doute ce qui exige précisément d’être problématisé. Reste à espérer que la distanciation sociale se convertisse en distanciation ou « effet de distanciation » (Verfremdungseffekt) dans le sens attribué par Brecht – celui de rupture avec la représentation autonomisée de la société du spectacle et ses illusions (dont la plus grande de toutes : celle de l’économie capitaliste, reproduction insensée et incessante de valeur abstraite en dépit de la vie). Une distanciation par rapport à cette forme de société : une occasion nécessaire pour repenser de manière critique les séparations qui la fondent, et les limites imposées par le capitalisme à la vie quotidienne.

      Mars 2020.

      #Gabriel_Zacarias est MCF à l’Université de Campinas au Brésil.

      http://www.palim-psao.fr/2020/04/dans-le-miroir-obscur-de-la-pandemie.l-etat-d-exception-de-la-pandemie-se

  • #Métaliste autour de l’éventuelle #suspension (ou non) de la #procédure_d'asile en raison de la #crise_sanitaire... mais aussi d’autres éléments en lien avec la procédure d’asile, dont le #règlement_Dublin

    #coronavirus #covid-19 #asile #migrations #réfugiés #auditions #renvois_Dublin

    ping @thomas_lacroix @karine4 @isskein

    –---

    A mettre en lien avec la question de la #rétention - #détention_administrative :

    https://seenthis.net/messages/835410

  • #Transferts de migrants des #îles à la #Grèce_continentale...

    20 mars

    Samedi dernier, 500 personnes qui sont arrivées après le 1 mars et ont été détenues sur Lesbos, refusé leur droit de demander asile, ont été transportées au centre de détention fermée à #Malakasa, en attente d’être déportés. Aujourd’hui, le #transfert des personnes restantes en détention des autres îles a commencé.

    Les gens de #Samos et #Chios sont déjà sur le « #Aqua_Blue », direction #Lesbos, #SuperJet a déjà ramassé des gens sur #Kastelorizo et #Rhodes en direction #Symi. Combien de temps ils resteront dans ces centres fermés est inconnu.

    Aujourd’hui et demain le transfert de 1513 personnes aura lieu, 794 personnes seront emmenées sur le site de #Klidi à #Sintiki_Sères, et 719 seront emmenées à Malakasa, au nord d’#Athènes. Au total, plus de 2000 personnes, beaucoup d’entre eux, seront enfermés derrière des fils barbelés jusqu’à ce qu’ils soient déportés, pour une durée indéterminée.

    Les arrivées en détention de Lesbos (192 personnes), Chios (283 personnes), Samos (129 personnes) et Kea (190 personnes), seront emmenées au #centre_de_déportation de #Sères.

    Arrivées en détention de #Leros (252 personnes), #Kos (237 personnes), #Kastelorizo (106 personnes), #Symi (21 personnes), #Kalymnos (60 personnes) et #Rhodes (43 personnes) , sera emmené au centre d’expulsion de Malakasa.

    Aqua Blue et Superjet ont été chartés par le Ministère de l’Immigration et de l’asile pour transporter des réfugiés des îles de la mer Égée vers la Grèce continentale. Les 2 navires SEAJETS exploiteront 4 itinéraires, qui sont les suivants :

    1. Samos - Chios - Lesbos - Kavala (Aqua Bleu)
    2. Castelorizo - Rhodes - Symi - Kos - Rafina (SuperJet)
    3. Leros - Kalymnos - Kos - Rafina (SuperJet)
    4. Kea - Kavala.

    –-> Pour plus de statistiques et d’informations détaillées, rendez-vous sur aegeanboatreport.com (https://aegeanboatreport.com) / Statistiques ABR.

    Reçu via mail, le 21.03.2020 via la mailing-list Migreurop

    #centres_fermées #détention #migrations #asile #réfugiés #statistiques #chiffres #Grèce_continentale #déplacements_de_masse

    • More than 2,300 refugees to be transferred to mainland after Easter

      Greek authorities will begin the gradual transfer of 2,380 asylum seekers and their families from island camps to accommodation facilities on the mainland after Orthodox Easter (April 19), the country’s Migration Ministry said Thursday.

      The move, which will take place over two weeks, aims to reduce the risk of refugees being infected by the coronavirus.

      The refugees will be housed in camps, apartments or hotels, the ministry said.

      Among the 2,380 are 200 people aged over 60, while 1,730 are asylum seekers of all ages with facing chronic illnesses, who will be transferred with their families.

      Medical NGOs and human rights groups have beeing appealing to the Greek government since the start of the pandemic to evacuate the country’s overcrowded migrant and refugee camps to protect their residents and workers from infection.

      A camp in Ritsona, northeast of the capital, was quarantined earlier this month after 20 residents tested positive for Covid-19.

      https://www.ekathimerini.com/251769/article/ekathimerini/news/more-than-2300-refugees-to-be-transferred-to-mainland-after-easter

    • Transfers out of islands continue, but at slow pace

      Against this backdrop of criticism, Greece’s government continues to try and ease pressure at the overcrowded reception centers on the north eastern Aegean islands.

      According to local media reports, approximately 1,500 people from the notoriously cramped Moria camp on Lesbos are set to be transferred to the mainland on Saturday, despite restrictions on movement. These people will be the first from a total of 2,380 members of “vulnerable” groups, such as people with health problems, disabilities, women and children, who will be transferred over the next few weeks.

      Still, HRW said that this is not adequate considering the desperate overcrowding. “This plan is not enough to relieve the severe overcrowding,” Willie concluded.

      “Also, the plan also does not address the continued gaps in water, sanitation, hygiene products, and health care — nor the lack of accessibility for people with disabilities — in the camps and adjacent overspill sites for those who will remain.”

      https://www.infomigrants.net/en/post/24330/greek-migrant-camps-not-prepared-for-covid-19-hrw

    • Migrants on Greek islands told to wait as Greece extends lockdown

      Greece has announced that it will be extending lockdown measures by a week. The Greek government said that the move will delay the planned removal of hundreds of migrants from congested camps.

      Prime Minister Kyriakos Mitsotakis said that the extension of the lockdown in Greece until May 4 will mean that the planned removal of hundreds of asylum seekers from overcrowded migrant camps on the Greek islands will now have to be postponed. Elderly and ill migrants will be most affected by the change.

      Local officials on Lesbos said that one of the largest transfers of migrants, involving 1,500 people from the island’s largest camp, Moria, and another 900 others from elsewhere on Lesbos, will now be delayed and scaled back in size. The move was planned for Saturday.

      Greece has already transferred some 10,000 people in the first quarter of 2020, but in April managed to only move 627 migrants away from the unsanitary conditions at island camps. NGOs like Human Rights Watch have issues warnings saying that a potential COVID-19-related health crisis could ensue if the issue of camp decongestion was not immediately addressed.

      COVID-19 among migrant population

      Despite strict quarantine measures across the country, there have been several coronavirus cases recorded in migrant facilities in Greece. Roughly 150 people have tested positive this week at two camps and a migrant hotel on the Greek mainland.

      So far, there have been no cases reported at migrant camps on the Greek islands; however, authorities on the islands say they only have limited capacities available for screening procedures.

      Slow return to normality

      Greece is set to introduce a partial reopening of courts and land registers on April 27, though it remains unclear whether during this relaxation of lockdown rules asylum cases will already be assessed in courts.

      Under the current lockdown rules, which are now extended until May 4, Greek citizens must inform authorities when they are planing to leave their homes for necessities such as going to banks or supermarkets (which remain open), or they will risk fines.

      The country has managed to keep fatalities at a low level after registering its first virus death on March 12, introducing country-wide lockdown measures ten days later. Greece has so far recorded 121 coronavirus-related deaths, with 55 people still remaining in intensive care.

      https://www.infomigrants.net/en/post/24339/migrants-on-greek-islands-told-to-wait-as-greece-extends-lockdown

      #report

    • Χωρίς αποσυμφόρηση ελέω… « Αγίας οικογένειας »

      Με παρέμβαση Δημάρχου Αθηναίων (και Πρωθυπουργικού ανιψιού) η ακύρωση της μετακίνησης 1500 προσφύγων και αιτούντων άσυλο από τη Μόρια στην ενδοχώρα

      Με παρέμβαση του Δημάρχου Αθηναίων και πρώην αυτοδιοικητικού στην Ευρυτανία Κώστα Μπακογιάννη ματαιώθηκε η πολυδιαφημισμένη μετακίνηση 1500 αιτούντων άσυλο που ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες, από τη Λέσβο στην ενδοχώρα. Επιχείρηση που είχε ανακοινωθεί επίσημα ως αποσυμφόρηση κατά 8% του πληθυσμού της Μόριας για την οποία μάλιστα θα ερχόταν στη Λέσβο ο υπουργός μετανάστευσης και ασύλου.

      Σύμφωνα με « αποκλειστική είδηση » της εφημερίδας « Ευρυτανικά Νέα » που δεν διαψεύστηκε ποτέ ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης ανηψιός του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κα γιός της βουλευτή και κορυφαίου κομματικού στελέχους Ντόρας Μπακογιάννη, με πολιτική του παρέμβαση ενδιαφέρθηκε προσωπικά για το θέμα.

      « Αφουγκραζόμενος », σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, « την κοινή γνώμη αλλά και τα πραγματικά δεδομένα όσον αφορά στην υγειονομική κρίση της Ευρυτανίας, δεδομένου ότι στον νομό δεν υπάρχει κανένα κρούσμα κοροναϊού, αλλά και τη δραματική μείωση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση, η έλευση προσφύγων στο Καρπενήσι καθίσταται προβληματική για την τοπική κοινωνία. Ο κ. Μπακογιάννης επιχείρησε παρεμβαίνοντας σε πολύ υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια και πέτυχε την αναβολή έλευσης μεταναστών στο Καρπενήσι ».

      Επίσης και εκτός της παρέμβασης Μπακογιάννη, ο βουλευτής και οι δήμαρχοι της Ευρυτανίας απέστειλαν επιστολή, (που δημοσιεύθηκε στα evrytanika.gr), στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας την παρέμβασή του για την αποτροπή μεταφοράς « λαθρομεταναστών » στο Καρπενήσι.

      Ενώ συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν εν μέσω καραντίνας, κάτοικοι του Καρπενησίου όπως μεταδόθηκε σε ρεπορτάζ του τοπικού tvstar.gr, μετά από πληροφορίες πως λεωφορεία πρόσφυγες θα έφταναν στην πόλη για να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο. Μαζί τους ο « γαλάζιος » βουλευτής του νομού Κώστας Κοντογεώργος και οι δύο Δήμαρχοι, Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης και Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης.

      https://www.stonisi.gr/post/8586/xwris-aposymforhsh-elew-agias-oikogeneias

      Commentaire/traduction de Eirini Markidi reçu via la mailing-list Migreurop, le 26.04.2020 :

      Par l’intervention du Maire d’Athènes (et neveu du Premier Ministre) #Kostas_Mpakogiannis, le transport de 1500 réfugiés et demandeurs d’asile depuis Moria vers le continent a été annulé.

      Par l’intervention du Maire d’Athènes et ancien Maire d’Eurytanie Kostas Mpakogiannis (neveu en plus du Premier Ministre Kyriakos Mitsotakis), a été annulé le transport de 1500 demandeurs d’asile appartenant à des groupes vulnérables, depuis Lesbos vers le continent. L’annonce officielle parlait d’une décongestion de l’ordre de 8% de la population de Moria.

      Selon le quotidien « Eurytanika Nea » (Les Nouvelles d’Eurytanie), le Maire d’Athènes s’est intéressé personnellement à l’affaire : « en prêtant une oreille attentive à l’opinion publique ainsi qu’aux données réelles en ce qui concerne la pandémie, vu qu’il n’existe aucun cas de coronavirus dans le département d’Eurytanie, mais aussi en prenant en compte la diminution dramatique de la population les dernières années à cause de la crise économique, l’arrivée des réfugiés à Karpenisi est jugée problématique par la société locale. En faisant recours à des étapes gouvernementales supérieures, Monsieur Mpakogiannis est parvenu à annuler l’arrivée de migrants à Karpenisi ».
      A part l’intervention de Mpakogiannis, les maires d’Eurytanie ont envoyé une lettre au Premier Ministre (lettre publiée sur https://www.evrytanika.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1440291:2020-04-23-21-49-37& ) lui demandant d’intervenir afin que le transport d’ « immigrants illégaux » à Karpenisi soit empêché.
      En pleine quarantaine, un rassemblement de protestation d’habitants de Karpenisi a eu lieu, auquel ont participé le débuté de l’Eurytanie en provenance de la Nouvelle Démocratie (le parti au pouvoir) ainsi que les Maires de Karpenisi et d’Agrafa.

      Notons pourtant qu’une plainte a été déposée par Greek Helsinki Monitor contre le député de l’Eurytanie, le Maire de Karpenisi et le Maire d’Agrafa pour l’usage du terme d’ « immigrants illégaux » dans leur lettre « xénophobique » au Premier Ministre.
      Source en grec : https://www.evrytanika.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1441618:2020-04-26-18-00-40&

    • Coronavirus : 400 demandeurs d’asile transférés de l’île grecque de Lesbos sur le continent

      Des centaines de demandeurs d’asile se sont rassemblés dimanche à l’entrée du camp surpeuplé de Moria, sur l’île de Lesbos, après avoir été informés du transfert imminent de 392 personnes vers la Grèce continentale, a constaté l’AFP.

      Deux groupes de 142 et 250 personnes « vulnérables » devaient être transférés dimanche à bord de ferries de Lesbos, en mer Egée, vers le port du Pirée près d’Athènes, a-t-on appris de source policière locale.

      Il s’agit du premier transfert massif de demandeurs d’asile du camp de Moria depuis le début du confinement imposé par le gouvernement grec le 23 mars pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus.

      Le dernier transfert massif avait eu lieu le 20 mars : 600 personnes avaient alors quitté les camps des îles, avant deux groupes moins nombreux quelques jours plus tard.

      La surpopulation des camps installés sur cinq îles de la mer Egée, dont Lesbos, est un casse-tête pour le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis.

      Au total, près de 37.000 personnes vivent dans des conditions épouvantables dans ces camps, dont la capacité n’est que de 6.200 places.

      Surnommé « la jungle », le camp de Moria abrite 19.300 personnes, plus de six fois sa capacité.

      Le plan de décongestionnement des camps a connu un nouveau retard après l’apparition de la pandémie et les mesures de restriction en vigueur jusqu’à lundi.

      Outre les 392 personnes qui vont quitter Lesbos dimanche, 2.000 seront transférées graduellement dans les semaines à venir vers la Grèce continentale.

      Au cours du premier trimestre, 10.000 personnes ont quitté les îles pour le continent, a récemment indiqué le ministre des Migrations et de l’Asile, Notis Mitarachi.

      De nombreuses ONG de défense des droits de l’homme, dont Human Rights Watch, ont appelé le gouvernement grec à décongestionner « immédiatement » ces camps, craignant une crise sanitaire.

      https://www.lalibre.be/international/europe/coronavirus-400-demandeurs-d-asile-transferes-de-l-ile-grecque-de-lesbos-sur

  • Hidden infrastructures of the European border regime : the #Poros detention facility in Evros, Greece

    This blog post and the research it draws on date before the onset of the current border spectacle in Evros of February/March 2020. Obviously, the situation in Evros region has changed dramatically. Our research however underlines that the Greek state has always resorted to extra-legal methods of border and migration control in the Evros region. Particularly the violent and illegal pushback practices which have persisted for decades in Evros region have now been elevated to official government policy.

    The region of Evros at the Greek-Turkish border was the scene of many changes in the European and Greek border regimes since 2010. The most well-known was the deployment of the Frontex RABIT force in October of that year; while it concluded in 2011, Frontex has had a permanent presence in Evros ever since. In 2011, the then government introduced the ‘Integrated Program for Border Management and Combating Illegal Immigration’ (European Migration Network, 2012), which reflected EU and domestic processes of the Europeanisation of border controls (European Migration Network, 2012; Ilias et al., 2019). The program stipulated a number of measures which impacted the border regime in Evros: the construction of a 12.5km fence along the section of the Greek Turkish border which did not coincide with the Evros river (after which the region takes its name); the expansion of border surveillance technologies and capacities in the area; and the establishment of reception centres where screening procedures would be undertaken (European Migration Network, 2012; Ilias et al., 2019). In this context, one of the measures taken was the establishment of a screening centre in South Evros, near the village of Poros, 46km away from the city of Alexandroupoli – the main urban centre in the area.

    The operation of the Centre for the First Management of Illegal Immigration is documented in Greek (Ministry for Public Order and Citizen Protection, 2013a) and EU official documents (European Parliament, 2012; European Migration Network, 2013), reports by the EU’s Fundamental Rights Agency (2011), NGOs (Pro Asyl, 2012) and activists (CloseTheCamps, 2012), media articles (To Vima, 2012) and research (Düvell, 2012; Schaub, 2013) between 2011 and 2015.

    Yet, during our fieldwork in the area in 2018, none of our respondents mentioned it. Nor could we find any recent research, reports or official documents after 2015 referring to it. It was only a tip from someone we collaborate with that reminded us of the existence of the Poros facility. We found its ‘disappearance’ from public view intriguing. Through fieldwork, document analysis and queries to the Greek authorities, we constructed a genealogy of the Poros centre, from its inception in 2011 to its ambivalent present. Our findings not only highlight the shifting nature of local assemblages of the European border regime, but also raise questions on such ‘hidden’ infrastructures, and the implications of their use for the rights of the people who cross the border.

    A genealogy of Poros

    The Poros centre was originally a military facility, used for border surveillance. In 2012, it was transferred to the Hellenic Police, the civilian authority responsible for migration control and border management, and was formally designated a Centre for the First Management of Illegal Immigration, similar to the more well-known First Reception Centre in Fylakio, in North Evros. The refurbishment and expansion of the old facilities and purchase of necessary equipment were financed through the External borders fund of the European Union (Alexandroupoli Police Directorate, 2011). Visits by the European Commissioner for Home Affairs, Cecilia Malmström (To Vima, 2012), the then executive director of Frontex, Ilkka Laitinen (Ministry for Public Order and Citizen Protection, 2013b), and a delegation of the LIBE committee of the European Parliament (2012) illustrated the embeddedness of the centre in the European border regime. The Commission’s report on the implementation of the Greek National Action Plan on Migration Management and Asylum Reform specifically refers the Poros centre as a facility that could be used for screening procedures and vulnerability assessments (European Commission, 2012).

    The Poros facility was indeed used as a screening and identification centre, activities that fell under both border management and the Greek framework for reception procedures introduced in 2011. While official documents of the Greek Government suggest that the centre started operating in 2012 (Council of Europe, 2012), a media article (Alexandroupoli Online, 2011) and a report by the European Centre for Disease Prevention and Control (2011) provide evidence that it was already operational the year before, as an informal reception centre. When the centre became the main screening facility for South Evros in 2012 (European Parliament, 2012), screening, identification and debriefing procedures at the time were carried out both by Hellenic Police personnel and Frontex officers deployed in the area (Council of Europe, 2012).

    One of the very few research sources referring to Poros, a PhD thesis by Laurence Pillant (2017) provides a detailed description of the space and the activities carried out in the old wooden building and the white containers (image 3), visible in the stills from the video we took in December 2020 (image 4). A mission of Medecins sans frontiers, indicated in Pillant’s diagram, provided health screening in 2012 (European Migration Network, 2013).

    The organisation and function of the centre at the time is also documented in a number of mundane administrative acts which we located through diavgeia.gov.gr, a website storing Greek public administration decisions. Containers were bought to create space for the screening and identification procedures (Regional Police Directorate of Macedonia and Thrace, 2012). A local company was awarded contracts for the cleaning of the facilities (Regional Police Directorate of Macedonia and Thrace, 2013). The last administrative documents we were able to locate concerned the establishment of a committee of local police officers to procure services for emptying the cesspit of the centre (Regional Police Directorate of Macedonia and Thrace, 2015) – not all buildings in the area are linked to the local sewage system. This is the point when the administrative trail for Poros goes cold. No documents were found in diavgeia.gov.gr after January 2015.

    So what happened to the Poros Centre?

    After 2015, we found a mere five online references to the centre, despite extensive searches of sources such as official documents, research or reports by human rights bodies and NGOs. A 2016 newspaper article mentioned that arrested migrants were led there for screening (Ta Nea, 2016). A 2018 article in a local online news outlet mentioned a case of malaria in the village of Poros (Evros News, 2018a), while in another article (Evros News, 2018b), the president of the village council blamed a case of malaria in the village on the lack of health screening in the centre. An account of activities of the municipal council of Alexandroupoli referred to fixing an electrical fault in the centre in May 2019 (Municipality of Alexandroupoli, 2019). Τhe Global Detention Project (2019) also refers to Poros as a likely detention place.

    These sources suggested that the centre might be operational in some capacity, yet they raised more questions than they answered. If the centre has been in operation since 2015, why is there such an absence of official sources referring to it? Equally surprising was the absence of administrative acts related to the Poros centre in diavgeia.gov.gr, in contrast to all other facilities in the area where migrants are detained, such as the Fylakio Reception and Identification Centre and the pre-removal centres and police stations. It was conceivable, of course, that the centre fell into disuse. Since the deployment of Frontex and the border control measures taken under the Integrated Plan, entries through the Greek-Turkish land border decreased significantly – from 54,974 in 2011 to 3,784 in 2016 (Hellenic Police, 2020), and screening procedures were transferred to Fylakio, fully operational since 2013 (Reception and Identification Service, 2020).

    Trying to find answers to our questions, we contacted the Hellenic Police. An email we sent in January 2020 was never answered. In early February, following a series of phone calls, we obtained some answers to our questions. The police officer who answered the phone call did not seem to have heard of the centre and wanted to ask other departments for more information, as well as the First Reception and Identification Service, now responsible for screening procedures. The next day, he said it is occasionally used as a detention facility, when there is a high number of apprehended people that cannot be detained in police cells. According to the police officer, they are detained there for one or two days, until they can be transferred to the Reception and Identification Centre of Fylakio for reception procedures, or detention in the pre-removal detention centre adjacent to it. At the same time, he stated that he was told that Poros has been closed for a long time.

    This contradictory information could be down to the distance between the central police directorate in Athens and the area of Evros – it is not unlikely that local arrangements are not known in the central offices. Yet, it was also at odds both with the description of the use of the centre that our informant himself gave us – using the present tense in Greek –, with what the local media articles suggest, and with what we saw on site. Stills from the video taken during fieldwork in December 2020 suggest that the Poros centre is not disused, although no activity could be observed on the day. The cars and vans parked outside did not seem abandoned or rusting. The main building and the containers appeared to be in a good condition. A bright red cloth, maybe a canvas bag, was hanging outside one of them. The rubbish bins were full, but the black bags and other objects in them did not seem as they have been left in the open for a long time (image 4).

    The police officer also asked, however, how we had heard of Poros – a question that alerted us to both the obscure nature of the facility and the sensitivity of our query.
    A hidden infrastructure of pushbacks?

    The Poros centre, at one level, illustrates how the function of such border facilities can change over time, as the local border regime adapts and responds to migratory movements. Fylakio has become the main reception and detention centre in Evros, and between 2015 and 2017, the Aegean islands became the main point of entry into Greece and the European Union. Yet, our findings raised a lot of significant questions regarding the new function of Poros, given the increase in migratory movements in the area since 2018.

    While we obtained official confirmation that the Poros centre is now used for temporary detention and not screening, it remains the case that there are no official documents – including any administrative acts on diavgeia.gov.gr – that confirm its use as a temporary closed detention centre. Equally, we did not manage to obtain any information about how the facility is funded from the Hellenic Police. Our respondent did not know, and another departments we called did not want to share any information about the centre. It also became evident in the course of our research that most of our contacts in Greece – NGOS and journalists – had never heard of the facility or had no recent information about it. We found no evidence to suggest that Greek and European human rights bodies or NGOs which monitor detention facilities have visited the Poros centre after 2015. A mission of the Council of Europe (2019), for example, visited several detention facilities in Evros in April 2018 but the Poros centre was not listed among them. Similarly, the Fundamental Rights Officer of Frontex, in a partly joined mission with the Fundamental Rights Agency, visited detention facilities in South Evros in 2019, the operational area where the Poros centre is located. However, the centre is not mentioned in the report on that visit (Frontex, 2019).

    The dearth of information and absence of monitoring of the facility means that it is unclear whether the facility provides adequate conditions for detention. While our Hellenic police informant stated that detention there lasts for one or two days, there is no outside gate at the Poros centre, just a rather flimsy looking wire fence. Does this mean that detainees are kept inside the main building or containers the whole time they are detained there? We also do not know if detainees have access to phones, legal assistance or healthcare, which the articles in the local press suggest that is absent from the Poros centre. Equally, in the absence of inspections by human rights bodies, we are unaware of the standards of hygiene inside the facilities, or if there is sufficient food available. Administrative acts archived in diavgeia.gov.gr normally offer some answers to such questions but, as we mentioned above, we could find none. In short, it appears that Poros is used as an informal detention centre, hidden from public view.

    The obscurity surrounding the facility, in the context of the local border regime, is extremely worrying. Many NGOs and journalists have documented widespread pushback practices (Arsis et al., 2018; Greek Council for Refugees, 2018; Koçulu, 2019), evidenced through migrant testimonies (Mobile Info Team 2019) and, more recently, videos (Forensic Architecture, 2019a; 2019b). Despite denials by the Hellenic Police and the Greek government, European and international international human rights bodies (Council of Europe, 2019; Committee Against torture 2019) have accepted these testimonies as credible. We have no firm evidence that the Poros facility may be one of the many ‘informal’ detention places migrant testimonies implicated in pushbacks. Yet, the centre is located no further than two kilometres from the Greek-Turkish border, and the layout of the area is similar to the location of a pushback captured on camera and analysed by Forensic Architecture (2019a): near a dirt road with direct access to the Evros River. Black cars and white vans (images 5 and 6), without police insignia and some without number plates, such as those in the Poros centre, have been mentioned in testimonies of pushbacks (Arsis et al., 2018). Objects looking like inflatable boats are visible in our video stills. While there might be other explanations for their presence (used for patrolling the river or confiscated from migrants crossing the river) they are also used during pushbacks operations, and their presence in a detention centre seems odd.

    These uncertainties, and the tendency of security bodies to avoid revealing information on spaces of detention, are not unusual. However, the obscurity surrounding the Poros centre, located in an area of the European border where detention have long attracted criticism and there is considerable evidence of illegal and violent border control practices, should be a concern for all.

    https://www.respondmigration.com/blog-1/border-regime-poros-detention-facility-evros-greece
    #Evros #détention #rétention #détention_administrative #Grèce #refoulement #push-back #push-backs #invisibilité #invisibilisation #Centre_for_the_First_Management_of_Illegal_Immigration #Fylakio #Frontex

    Ce centre, selon ce que le chercheur·es écrivent, est ouvert depuis 2012... or... pas entendu parler de lui avec @albertocampiphoto quand on a été sur place... alors qu’on a vraiment sillonnée la (relativement petite) région pendant 1 mois !

    Donc pas mention de ce centre dans la #carte qu’on a publiée notamment sur @visionscarto :


    https://visionscarto.net/evros-mur-inutile

    ping @reka @karine4

    • En fait, en regardant mieux « notre » carte je me rends compte que peut-être le centre que nous avons identifié comme « #Feres » est en réalité le centre que les auteur·es appellent Poros... les deux localités sont à moins de 5 km l’une de l’autre.
      J’ai écrit aux auteur·es...

      Réponse de Bernd Kasparek, 12.03.2020 :

      Since we have been in front of Poros detention centre, we are certain that it is a distinct entity from the Feres police station, which, as you rightly observe, is also often implicated in reports about push-backs.

      Réponse de Lena Karamanidou le 13.03.2020 :

      Feres is located here: https://goo.gl/maps/gQn15Hdfwo4f3cno6​ , and it’s a much more modern facility (see photo, complete with ubiquitous military van!). However, ​I’m not entirely certain when the new Feres station was built - I think there was an older police station, but then both police and border guard functions were transfered to the new building. Something for me to check in obscure news items and databases!

    • ‘We Are Like Animals’ : Inside Greece’s Secret Site for Migrants

      The extrajudicial center is one of several tactics Greece is using to prevent a repeat of the 2015 migration crisis.


      The Greek government is detaining migrants incommunicado at a secret extrajudicial location before expelling them to Turkey without due process, one of several hard-line measures taken to seal the borders to Europe that experts say violate international law.

      Several migrants said in interviews that they had been captured, stripped of their belongings, beaten and expelled from Greece without being given a chance to claim asylum or speak to a lawyer, in an illegal process known as refoulement. Meanwhile, Turkish officials said that at least three migrants had been shot and killed while trying to enter Greece in the past two weeks.

      The Greek approach is the starkest example of European efforts to prevent a reprise of the 2015 migration crisis in which more than 850,000 undocumented people passed relatively easily through Greece to other parts of Europe, roiling the Continent’s politics and fueling the rise of the far right.

      If thousands more refugees reach Greece, Greek officials fear being left to care for them for years, with little support from other members in the European Union, exacerbating social tensions and further fraying a strained economy. Tens of thousands of migrants already live in squalor on several Greek islands, and many Greeks feel they have been left to shoulder a burden created by wider European indifference.

      The Greek government has defended its actions as a legitimate response to recent provocations by the Turkish authorities, who have transported thousands of migrants to the Greek-Turkish border since late February and have encouraged some to charge and dismantle a border fence.

      The Greek authorities have denied reports of deaths along the border. A spokesman for the Greek government, Stelios Petsas, did not comment on the existence of the site, but said that Greece detained and expelled migrants in accordance with local law. An act passed March 3, by presidential decree, suspended asylum applications for a month and allowed immediate deportations.

      But through a combination of on-the-ground reporting and forensic analysis of satellite imagery, The Times has confirmed the existence of the secret center in northeastern Greece.

      Presented with diagrams of the site and a description of its operations, François Crépeau, a former U.N. Special Rapporteur on the human rights of migrants, said it was the equivalent of a domestic “black site,” since detainees are kept in secret and without access to legal recourse.

      Using footage supplied to several media outlets, The Times has also established that the Greek Coast Guard, nominally a lifesaving institution, fired shots in the direction of migrants onboard a dinghy that was trying to reach Greek shores early this month, beat them with sticks and sought to repel them by driving past them at high speed, risking tipping them into water.

      Forensic analysis of videos provided by witnesses also confirmed the death of at least one person — a Syrian factory worker — after he was shot on the Greek-Turkish border.
      A Secret Site

      When Turkish officials began to bus migrants to the Greek border on Feb. 28, a Syrian Kurd named Somar al-Hussein had a seat on one of the first coaches.

      Turkey already hosts more refugees than any other country — over four million, mostly Syrians — and fears that it may be forced to admit another million because of a recent surge in fighting in northern Syria. To alleviate this pressure, and to force Europe to do more to help, it has weaponized refugees like Mr. al-Hussein by shunting them toward the Continent.

      Mr. al-Hussein, a trainee software engineer, spent that night in the rain on the bank of the Evros River, which divides western Turkey from eastern Greece. Early the next morning, he reached the Greek side in a rubber dinghy packed with other migrants.

      But his journey ended an hour later, he said in a recent interview. Captured by Greek border guards, he said, he and his group were taken to a detention site. Following the group’s journey on his mobile phone, he determined that the site was a few hundred yards east of the border village of Poros.

      The site consisted principally of three red-roofed warehouses set back from a farm road and arranged in a U-shape. Hundreds of other captured migrants waited outside. Mr. al-Hussein was taken indoors and crammed into a room with dozens of others.

      His phone was confiscated to prevent him from making calls, he said, and his requests to claim asylum and contact United Nations officials were ignored.

      “To them, we are like animals,” Mr. al-Hussein said of the Greek guards.

      After a night without food or drink, on March 1 Mr. al-Hussein and dozens of others were driven back to the Evros River, where Greek police officers ferried them back to the Turkish side in a small speedboat.

      Mr. al-Hussein was one of several migrants to provide similar accounts of extrajudicial detentions and expulsions, but his testimony was the most detailed.

      By cross-referencing drawings, descriptions and satellite coordinates that he provided, The Times was able to locate the detention center — in farmland between Poros and the river.

      A former Greek official familiar with police operations confirmed the existence of the site, which is not classified as a detention facility but is used informally during times of high migration flows.

      On Friday, three Times journalists were stopped at a roadblock near the site by uniformed police officers and masked special forces officers.

      The site’s existence was also later confirmed by Respond, a Sweden-based research group.

      Mr. Crépeau, now a professor of international law at McGill University, said the center represented a violation of the right to seek asylum and “the prohibition of cruel, inhuman and degrading treatment, and of European Union law.”
      Violence at Sea

      Hundreds of miles to the south, in the straits of the Aegean Sea between the Turkish mainland and an archipelago of Greek islands, the Greek Coast Guard is also using force.

      On March 2, a Coast Guard ship violently repelled an inflatable dinghy packed with migrants, in an incident that Turkish officials captured on video, which they then distributed to the press.

      The footage shows the Coast Guard vessel and an unmarked speedboat circling the dinghy. A gunman on one boat shot at least twice into waters by the dinghy, with what appeared to be a rifle, before men from both vessels shoved and struck the dinghy with long black batons.

      It is not clear from the footage whether the man was firing live or non-lethal rounds.

      Mr. Petsas, the government spokesman, did not deny the incident, but said the Coast Guard did not fire live rounds.

      The larger Greek boat also sought to tip the migrants into the water by driving past them at high speed.
      Forensic analysis by The Times shows that the incident took place near the island of Kos after the migrants had clearly entered Greek waters.

      “The action of Greek Coast Guard ships trying to destabilize the refugees’ fragile dinghies, thus putting at risk the life and security of their passengers, is also a violation,” said Mr. Crépeau, the former United Nations official.
      A Killing on Land

      The most contested incident concerns the lethal shooting of Mohammed Yaarub, a 22-year-old Syrian from Aleppo who tried to cross Greece’s northern land border with Turkey last week.

      The Greek government has dismissed his death as “fake news” and denied that anyone has died at the border during the past week.

      An analysis of videos, coupled with interviews with witnesses, confirmed that Mr. Yaarub was killed on the morning of March 2 on the western bank of the Evros River.

      Mr. Yaarub had lived in Turkey for five years, working at a shoe factory, according to Ali Kamal, a friend who was traveling with him. The two friends crossed the Evros on the night of March 1 and camped with a large group of migrants on the western bank of the river.

      By a cartographical quirk, they were still in Turkey: Although the river mostly serves as the border between the two countries, this small patch of land is one of the few parts of the western bank that belongs to Turkey rather than Greece.

      Mr. Kamal last saw his friend alive around 7:30 a.m. the next morning, when the group began walking to the border. The two men were separated, and soon Greek security forces blocked them, according to another Syrian man who filmed the aftermath of the incident and was later interviewed by The Times. He asked to remain anonymous because he feared retribution.

      During the confrontation, Mr. Yaarub began speaking to the men who were blocking their path and held up a white shirt, saying that he came in peace, the Syrian man said.

      Shortly afterward, Mr. Yaarub was shot.

      There is no known video of the moment of impact, but several videos captured his motionless body being carried away from the Greek border and toward the river.

      Several migrants who were with Mr. Yaarub at the time of his death said a Greek security officer had shot him.

      Using video metadata and analyzing the position of the sun, The Times confirmed that he was shot around 8:30 a.m., matching a conclusion reached by Forensic Architecture, an investigative research group.

      Video shows that it took other migrants about five minutes to ferry Mr. Yaarub’s body back across the river and to a car. He was then taken to an ambulance and later a Turkish hospital.

      An analysis of other footage shot elsewhere on the border showed that Greek security forces used lethal and non-lethal ammunition in other incidents that day, likely fired from a mix of semiautomatic and assault rifles.
      E.U. Support for Greece

      Mr. Petsas, the government spokesman, defended Greece’s tough actions as a reasonable response to “an asymmetrical and hybrid attack coming from a foreign country.”

      Besides ferrying migrants to the border, the Turkish police also fired tear-gas canisters in the direction of Greek security forces and stood by as migrants dismantled part of a border fence, footage filmed by a Times journalist showed.

      Before this evidence of violence and secrecy had surfaced, Greece won praise from leaders of the European Union, who visited the border on March 3.

      “We want to express our support for all you did with your security services for the last days,” said Charles Michel, the president of the European Council, the bloc’s top decision-making body.

      The European Commission, the bloc’s administrative branch, said that it was “not in a position to confirm or deny” The Times’s findings, and called on the Greek justice system to investigate.

      https://www.nytimes.com/2020/03/10/world/europe/greece-migrants-secret-site.html

      https://www.nytimes.com/2020/03/10/world/europe/greece-migrants-secret-site.html

      #Mohammed_Yaarub #décès #mourir_aux_frontières

    • Grécia nega existência de centro de detenção “secreto” onde os migrantes são tratados “como animais”

      New York Times citou vários migrantes que dizem ter sido roubados e agredidos pelos guardas fronteiriços, antes de deportados para a Turquia. Erdogan compara gregos aos nazis.

      Primeiro recusou comentar, mas pouco mais de 24 horas depois o Governo da Grécia refutou totalmente a notícia do New York Times. Foi esta a sequência espaçada da reacção de Atenas ao artigo do jornal norte-americano, publicado na terça-feira, que deu conta da existência de um centro de detenção “secreto”, perto da localidade fronteiriça de Poros, onde muitos dos milhares de migrantes que vieram da Turquia, nos últimos dias, dizem ter sido roubados, despidos e agredidos, impedidos de requerer asilo ou de contactar um advogado, e deportados, logo de seguida, pelos guardas fronteiriços gregos.
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      “Para eles somos como animais”, acusou Somar al-Hussein, sírio, um dos migrantes entrevistados pelo diário nova-iorquino, que entrou na Grécia através do rio Evros e que diz ter sido alvo de tratamento abusivo no centro de detenção “secreto”.

      “Não há nenhum centro de detenção secreto na Grécia”, garantiu, no entanto, esta quarta-feira, Stelios Petsas, porta-voz do executivo grego. “Todas as questões relacionadas com a protecção e a segurança das fronteiras são transparentes. A Constituição está a ser aplicada e não há nada de secreto”, insistiu.

      Com jornalistas no terreno, impedidos de entrar no local por soldados gregos, o New York Times entrevistou diversos migrantes que dizem ter sido ali alvo de tratamento desumano, analisou imagens de satélite, informou-se junto de um centro de estudos sueco sobre migrações que opera na zona e falou com um antigo funcionário grego familiarizado com as operações policiais fronteiriças. Informação que diz ter-lhe permitido confirmar a existência do centro.

      https://www.publico.pt/2020/03/11/mundo/noticia/grecia-nega-existencia-centro-detencao-secreto-onde-migrantes-sao-tratados-a

      #paywall

    • Greece : Rights watchdogs report spike in violent push-backs on border with Turkey

      A Balkans-based network of human rights organizations says that the number of migrants pushed back from Greece into Turkey has spiked in recent weeks. The migrants allegedly reported beatings and violent collective expulsions from inland detention spaces to Turkey on boats across the Evros River.

      Greek officers “forcefully pushed [people] in the van while the policemen were kicking them with their legs and shouting at them.” Then, the migrants were detained, forced to sign untranslated documents and pushed back across the Evros River at night. Over the next few days, Turkish authorities returned them to Greece, but then they were pushed back again.

      This account from 50 Afghans, Pakistanis, Syrians and Algerians aged between 15 and 35 years near the town of Edirne at the Greek-Turkish border was one of at least seven accounts a network of Balkans-based human rights watchdogs says it received from refugees over the course of six weeks, between March and late April.

      The collection of reports (https://www.borderviolence.eu/press-release-documented-pushbacks-from-centres-on-the-greek-mainland), published last week by the Border Violence Monitoring Network (BVMN), with help from its members Mobile Info Team (MIT) and Wave Thessaloniki, consists of “first-hand testimonies and photographic evidence” which the network says shows “violent collective expulsions” of migrants and refugees. According to the network, the number of individuals who were pushed back in groups amount to 194 people.
      https://twitter.com/mobileinfoteam/status/1257632384348020737?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E12

      Without exception, according to the report, all accounts come from people staying in the refugee camp in Diavata and the Drama Paranesti pre-removal detention center. They included Afghans, Pakistanis, Algerians and Moroccans, as well as Bangladeshi, Tunisian and Syrian nationals.

      In the case of Diavata, according to the report, migrants said police took them away, telling them they would receive a document known as “Khartia” to regularize their stay temporarily. The Diavata camp is located near the northern Greek city of Thessaloniki.

      Instead, the migrants were “beaten, robbed and detained before being driven to the border area where military personnel used boats to return them to Turkey across the Evros River,” they said. Another large group reported that they were taken from detention in Drama Paranesti, also located in northern Greece, some 80 kilometers from the border with Turkey, and expelled in the same way.

      While such push-backs from Greece into Turkey are not new, the network of NGOs says the latest incidents are somewhat different: “Rarely have groups been removed from inner-city camps halfway across the territory or at such a scale from inland detention spaces,” Simon Campbell of the Border Violence Monitoring Network told InfoMigrants.

      “Within the existing closure of the Greek asylum office and restriction measures due to COVID-19, the repression of asylum seekers and wider transit community looks to have reached a zenith in these cases,” Campbell said.

      Although Greece last month lifted a controversial temporary ban on asylum applications imposed in response to an influx of refugees from Turkey, all administrative services to the public by the Greek Asylum Service were suspended on March 13.

      The suspension, which the Asylum Service said serves to “control the spread of COVID-19” pandemic, will continue at least through May 15.

      https://twitter.com/GreekAsylum/status/1248651007489433600?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E12

      Reports of violence and torture

      The accounts in the report by the network of NGOs describe a range of violent actions toward migrants, from electricity tasers and water immersion to beatings with batons.

      According to one account, some 50 people were taken from Diavata camp to a nearby police station, where they were ordered to lie on the ground and told to “sleep here, don’t move.” Then they were beaten with batons, while others were attacked with tasers.

      They were held overnight in a detention space near the border, and beaten further by Greek military officers. The next day, they were boated across the river to Turkey by authorities with ’military uniform, masks, guns, electric [taser].’"

      Another group reported that they were “unloaded in the dark” next to the Evros River and “ordered to strip to their underwear.” Greek authorities allegedly used batons and their fists to hit some members of the group.

      Alexandra Bogos, advocacy officer with the Mobile Info Team, told InfoMigrants they were concerned about the “leeway afforded for these push-backs from the inner mainland to take place.”

      Bogos said they reached out to police departments after they learned about the arrests, but police felt “unencumbered” and continued transporting the people to the Greek-Turkish border. “On one occasion, we reached out and asked specifically for information about one individual. The answer was: ’He does not appear in our system’,” Bogos said.

      https://twitter.com/juliahahntv/status/1246165904406261773?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E12

      An Amnesty report (https://www.amnesty.org/en/documents/eur01/2077/2020/en) from April about unlawful push-backs, beatings and arbitrary detention echoes the accusations in the report by the network of NGOs.

      History of forcible rejections

      Over the past three years, violent push-backs have been documented in several reports. Last November, German news magazine Spiegel reported that between 2017 and 2018 Greece illegally deported 60,000 migrants to Turkey. The process involved returning asylum seekers without assessing their status. Greece dismissed the accusations.

      In 2018, the Greek Refugee Council and other NGOs published a report containing testimonies from people who said they had been beaten, sometimes by masked men, and sent back to Turkey (https://www.gcr.gr/en/news/press-releases-announcements/item/1028-the-new-normality-continuous-push-backs-of-third-country-nationals-on-the-e).

      UN refugee agency UNHCR and the European Human Rights Commissioner called on Greece to investigate the claims. In late 2018, another report by Human Rights Watch (HRW), also based on testimonies of migrants, said that violent push-backs were continuing (https://www.hrw.org/news/2018/12/18/greece-violent-pushbacks-turkey-border).

      It is often unclear who is carrying out the push-backs because they often wear masks and cannot be easily identified. In the HRW report, they are described as paramilitaries. Eyewitnesses interviewed by HRW said the perpetrators “looked like police officers or soldiers, as well as some unidentified masked men.”

      Simon Campbell of the Border Violence Monitoring Network said the reports he receives also regularly describe “military uniforms,” which “suggests it is the Greek army carrying out the push-backs,” he told InfoMigrants.

      Last week, the Spiegel published an investigation into the killing of Pakistani Muhammad Gulzar (https://www.spiegel.de/international/europe/greek-turkish-border-the-killing-of-muhammad-gulzar-a-7652ff68-8959-4e0d-910), who was shot at the Greek-Turkish border on March 4. “Evidence overwhelmingly suggests that the bullet came from a Greek firearm,” the authors wrote.

      Violations of EU and international law

      Push-backs are prohibited by Greek and EU law as well as international treaties and agreements. They also violate the principle of non-refoulement, which means the forcible return of a person to a country where they are likely to be subject to persecution.

      In March, Jürgen Bast, professor for European law at the University of Gießen in Germany, called the action of Greek security forces an “open breach of the law” on German TV magazine Monitor.

      Greece is not the only country accused of violating EU laws at the bloc’s external border: On top of the 100 additional border guards the European border and coast guard agency Frontex deployed to the Greek border with Turkey in March, Germany sent 77 police officers to help with border security.
      Professor Bast called Berlin’s involvement a “complete political joint responsibility” of the German government. “All member states of the European Union...including the Commission...have decided to ignore the validity of European law,” he told Monitor.

      In response to a request for comment from InfoMigrants, a spokesperson for EU border and coast guard agency Frontex would confirm neither the reports by the three NGOs nor the existence of systematic push-backs from Greece to Turkey.

      “Frontex has not received any reports of such violations from the officers involved in its activities in Greece,” the spokesperson said, adding that its officers’ job is to “support member states and to ensure the rule of law.”

      Coronavirus used as a pretext?

      On the afternoon of May 5, as the network of NGOs published their report on push-backs, police reportedly rounded up 26-year-old Pakistani national Sheraz Khan outside the Diavata refugee camp. After sending the Mobile Info Team (MIT) a message telling them “Police caught us,” he tried calling the NGO twice, but the connection failed both times.

      MIT’s Alexandra Bogos told InfoMigrants that Khan has not been heard of since and he has not returned to the camp. “We have strong reasons to believe that he may have been pushed back to Turkey,” Bogos said.

      A day later, the police arrived in the morning and “started removing tents and structures set up in an overflow area” outside the Diavata camp.

      Simon Campbell of the Border Violence Monitoring Network said the restrictive measures taken as a response to the coronavirus pandemic have been used to remove those who have crossed the border.

      “COVID-19 has been giving the Greek authorities a blank cheque to act with more impunity,” Campbell told InfoMigrants. “When Covid-19 restrictions lift, will we have already seen this more expansive push-back practice entrenched, and will it persist beyond the lockdown?”

      https://www.infomigrants.net/en/post/24620/greece-rights-watchdogs-report-spike-in-violent-push-backs-on-border-w

    • Spaces of Detention at the Greek-Turkish Land Border

      Guest post by Lena Karamanidou, Bernd Kasparek and Simon Campbell. Lena Karamanidou is a researcher at the Department of Economics and Law, Glasgow Caledonian University. Her recent work has focused on the EU border agency Frontex, pushbacks and border violence at the Greek-Turkish land border. Simon Campbell is a field coordinator with the Border Violence Monitoring Network, a collective of organisations and initiatives based in South Eastern Europe documenting pushbacks and violence within state borders. Bernd Kasparek is an undisciplined cultural anthropologist, with a focus on migration and border studies, europeanisation, racism and (digital) infrastructures. His book “Europa als Grenze” (Europe as Border), an ethnography of the European border agency Frontex is forthcoming in Summer 2021.

      The local coach from Alexandroupoli to Orestiada, the two largest towns in Evros, the region of the Greek-Turkish border, passes outside two border guard stations: Tychero and Neo Cheimonio [images 1 & 2]. Their function as detention spaces is barely discernible from the road; without the Hellenic police signs and vehicles outside, the Tychero border guard station could be mistaken for the wheat warehouse it once was. The train between the two cities, though, passes behind the Tychero facility; from there you can see a gated structure at the back of the station, resembling prison railings, which may have been used as a kind of ‘outside space’ for detainees. Reports by the Committee for the Prevention of Torture (CPT) and the Greek Council for Refugees criticised the absence of outside space and conditions of detention (described sarcastically as ‘best of the best’ by a police officer interviewed by one of the authors in 2011).

      Although the Greek government announced the closure of the Tychero station in 2013, after several critical reports on conditions of detention there, it continued to be used as a detention space. While detention facilities may be perceived as stable, permanent or at least long-term structures at the core of European border regimes, their histories in Evros suggest temporal, spatial and functional disruptions. The creation of detention facilities since the 1990s appeared to be ad hoc, reflecting the increasing significance of the area as a key entry point to the European Union and the Europeanisation of border management both nationally and locally.

      Spaces for detention were created out of existing facilities such as cells in local police stations and in border guard stations. The latter were established in 1999 - some of which are housed together with police stations, like in the towns of Feres [image 3] and Soufli, and others in separate facilities as in the villages of Tychero, Isaakio and Neo Cheimonio. While it is difficult to find specific information on their history, some detention facilities emerged early in the 2000s, for example in the village of Venna in the Rhodopi prefecture near the boundary with Evros. The Fylakio facility [image 4] was established as a detention centre in 2007 before being renamed a pre-removal centre following legal reforms in 2012. Yet, detention capacity in the area never quite met the needs imposed by the extensive use of detention as an instrument of control. Until the early 2010s, ad hoc, makeshift structures and centres were used at different times in Feres and at the villages of Dikaia, Vrissika [image 5], Elafochori [image 6] and Peplos – all now closed, as well as the one in Venna. The #Venna, #Peplos, #Vrissika, #Elafochori and #Tychero facilities, as well as the temporary Feres structure referred to in the 1999 CPT report, were all repurposed wheat warehouses, formerly property of a state agricultural agency closed down in the early 1990s.

      The facilities mentioned above are official ones. Their function can be traced in official documents – Greek, European and international - as well as in reports by NGOs and human rights organisations and research. However, they are not the only spaces where people may be detained in the area. One example of a ‘quasi-official’ place is the detention facility in Poros [image 7]. Originally a military structure that was converted into a ‘reception’ facility where screening, identification and debriefing procedures took place in 2012, by the late 2010s the centre had fallen into obscurity. From 2015 until 2020, there was little evidence of its use other than a few administrative documents and media reports, and it is unclear when its function switched from a reception to a detention facility. It was only in 2020, through research, investigations and journalism that the Poros facility became ‘known’ again, coinciding with the border spectacle in Evros that year. The government denied that the facility was ‘secret’ – ‘if the New York Times know about it, then I don’t see how such a detention centre can be a secret’, stated the government spokesman. Yet, the CPT described the facility as ‘semi-official’ and supported claims that it was used as a holding facility prior to pushbacks, given ‘the complete absence of any registration of detention’.

      To date, Poros is probably the only facility whose use as a ‘hidden’ detention centre was revealed . Testimonial evidence collected by NGOs and research organisations (for example here, here and here) suggests that detention in informal facilities prior to pushbacks may be a common practice in the area. These sites are used to hold groups captured within the footfall area of the border, but also to receive detainees transferred from across the Greek interior, from urban areas, police stations, and pre-removal detention facilities. Their aggregate role in pooling people-on-the-move prior to pushbacks to Turkey is also intimated by their bare functional layout [image 8]. Several testimonies of people who have been pushed back from Evros to Turkey refer to detention in buildings that did not appear to be police or border guard stations, and were not properly equipped with toilets, running water or beds. The holding cells recounted in these testimonies were composed of fenced yards, portacabins, warehouses, garages, and even animal pens:

      “the room did not look like a normal prison or police station but more like a stable”

      “They drove us to an old room close to the river. It was a stable. It didn’t have a proper floor, but dirt”.

      This unofficial repurposing of agrarian or semi-industrial outbuildings for detention in some senses mirrors the improvised architecture Greek authorities used to expand its official sites in Evros from the 90s onwards. Yet without the formal authorisation, nor the visual signifiers demarcating these sites, the web of new – and possibly old - unofficial detention centres are extremely difficult to locate. People detained there often do not know the exact location because of the way they are transported. Speaking to people who had likely been detained in Tychero, testimonies published by the Border Violence Monitoring Network described how “since the vehicle had no windows, the respondent could not see the building from the outside.” For researchers and investigators, geolocating these sites has become a near impossible task, not only because of the secrecy that characterises the practices of pushbacks and the risks of in situ research, but also because of multiple potential locations and a large number of buildings that could serve as informal detention facilities.

      Detention in Greece has been a core technique for governing migration, reflecting policies of illegalisation and criminalising unauthorised entry, even if deportations, which provided one of the key reasons for detention, were not feasible. However, the linkages between detention and pushbacks at the Greek – Turkish border illustrate how the governance of borders relies on assemblages of both formal and informal practices and infrastructures. The proliferation of these structures, often concealed by their benign outward appearance as farm buildings, fits in with the dispersed geography of pushbacks - and the way detention is increasingly serving as a temporal stage within the execution of violent removals.

      https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2021/05/spaces-detention

  • En #Libye, les oubliés

    #Michaël_Neuman a passé une dizaine de jours en Libye, auprès des équipes de Médecins Sans Frontières qui travaillent notamment dans des #centres_de_détention pour migrants. De son séjour, il ramène les impressions suivantes qui illustrent le caractère lugubre de la situation des personnes qui y sont retenues, pour des mois, des années, et celle plus difficile encore de toutes celles sujets aux #enlèvements et aux #tortures.

    La saison est aux départs. Les embarcations de fortune prennent la mer à un rythme soutenu transportant à leur bord hommes, femmes et enfants. Depuis le début de l’année, 2300 personnes sont parvenues en Europe, plus de 2000 ont été interceptées et ramenées en Libye, par les garde-côtes, formés et financés par les Européens. Les uns avaient dès leur départ le projet de rejoindre l’Europe, les autres ont fait ce choix après avoir échoué dans les réseaux de trafic d’êtres humains, soumis aux tortures et privations. Les trajectoires se mêlent, les raisons des départs des pays d’origine ne sont souvent pas univoques. En ce mois de février 2020, ils sont nombreux à tenter leur chance. Ils partent de Tripoli, de Khoms, de Sabrata… villes où se mêlent conflits, intérêts d’affaires, tribaux, semblants d’Etat faisant mine de fonctionner, corruption. Les Libyens ne sont pas épargnés par le désordre ou les épisodes de guerre. Pourtant, ce sont les apparences de vie normale qui frappent le visiteur. Les marchés de fruits et légumes, comme les bouchons qui encombrent les rues de Tripoli en témoignent  : la ville a gonflé au rythme des arrivées de déplacés originaires des quartiers touchés par la guerre d’attrition dont le pays est le théâtre entre le gouvernement intérimaire libyen qui règne encore sur Tripoli et une partie du littoral ouest et le LNA, du Maréchal Haftar, qui contrôle une grande partie du pays. Puissances internationales – Italie, France, Russie, Turquie, Emirats Arabes Unis – sont rentrées progressivement dans le jeu, transformant la Libye en poudrière dont chaque coup de semonce de l’un des belligérants semble annoncer une prochaine déflagration d’ampleur. Erdogan et Poutine se faisant face, le pouls du conflit se prend aujourd’hui autant à Idlib en Syrie qu’à Tripoli.

    C’est dans ce pays en guerre que l’Union européenne déploie sa politique de soutien aux interceptions et aux retours des ‘migrants’. Tout y passe  : financement et formation des gardes côtes-libyens, délégation du sauvetage aux navires commerciaux, intimidation des bateaux de sauvetage des ONG, suspension de l’Opération Sophia. Mais rien n’y fait  : ni les bombardements sur le port et l’aéroport de Tripoli, ni les tirs de roquettes sur des centres de détention situés à proximité d’installation militaire, pas davantage que les témoignages produits sur les exécrables conditions de vie qui prévalent dans les centres de détention, les détournements de financements internationaux, ou sur la précarité extrême des migrants résidant en ville n’ébranlent les certitudes européennes. L’hypocrisie règne  : l’Union européenne affirme être contre la détention tout en la nourrissant par l’entretien du dispositif libyen d’interception  ; le Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés condamne les interceptions sans jamais évoquer la responsabilité des Européens.

    Onze centres de détention sont placés sous la responsabilité de la Direction chargée de l’immigration irrégulière libyenne (la DCIM). La liste évolue régulièrement sans que l’on sache toujours pourquoi, ni si la disparition d’un centre signifie véritablement qu’il a été vidé de ses détenus, ou qu’ils y résident encore sous un régime informel et sans doute plus violent encore. Une fois dans ces centres, les détenus ne savent jamais quand ils pourront en sortir  : certains s’en échappent, d’autres parviennent à acheter leur sortie, beaucoup y pourrissent des mois voire des années. L’attente y est physiquement et psychologiquement dévastatrice. C’est ainsi le lot des détenus de Dar El Jebel, près de Zintan, au cœur des montagnes Nafusa, loin et oubliés de tous : la plupart, des Erythréens, y sont depuis deux ans, parfois plus.

    La nourriture est insuffisante, les cellules, d’où les migrants ne sortent parfois que très peu, sont sombres et très froides ou très chaudes. Les journées sont parfois rythmées par les cliquetis des serrures et des barreaux. Dans la nuit du samedi 29 février au dimanche 1er mars 2020, une dizaine de jours après mon retour, un incendie sans doute accidentel à l’intérieur du centre de détention de Dar El Jebel a coûté la vie à un jeune homme érythréen.

    Nous pouvons certes témoigner que le travail entamé dans ces centres, l’attention portée à l’amélioration des conditions de vie, les consultations médicales, l’apport de compléments alimentaires, mais aussi et peut-être surtout la présence physique, visible, régulière ont contribué à les humaniser, voire à y limiter la violence qui s’y déploie. Pour autant, nous savons que tout gain est précaire, susceptible d’être mis à mal par un changement d’équilibre local, la rotation des gardes, la confiance qui se gagne et se perd, les services que nous rendons. Il n’est pas rare que les directeurs de centre expliquent que femmes et enfants n’ont rien à faire dans ces endroits, pas rare non plus qu’ils infligent des punitions sévères à ceux qui auraient tenté de s’échapper  ; certains affament leurs détenus, d’autres les libèrent lorsque la compagnie chargée de fournir les repas interrompt ses services faute de voir ses factures réglées. Il est probable que si les portes de certains centres de détention venaient à s’ouvrir, nombreux sont des détenus qui décideraient d’y rester, préférant à l’incertitude de l’extérieur leur précarité connue. Cela, beaucoup le disent à nos équipes. Dans ce pays fragmenté, les dynamiques et enjeux politiques locaux l’emportent. Ce qu’on apprend vite, en Libye, c’est l’impossibilité de généraliser les situations.

    Nous savons aussi que nous n’avons aucune vocation à devenir le service de santé d’un système de détention arbitraire  : il faut que ces gens sortent. Des hommes le plus souvent, mais aussi des femmes et des enfants, parfois tout petits, parfois nés en détention, parfois nés de viols. L’exposition à la violence, la perméabilité aux milices, aux trafiquants, la possibilité pour les détenus de travailler et de gagner un peu d’argent varient considérablement d’un centre à l’autre. Il en est aussi de leur accès pour les organisations humanitaires.

    Mais nous savons surtout que les centres de détention officiels n’abritent que 2000, 3000 des migrants en danger présents en Libye. Et les autres alors  ? Beaucoup travaillent, et assument une précarité qui est le lot, bien sûr à des degrés divers, de nombreux immigrés dans le monde, de Dubaï à Paris, de Khartoum à Bogota. Mais quelques dizaines de milliers d’autres, soit par malchance, soit parce qu’ils n’ont aucun projet de vie en Libye et recourent massivement aux services peu fiables de trafiquants risquent gros  : les enlèvements bien sûr, kidnappings contre rançons qui s’accompagnent de tortures et de sévices. Certains de ces «  migrants  », entre 45 000 et 50 000, sont reconnus «  réfugiés ou des demandeurs d’asiles  » par le Haut-Commissariat pour les réfugiés : ils sont Erythréens, Soudanais, Somaliens pour la plupart. De très nombreux autres, migrants économiques dit-on, sont Nigérians, Maliens, Marocains, Guinéens, Bangladeshis, etc. Ils sont plus seuls encore.

    Pour les premiers, un maigre espoir de relocalisation subsiste  : l’année dernière, le HCR fut en mesure d’organiser le départ de 2400 personnes vers le Niger et le Rwanda, où elles ont été placées encore quelques mois en situation d’attente avant qu’un pays, le plus souvent européen, les accepte. A ce rythme donc, il faudrait 20 ans pour les évacuer en totalité – et c’est sans compter les arrivées nouvelles. D’autant plus que le programme de ‘réinstallation’ cible en priorité les personnes identifiées comme vulnérables, à savoir femmes, enfants, malades. Les hommes adultes, seuls – la grande majorité des Erythréens par exemple – ont peu de chance de faire partie des rares personnes sélectionnées. Or très lourdement endettés et craignant légitimement pour leur sécurité dans leur pays d’origine, ils ne rentreront en aucun cas ; ayant perdu l’espoir que le Haut-Commissariat pour les réfugiés les fassent sortir de là, leur seule perspective réside dans une dangereuse et improbable traversée de la Méditerranée.

    Faute de lieux protégés, lorsqu’ils sont extraits des centres de détention par le HCR, ils sont envoyés en ville, à Tripoli surtout, devenant des ‘réfugiés urbains’ bénéficiant d’un paquet d’aide minimal, délivré en une fois et dont on peine à voir la protection qu’il garantit à qui que ce soit. Dans ces lieux, les migrants restent à la merci des trafiquants et des violences, comme ce fut le cas pour deux Erythréens en janvier dernier. Ceux-là avaient pourtant et pour un temps, été placés sous la protection du HCR au sein du Gathering and Departure Facility. Fin 2018, le HCR avait obtenu l’ouverture à Tripoli de ce centre cogéré avec les autorités libyennes et initialement destiné à faciliter l’évacuation des demandeurs d’asiles vers des pays tiers. Prévu à l’origine pour accueillir 1000 personnes, il n’aura pas résisté plus d’un an au conflit qui a embrasé la capitale en avril 2019 et à la proximité de milices combattantes.

    D’ailleurs, certains d’entre eux préfèrent la certitude de la précarité des centres de détention à l’incertitude plus inquiétante encore de la résidence en milieu ouvert  : c’est ainsi qu’à intervalles réguliers, nous sommes témoins de ces retours. En janvier, quatre femmes somalies, sommées de libérer le GDF en janvier, ont fait le choix de rejoindre en taxi leurs maris détenus à Dar El Jebel, dont elles avaient été séparées par le HCR qui ne reconnaissaient pas la légalité des couples. Les promesses d’évacuation étant virtuelles, elles sont en plus confrontées à une absurdité supplémentaire  : une personne enregistrée par le HCR ne pourra bénéficier du système de rapatriement volontaire de l’Organisation Internationale des Migrations quand bien même elle le souhaiterait.

    Pour les seconds, non protégés par le HCR, l’horizon n’est pas plus lumineux : d’accès à l’Europe, il ne peut en être question qu’au prix, là encore, d’une dangereuse traversée. L’alternative est le retour au pays, promue et organisée par l’Organisation internationale des Migrations et vécue comme une défaite souvent indépassable. De tels retours, l’OIM en a organisé plus de 40 000 depuis 2016. En 2020, ils seront probablement environ 10 000 à saisir l’occasion d’un «  départ volontaire  », dont on mesure à chaque instant l’absurdité de la qualification. Au moins, ceux-là auront-ils mis leur expérience libyenne derrière eux.

    La situation des migrants en Libye est à la fois banale et exceptionnelle. Exceptionnelle en raison de l’intense violence à laquelle ils sont souvent confrontés, du moins pour un grand nombre d’entre eux - la violence des trafiquants et des ravisseurs, la violence du risque de mourir en mer, la violence de la guerre. Mais elle est aussi banale, de manière terrifiante : la différence entre un Érythréen vivant parmi des rats sous le périphérique parisien ou dans un centre de détention à Khoms n’est pas si grande. Leur expérience de la migration est incroyablement violente, leur situation précaire et dangereuse. La situation du Darfouri à Agadez n’est pas bien meilleure, ni celle d’un Afghan de Samos, en Grèce. Il est difficile de ne pas voir cette population, incapable de bouger dans le monde de la mobilité, comme la plus indésirable parmi les indésirables. Ce sont les oubliés.

    https://www.msf-crash.org/index.php/fr/blog/camps-refugies-deplaces/en-libye-les-oublies
    #rapport_d'observation #torture #détention #gardes-côtes_libyens #hypocrisie #UE #EU #Union_européenne #responsabilité #Direction_chargée_de_l’immigration_irrégulière_libyenne (#DCIM) #Dar_El_Jebel #Zintan #montagne #Nafusa (#montagnes_Nafusa) #attente #violence #relocalisation #Niger #Rwanda #réinstallation #vulnérabilité #urban_refugees #Tripoli #réfugiés_urbains #HCR #GDF #OIM #IOM #rapatriement_volontaire #retour_au_pays #retour_volontaire

    ping @_kg_

  • Au #Japon, l’enfer des centres de détention des demandeurs d’asile

    Près de 1 500 personnes sont actuellement dans ces structures. Sans limite claire et particulièrement dures, les conditions d’enfermement sont un moyen de pression sur les réfugiés.

    LETTRE DE TOKYO

    L’Ethiopien Yonas Kinde a terminé 100e du marathon de Tokyo couru dimanche 1er mars, avec un temps de 2 h 24 min et 34 secondes. Loin du vainqueur, Birhanu Legese, lui aussi Ethiopien. Yonas Kinde n’est pas un coureur comme les autres. Réfugié depuis 2013 au Luxembourg pour des raisons politiques, il a participé aux Jeux olympiques (JO) de Rio de Janeiro de 2016, non pas sous la bannière de son pays natal mais sous celle de l’équipe olympique des réfugiés. Il compte le faire à nouveau lors des JO de Tokyo cet été.

    Outre sa carrière sportive, il se bat pour la cause des demandeurs d’asile et a profité de son passage dans l’Archipel pour rappeler que « n’importe qui peut devenir un réfugié, à n’importe quel moment » et que « la vie de réfugié était pleine de défis, [que ce soit] pour se déplacer ou encore trouver du travail ».

    Un pays hostile à l’immigration

    Son message a une résonance particulière au Japon, pays parmi les plus réticents à accepter des demandeurs d’asile. En 2018 (derniers chiffres disponibles), seules quarante-deux demandes ont été acceptées, sur 10 493 déposées.

    Hostile à toute immigration malgré l’entrée en vigueur d’une loi en avril 2019 devant faciliter la venue de travailleurs étrangers, le Japon fait tout pour limiter l’arrivée de réfugiés. Citée par le quotidien Mainichi, une note administrative du 16 novembre 2018, diffusée à l’aéroport de Narita, près de Tokyo, et émanant du bureau régional de l’immigration de la capitale, évoquait l’augmentation du nombre de réfugiés du Sri Lanka. Elle expliquait qu’il fallait « de toute urgence réduire le nombre de demandes d’asile » et exigeait de faire signer aux ressortissants sri-lankais entrant au Japon une déclaration précisant qu’ils repartiraient dans leur pays « avant l’expiration de leur visa ».

    Les critiques du Japon en matière de demande d’asile portent également sur les conditions de détention des personnes dont les requêtes ont été rejetées ou de celles ayant commis des infractions à la législation sur l’immigration. La majorité des détenus sont en attente d’une expulsion qu’ils contestent.

    « Nous sommes obligés d’expulser », déclarait en 2019 le chef du bureau de l’immigration au sein du ministère de la justice, Shoko Sasaki, à la presse étrangère. « Nous ne voulons pas, dans notre pays, de ces personnes qui sont en détention. » Le ministère se défend par ailleurs de tout abus.

    Détentions arbitraires

    Sans limite claire et particulièrement dures, les détentions dans les centres d’immigration seraient un moyen de pression sur les réfugiés, considérés comme des délinquants. Elles sont régulièrement la cible des instances internationales.

    Le 20 janvier, l’ONG Human Rights Now rappelait que « les #détentions_arbitraires au Japon dans les centres d’immigration entraînent de graves #violations des #droits_humains. Malgré les appels d’organisations de la société civile exhortant le gouvernement à mettre fin à ces pratiques, la situation ne s’est pas améliorée ». L’ONG appelait Tokyo à accepter une enquête du groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire. En 2018, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) avait recommandé à l’Archipel d’établir une période maximale de détention des migrants.

    Près de 1 500 personnes, originaires en majorité d’Asie du Sud-Est, d’Afrique et du Moyen-Orient, sont actuellement détenues dans les centres d’immigration au Japon. Selon une enquête réalisée en 2019 par l’ONG Ushiku no kai en réponse à un questionnaire du Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits de l’homme, 77 % des détenus étaient emprisonnés depuis plus d’un an ; 36 % l’étaient depuis plus de deux ans, 80 % avaient vu leur demande d’asile rejetée au moins trois fois. « Ces détentions longues ne sont rien d’autre qu’une violation des droits de l’homme », déplore Kimiko Tanaka, porte-parole de l’ONG.

    Elles sont d’autant plus difficiles à vivre que les moyens de communication avec l’extérieur sont limités par le coût des appels téléphoniques et par la durée, fixée à trente minutes maximum, des visites.

    Ces conditions s’accompagnent d’un profond sentiment d’#injustice. Mehmet Colak, un Kurde de 38 ans originaire de Turquie, a passé un an et demi en détention. « Ce n’est pas comme si j’avais commis un crime. Tout ce que j’ai fait, c’est de venir au Japon parce que je redoutais des persécutions et y demander le statut de réfugié », insiste-t-il.

    #Grève_de_la_faim

    Arrivé dans l’Archipel en 2004, il a vu sa demande d’asile refusée à plusieurs reprises. Sa famille et lui ont même été condamnés à être expulsés. Arrêté et incarcéré en janvier 2018, il est tombé malade en mars 2019. Par deux fois, les autorités d’immigration auraient refusé l’ambulance que sa famille avait envoyée. Fait rare, l’incident a été évoqué au Parlement et il a suscité des protestations des avocats du Japon.

    M. Colak a finalement été libéré à titre provisoire en juin 2019 et il milite depuis pour une amélioration de l’accès aux soins et des conditions des prisonniers. Il plaide notamment pour plus de libérations provisoires et un cadre plus souple après la fin de la détention. Les personnes qui en bénéficient ne peuvent pas travailler, ouvrir un compte bancaire, avoir un téléphone ou déménager sans autorisation. Des contraintes qui poussent à commettre des infractions et entraînent un retour en détention.

    Pour les détenus en attente d’une libération, l’unique moyen d’exprimer leur détresse et d’attirer l’attention de l’extérieur est la grève de la faim. En 2019, cent quatre-vingt-dix-huit d’entre eux en ont entamé une. Un ressortissant nigérian en est mort en juin, au centre de Nagasaki, dans le sud-ouest du pays. Il s’agissait du quinzième décès depuis 2006 dans les centres nippons.

    https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/04/au-japon-l-enfer-des-centres-de-detention-des-demandeurs-d-asile_6031722_321
    #asile #migrations #réfugiés #détention_administrative #rétention

    voir aussi cet article de 2016 :
    Inmates on hunger strike at Japanese immigration detention centre
    https://seenthis.net/messages/510477

  • The #Climate-Migration-Industrial_Complex

    Thirty years ago there were fifteen border walls around the world. Now there are seventy walls and over one billion national and international migrants. International migrants alone may even double in the next forty years due to global warming. It is not surprising that over the past two decades, we have also seen the rise of an increasingly powerful global climate-security market designed to profit from (and help sustain) these crises. The construction of walls and fences to block rising sea levels and incoming people has become one of the world’s fastest growing industries, alongside the detention and deportation of migrants, and is projected to reach $742 billion by 2023. I believe we are witnessing the emergence of what we might call a “climate-migration-industrial complex.”

    This complex is composed of private companies who profit by securitizing nation-states from the effects of climate-related events, including migration. This includes private detention centers, border construction companies, surveillance technology consultants and developers, deportation and transportation contractors, and a growing army of other subcontractors profiting from insecurity more broadly. Every feature of this crisis complex is an opportunity for profit. For example, even when security measures “fail” and migrants cross borders illegally, or remain beyond their visas to live without status as “criminals,” there is an entire wing of private companies paid to hunt them down, detain them, and deport them just across the border, where they can return and begin the market cycle all over again. Each step in the “crimmigration” process now has its own cottage industry and dedicated army of lobbyists to perpetuate the laws that support it.

    Here is the incredible double paradox that forms the backbone of the climate-migration-industrial complex: right-wing nationalists and their politicians claim they want to deport all undocumented migrants, but if they did, they would destroy their own economy. Capitalists, on the other hand, want to grow the economy with migrant labor (any honest economist will tell you that immigration almost always leads to growth in GDP), but if that labor is too expensive, then it’s not nearly as profitable.

    Trump is the Janus-faced embodiment of this anti-immigrant, pro-economy dilemma and the solution to it — not that he necessarily knows it. With one hand, migrant labor is strategically criminalized and devalorized by a xenophobic state, and with the other, it is securitized and hyper-exploited by the economy. It is a win-win situation for right-wing capitalists but a crucial element is still missing: what will continue to compel migrants to leave their homes and work as exploited criminals in an increasingly xenophobic country?

    This is where the figure of the climate migrant comes in. What we call “climate migrants” or “climate refugees” are not the victims of merely “natural disasters,” because climate change is not a strictly natural process — it is also highly political. The causes of climate-related migration are disproportionately produced by rich Western countries and the effects are disproportionately suffered by poorer countries. The circumstances that determine who is forced to migrate are also influenced by the history of colonialism, global inequality, and the same conditions that have propelled economic migration for decades. In short, the fact that climate change benefits the perpetrators of climate destruction by producing an increasing supply of desperate, criminalized, physically and economically displaced laborers is no coincidence. In fact, it is the key to the Trump “solution.”

    Another key is the use of climate change to acquire new land. When people are forced to migrate out of a territory, or when frozen territories thaw, new lands, waters, and forests become open to extractive industries like mining, drilling, fishing, and logging. Trump’s recent (and ridiculous) bid to buy the thawing territory of Greenland for its oil and gas reserves is one example of this. Climate-stricken urban areas open up new real estate markets, as the gentrification of New Orleans after hurricane Katrina illustrated. In other words, climate change might not mean the end of capitalism, but rather could actually signal its resurgence from current falling rates of ecological profit. During colonialism, everything and everyone that could be easily appropriated (oil, slaves, old-growth forests, etc.), was gobbled up. The workers who are left today under post-colonialism demand more money and more rights. The minerals left are more expensive to extract. This is why capitalists have increasingly retreated to financial speculation, and now to monetizing their own crises.

    If only there were new ways, the capitalist dreams, to kick start the economy and cheaply dislodge huge numbers of people from their land, devalorize their labor, and then appropriate that labor extremely cheaply. In other words, if climate change did not exist, capitalism would have to create it. Luckily for the capitalists, it does exist, because they did create it. Climate migrants now form what we might call a “disposable climate labor army,” conscripted out of a standing reserve of global poverty from wherever the next climate-related disaster strikes, and deployed wherever capitalism demands precarious, securitized, and criminalized labor to be exploited.

    We need to rethink the whole framing of the climate migration “crisis.” Among other things, we need a more movement-oriented political theory to grapple better with the highly mobile events of our time — what I call a “kinopolitics.” The advent of the Capitalocene/Kinocene makes possible today the insight that nature, humans, and society have always been in motion. Humans are and have always been fundamentally migratory, just as the climate and the earth are. These twin insights might sound obvious today, but if taken seriously, they offer a complete inversion of the dominant interpretive paradigms of the climate and migration crises.

    Humans and Earth have always been in motion, but not all patterns of motion are the same. There is no natural, normal, or default state of the earth or of human society. Therefore, we have to study the patterns of circulation that make possible these metastable states and not take them as given. This is what I have tried to work out in The Figure of the Migrant (2015) and Theory of the Border (2016). Unfortunately, the dominant framework for thinking about the climate and migrant crises is currently upside down. It starts from the perspective of a triple stasis: 1) that the earth and human society are in some sense separable and static, or at least stable, structures; 2) that the future should continue to be stable as well; and 3) that if there is not stability, then there is a “crisis.” Mobility, then, is a crisis only if we assume that there was or should be stasis in the first place. For example, migrants are said to destabilize society, and climate change is said to destabilize the earth.

    From a kinopolitical perspective, we can see that the opposite is, in fact, true: Humans were first migratory, and only later settled into more metastable patterns of social-circulation (made historically possible by the social expulsion and dispossession of others). Migrants are not outside society but have played a productive and reproductive role throughout history. Migrant movements are constitutive and even transformative elements of society, rather than exceptional or marginal phenomena. The real question is how we ever came to act and think as if societies were not processes of social circulation that relied on migration as their conditions of reproduction. The earth, too, was first migratory, and only later did it settle into metastable patterns of geological and atmospheric circulation (e.g. the Holocene). Why did we ever think of the earth as a stable surface, immune from human activity in the first place?

    The problem with the prevailing interpretation of climate change and migration is that the flawed paradigm that has defined the “crisis,” the notion of stasis, is also proposed as the solution “Let’s just get things back to normal stability again.” In short, I think a new paradigm is needed that does not use the same tools that generated the “crisis” to solve it — i.e. capitalism, colonialism, and the nation-state.

    Today’s migrant “crisis” is a product of the paradox at the heart of the capitalist, territorial nation-state form, just as the climate crisis is an expression of the paradox at the heart of anthropocentrism. The solutions, therefore, will not come from the forms in crisis but only from the birth of new forms-in-motion that begin with the theoretical primacy of the very characteristic that is dissolving the old forms: the inherent mobility of the migrant climate and the climate migrant.

    https://publicseminar.org/essays/the-climate-migration-industrial-complex

    #complexe_militaro-industriel #réfugiés_environnementaux #réfugiés_climatiques #murs #barrières_frontalières #business #climat #changement_climatique #sécurité #rétention #détention_administrative #privatisation #contrôles_frontaliers #kinopolitics #kinopolitique #kinocène #mobilité #circulation #crise #stabilité #philosophie #ressources_pédagogiques #Etat-nation

    –—

    #catastrophes_naturelles :

    What we call “climate migrants” or “climate refugees” are not the victims of merely “natural disasters,” because climate change is not a strictly natural process — it is also highly political. The causes of climate-related migration are disproportionately produced by rich Western countries and the effects are disproportionately suffered by poorer countries. The circumstances that determine who is forced to migrate are also influenced by the history of colonialism, global inequality, and the same conditions that have propelled economic migration for decades. In short, the fact that climate change benefits the perpetrators of climate destruction by producing an increasing supply of desperate, criminalized, physically and economically displaced laborers is no coincidence.

    –-> @karine4

    #terres #accaparement_des_terres :

    Another key is the use of climate change to acquire new land. When people are forced to migrate out of a territory, or when frozen territories thaw, new lands, waters, and forests become open to extractive industries like mining, drilling, fishing, and logging.

    –-> @odilon
    #extractivisme #colonialisme

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    @sinehebdo, un nouveau mot :
    –-> #crimmigration
    #mots #terminologie #vocabulaire

    Et aussi... la #kinocène

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    Lien avec le #capitalisme :

    If only there were new ways, the capitalist dreams, to kick start the economy and cheaply dislodge huge numbers of people from their land, devalorize their labor, and then appropriate that labor extremely cheaply. In other words, if climate change did not exist, capitalism would have to create it. Luckily for the capitalists, it does exist, because they did create it. Climate migrants now form what we might call a “disposable climate labor army,” conscripted out of a standing reserve of global poverty from wherever the next climate-related disaster strikes, and deployed wherever capitalism demands precarious, securitized, and criminalized labor to be exploited.

    #expoitation #travail #disposable_climate_labor_army #pauvreté

    signalé par @isskein

    ping @fil @reka

  • Migrations : #affrontements à Lesbos et Chios entre policiers et habitants

    Des affrontements ont eu lieu mardi entre des centaines d’habitants de Lesbos et de Chios et des #forces_anti-émeutes, qui ont fait usage de #gaz_lacrymogènes sur fond de controverse autour de nouveaux #camps_fermés pour les migrants sur ces îles de la mer Egée.

    Des affrontements ont eu lieu mardi entre des centaines d’habitants de Lesbos et de Chios et des forces anti-émeutes, qui ont fait usage de gaz lacrymogènes sur fond de controverse autour de nouveaux camps fermés pour les migrants sur ces îles de la mer Egée.

    Habitants et autorités locales se sont rassemblés sur les ports de ces îles et dans des villages situés à proximité des terrains désignés pour la construction de nouveaux camps pour protester contre l’arrivée d’environ un millier de policiers des forces anti-émeutes en provenance de Grèce continentale pour renforcer la #sécurité sur ces îles, selon une source policière.

    Des gaz lacrymogènes et des #grenades_assourdissantes ont été lancés par les forces de d’ordre contre des groupes de personnes qui leur jetaient divers objets, selon un photographe de l’AFP.

    Deux femmes ont été hospitalisées pour des problèmes respiratoires après ces incidents, selon la même source.

    Le gouvernement a de nouveau réitéré mardi sa détermination à construire ces nouveaux camps fermés pour remplacer les camps insalubres et surpeuplés sur les îles.

    « Les nouveaux camps seront construits, les vieux camps débordés (de demandeurs d’asile) vont fermer », a affirmé Stelios Petsas, lors de son point presse hebdomadaire.

    Le gouvernement avait tenté à plusieurs reprises de convaincre les autorités locales de la nécessité de ces nouveaux camps mais ces dernières y sont opposées.

    « Le dialogue avec les autorités locales ne peut pas servir d’alibi pour ne pas continuer les travaux (...) nous demandons aux habitants de nous faire confiance », a souligné Stelios Pepas.

    – « Pas de retour en arrière » -

    Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis avait récemement indiqué que le projet de construction des nouveaux camps serait mis en oeuvre malgré l’opposition qu’il suscite dans la population des îles.

    « Les travaux vont commencer immédiatement et seront menés à bien. Il n’y aura pas de retour en arrière », avait-il déclaré.

    Plus de 38.000 migrants sont actuellement entassés dans des camps installés sur les îles de Lesbos, Samos, Chios, Leros et Kos en mer Egée dont la capacité totale officielle est de 6.200.

    Les travaux de construction de nouveaux camps sur Lesbos et Chios, avec une capacité officielle de 7.000 personnes chacun, doivent débuter cette semaine.

    Autorités locales et habitants ont fait savoir qu’après cinq ans en première ligne de la crise migratoire qui affecte l’Europe, ils ne sont plus disposés à accepter sur leurs îles des milliers de demandeurs d’asile.

    Des habitants ont menacé de bloquer l’accès des sites des futurs camps pour entraver leur construction.

    Le gouvernement conservateur arrivé au pouvoir en juillet 2019 a annoncé que les camps existant à #Lesbos, #Samos et #Chios seraient fermés dans le courant de 2020 et remplacés par de nouvelles installations.

    L’objectif est de diminuer la #surpopulation sur les îles en transférant des milliers de migrants vers d’autres parties de la Grèce, mais actuellement le gouvernement est dans l’impasse car sur le continent les communautés locales s’opposent aussi à cette mesure.

    Le Haut commissaire de l’ONU pour les réfugiés Filippo Grandi a appelé vendredi à des actions urgentes pour remédier à la situation « choquante et honteuse » dans laquelle les migrants doivent vivre dans les centres d’accueil actuels sur les îles.

    Le HCR a également appelé le gouvernement à transférer les demandeurs d’asile, qui ont droit, en Grèce continentale.

    https://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/250220/migrations-affrontements-lesbos-et-chios-entre-policiers-et-habitants

    #résistance #hotspot #Grèce #île #Lesbos #asile #migrations #réfugiés #Chios

    –-> Commentaire reçu via la mailing-list Migreurop :

    Des véritables scènes de #guérilla ont lieu sur les îles et plus particulièrement à Lesbos et Chios où la population locale s’affronte aux #CRS envoyés sur place pour dégager les routes des #barricades et permettre ainsi que la construction des centres fermés pour les nouveaux arrivants – des #CRA qui ont été présentés par le gouvernement Mitsotakis tantôt comme des centres de #détention complétèrent fermés, tantôt comme des centres partiellement fermés avec autorisation de sortie possible dans la journée. La #violence des affrontements et la détermination de la population de mettre en échec le plan gouvernemental est telle que le président de la commune de #Karava – où le centre fermé de Lesbos devrait être construit- a parlé d’une véritable #guerre.

    –-----

    voir aussi les affrontements d’une semaine auparavant (début février 2020) :
    https://seenthis.net/messages/823843

    • Riot police clash with locals over migration centers on the islands (videos)

      Extensive clashes erupted overnight on islands of Lesvos and Chios and continue on Tuesday, with local authorities and residents trying to prevent the arrival of riot police, water canons and excavating machines to be used to build new closed migration centers.

      The forces arrived by ferries chartered by the government.
      https://www.keeptalkinggreece.com/2020/02/25/greece-islands-lesvos-chios-police-migration-centers

    • Μάχες στην Καράβα

      Στην Καράβα, στην είσοδο του δρόμου που οδηγεί στην επιταγμένη έκταση στου Καβακλή γίνονται από τις 6,30 το πρωί πραγματικές οδομαχίες. Εκατοντάδες Αστυνομικοί επιτέθηκαν ρίχνοντας μεγάλες ποσότητες χημικών στους συγκεντρωμένους πολίτες.

      Στον κεντρικό δρόμο έχουν στηθεί οδοφράγματα με αυτοκίνητα του Δήμου δυτικής Λέσβου.


      https://www.stonisi.gr/post/7140/maxes-sthn-karava-pics-video

    • Greek authorities scramble to calm tensions over migrant detention camp

      Violent scenes underscore resistance to construction of camps on Lesbos and other Aegean islands.
      https://i.guim.co.uk/img/media/0a3a32e2d7ffa272c231fa2a1d7693d1aa205945/0_192_5760_3456/master/5760.jpg?width=620&quality=85&auto=format&fit=max&s=156e24b0d279963a566c9f

      Greek authorities are desperately trying to contain mounting tensions over government plans to construct migrant detention camps on the north Aegean islands after a night of clashes between residents and riot police on Lesbos and Chios.

      Security forces used teargas and stun grenades to disperse crowds gathered at sites designated for the controversial facilities. In Chios, a local mayor and a priest were rushed to hospital after collapsing as a result of the toxic fumes.

      With islanders voicing dismay at the scale of the violence, local unions hit back with debilitating protest strikes on Tuesday. “Nobody should go to work, nobody should go to school, no shop should open,” Lesbos’s central labour force announced.
      ’I get a lot of love’: how hope survives in the hell of Moria
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      “We call on all workers, the people of Lesbos, bodies and associations to stand against government plans to turn our island, and other Aegean islands, into a vast prison of human souls.”

      At least two people were taken to hospital later on Tuesday after more violence erupted at roadblocks set up to prevent bulldozers and other machinery reaching plots expropriated by the government for the facilities.

      Caught up in the clashes, Yiannis Bournous, an MP with the opposition Syriza party on Lesbos, deplored what he described as “an unprovoked and violent attack of riot police against protesting citizens”, likening the confrontation to an assault on democracy.

      Demonstrations are planned for later in the day. Leftwing, pro-immigrant supporters also declared they would rally in solidarity in Athens.

      Local authorities said they would step up opposition with a general strike Wednesday. “Not even the junta did such things,” said Konstantinos Moutzouris, governor of the north Aegean region, referring to the military dictatorship in power in Athens between 1967-74. It was appalling, he said, that riot police should use such force against people who were at the coal face of the refugee crisis.

      The tumult underscored the resistance the centre-right administration now faces in its quest to construct “closed” facilities to accommodate the ever-growing numbers crossing over from Turkey in a bid to enter Europe via Greece’s outlying isles.

      More than 43,000 people are currently stranded on Lesbos, Samos, Chios, Leros and Kos, the main gateways to the country. Over 20,000 are on Lesbos, the island long on the frontline of the influx, with most forced to endure the unsanitary and vastly overcrowded conditions of the infamous open-air camp of Moria, a short drive from Mytilene, its capital.

      The vast majority of those entering the EU from the war-torn Middle East, Asia and Africa came via the islands last year with an overwhelming 99% applying for asylum, according to Greek immigration authorities.

      Hamstrung by a containment policy determined by Brussels, they are forced to remain on the islands until asylum requests are processed by a system already buckling under the pressure. Holding facilities on the outposts were originally designed to host no more than 5,400 people.

      Government officials, clearly shamed by international criticism of the camps, say the new detention centres will finally put an end to the woeful images that have emerged from Greece. Constructed to host around 5,000 people each, expectant asylum-seekers will share the installations with those scheduled for deportation.

      By fast-tracking the asylum process, the administration argues the detention centres will help accelerate what is needed most: decongestion of the isles. Locals, who have already borne the brunt of migratory flows, fear the facilities will ultimately become permanent.

      On Tuesday the administration of the prime minister, Kyriakos Mitsotakis, vowed to forge ahead with the scheme despite the protests and mounting expressions of consternation from the opposition.

      Describing the current camps as “public health bombs”, the government spokesman insisted the new installations would ultimately be in the interest of the islands. As he spoke defence department bulldozers driven by soldiers could be seen clearing some of the land.

      “We are asking local residents to understand that these closed facilities will benefit the country and their communities,” the government spokesman Stelios Petsas told Open TV. “We will build these closed centres but also close the existing open ones. That is the government’s promise.”

      International aid groups also expressed alarm over the rising tensions following Monday night’s clashes.

      “It has reached an explosive point for both locals who have shown remarkable solidarity towards refugees and asylum seekers living in the conditions that they live,” said Nikolas Panagiotopoulos area manager of the International Rescue Committee.

      “There is an urgent need for de-escalation. We firmly believe that more dialogue is needed between local government and central government for a sustainable solution,” he told the Guardian. “It is clear the north-east Aegean islands cannot shoulder this responsibility. The EU needs to step up in solidarity because Greece cannot cope on its own.”

      https://www.theguardian.com/world/2020/feb/25/clashes-over-greeces-migrant-detention-camp-plans-continue

    • Police and protesters clash on Greek islands over new migrant camps

      Teargas used against demonstrators on Lesbos and Chios who want migrants moved to the mainland.

      https://i.guim.co.uk/img/media/a0d7a1510621342ba7d8b8b47f9274696a4cf9a4/0_188_4928_2955/master/4928.jpg?width=620&quality=85&auto=format&fit=max&s=af3450ab469077828676ff

      Clashes have broken out on the Greek islands of Lesbos and Chios, where residents tried to prevent the arrival of riot police and excavating machines to be used to build new migrant detention camps.

      Police fired teargas to disperse the crowds that gathered early on Tuesday to try to prevent officers from disembarking from government-chartered ferries.

      On Lesbos, protesters set fire to bins and used municipal rubbish trucks to try to block the port area.

      Police on Chios also used teargas and flash grenades. At least three people were treated in hospital for breathing difficulties caused by the extensive use of teargas, local officials said.

      https://i.guim.co.uk/img/media/afb80ca0f792e510c7c41eced0c9bf1b45625093/0_186_5568_3341/master/5568.jpg?width=620&quality=85&auto=format&fit=max&s=5b59bf2d879c7ecb6496c3

      The government says it will press ahead with plans to build the new facilities and has promised to replace existing camps where severe overcrowding has worsened in recent months.

      Many island residents as well as local authorities argue the migrants and asylum seekers should be moved to the Greek mainland.

      The standoff between police and protesters continued later on Tuesday near the areas where the new camps will be built, as police cordoned off areas around roadblocks set up over the past few days by demonstrators on the two islands.

      “We understand that there is a problem of trust that was created over the previous years,” the government’s spokesman, Stelios Petsas, told state-run TV. “But the closed facilities will be built and we are calling on the public to support this.”

      Petsas said the government also had to act due to heightened concerns over the coronavirus outbreak, arguing that proper health checks could not be carried out at existing overcrowded camps.

      Greece is the busiest entry point for illegal migration in the European Union, with most arrivals occurring on eastern Greek islands from the nearby Turkish coast. Under a 2016 agreement, backed and funded by the EU, the movement of migrants is restricted to those islands until their asylum claims are processed.

      Nearly 60,000 migrants and refugees arrived on Greek islands last year, almost double the number recorded in 2018, according to the United Nations’ refugee agency.

      https://www.theguardian.com/world/2020/feb/25/police-and-protesters-clash-on-greek-islands-over-new-migrant-camps

    • Riot police withdraws from Lesvos & Chios after raging against locals and cars (videos)

      Eight riot police squads departed from the island of Lesvos on Thursday morning after an unprecedented use of violence against people and …parked cars.

      The squads embarked ferry “Nisos Rodos” at 9 o’ clock in the morning. Loaded were also police buses, machinery and equipment that was transferred to the islands last Monday night in order to facilitate operations in Kavakli-Karava where the new closed migration center is to be constructed.

      The ferry on an extraordinary schedule is to transfer to Athens also riot police forces from the island of Chios at 12 o’ clock noon.

      Locals see in the withdrawal a “huge defeat for the government,” however, they are still in rage about the extensive use of violence committed by the riot police during the two days they stayed on the islands.

      The violence was not only against protesting locals but against vehicles as well.

      Several videos uploaded on social media, show fully equipped riot police to shoot at parked vehicles, smash windshields and destroy car mirrors.

      Citing locals, state broadcaster ERT TV reported that riot police have destroyed more than 100 vehicles on the island of Lesvos.

      At the same time, they set six forest fires by launching flash grenades in the area of the site.

      They have apparently also used teargas expired 40 years ago!

      Despite the withdrawal of the “official troublemakers,” the atmosphere is still tense on Lesvos and Chios, where authorities and trade unions of public and private sector have declared a 24-hour strike for the second consecutive day.

      The Prime Minister has summoned the mayors of the islands to Athens today to discuss ways out of the crisis. However, he excluded the Regional Governor of the Aegean Region, Kostas Moutzouris, who used vulgar expressions against him during a live interview with a TV channel on Wednesday night.

      PS We always thought that “troublemakers” were the anarchists in Exarchia. Apparently, every riot cop has the right to damage private property in the name of “institutionalized violence.”

      https://www.keeptalkinggreece.com/2020/02/27/riot-police-lesvos-chios-violence-cars

    • #Grève générale dans les îles grecques contre de nouveaux camps de migrants

      Le gouvernement veut remplacer les camps actuels, surpeuplés, par des installations plus petites. Les élus et la population locale s’opposent vigoureusement à cette décision.

      Les îles grecques de Lesbos, Chios et Samos, proches de la côte turque, menaient mercredi 26 février, une grève générale pour protester contre la construction de nouveaux camps pour les migrants. Pour le deuxième jour de suite à Lesbos, les manifestants ont fait face à la police antiémeute près de la ville de Mantamados, proche du site prévu pour la construction d’un camp de 7 000 personnes.

      De petits groupes ont jeté des pierres vers la police, qui a répondu avec du gaz lacrymogène et des grenades aveuglantes. « Nous sommes en temps de guerre. [La police] a les armes, nous avons nos cœurs et nos âmes », a déclaré le père Stratis, un prêtre local.

      Le gouvernorat local a appelé à une grève de vingt-quatre heures, rejetant les projets du gouvernement de construire de nouveaux camps pour remplacer les installations actuelles surpeuplées, dans lesquelles les demandeurs d’asile vivent dans des conditions épouvantables. Plus de 38 000 migrants s’entassent dans les camps des îles de Lesbos, Samos, Chios, Leros et Cos, officiellement prévus pour 6 200 personnes.

      « Les criminels devraient partir »

      Les habitants des îles se plaignent depuis longtemps des problèmes d’insécurité et de santé publique que causent, selon eux, les migrants et s’opposent aux projets de construction de nouveaux camps du gouvernement. La père Staris fait valoir :

      « Nous nous battons également pour ceux qui veulent partir pour un endroit meilleur. Nous voulons qu’ils partent. Nous accepterons les réfugiés de guerre, mais les criminels devraient partir. »

      Au niveau national, le gouvernement conservateur, arrivé au pouvoir en juillet, a annoncé que les camps de Lesbos, Samos et Chios seraient fermés cette année pour être remplacés par de nouvelles installations, plus petites, qui devraient être opérationnelles à la mi-2020. Après des semaines de pourparlers infructueux avec les autorités locales, le gouvernement a envoyé lundi par bateau des engins de chantier et la police antiémeute, provoquant l’indignation.

      Les partis d’opposition ont dénoncé une décision antidémocratique, et les responsables locaux une tentative « barbare » de « transformer de force Lesbos et Chios en prisons ». L’Etat avait déjà mis en colère les insulaires dans le courant de février en annonçant que des terres pourraient être réquisitionnées pour une période de trois ans pour construire les nouveaux camps.

      https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/26/greve-generale-dans-les-iles-greques-contre-de-nouveaux-camps-de-migrants_60

    • Des habitants de l’île grecque de Lesbos incendient un centre d’accueil pour migrants inoccupé

      Des habitants de l’île grecque de Lesbos ont mis le feu dimanche soir à un centre d’accueil inoccupé de migrants près de la plage de #Skala_Sykamineas après l’avoir bloqué, a constaté un photographe de l’AFP. Ce centre, autrefois géré par le Haut commissariat aux réfugiés de l’ONU, avait été fermé fin janvier. Il accueillait auparavant les migrants avant qu’ils soient conduits vers un centre d’hébergement sur l’île.

      http://www.rfi.fr/fr/ticker/habitants-l-%C3%AEle-grecque-lesbos-incendient-centre-d-accueil-migrants-inoccup

    • Επεισόδια στη Μόρια

      Συγκρούσεις ανάμεσα σε 500 αιτούντες άσυλο που θέλουν να πορευτούν στη Μυτιλήνη και διμοιρίες των ΜΑΤ.

      Εξέγερση αυτή τη στιγμή στον καταυλισμό του Κέντρου υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας. Περίπου 500 αιτούντες άσυλο για άγνωστους λόγους ξεκίνησαν από τον καταυλισμό με σκοπό να κατεβούν στην πόλη της Μυτιλήνης. Περίπου 200 μέτρα μετά την είσοδο του ΚΥΤ δυο διμοιρίες ΜΑΤ τους σταμάτησαν ενώ δέχθηκαν επίθεση με πέτρες. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Οι συγκεντρωμένοι αρνούνται να επιστρέψουν στον καταυλισμό.

      https://www.youtube.com/watch?v=GqcyTiyrZjA&feature=emb_logo


      https://www.stonisi.gr/post/7330/epeisodia-sth-moria-realtime-video

      –-> Des incidents ont lieu en ce moment au centre d’accueil et d’identification de #Moria. Environ 500 demandeurs d’asile sont partis du campement en se dirigeant vers la vile de Mytilène. A 200m de la sortie du camp, deux escadrons de CRS les ont arrêtés tandis qu’ils recevaient de jets de pierre. Les forces de l’ordre ont répondu par des gaz chimiques et de grenades assourdissantes. Les manifestants refusent de rentrer au camp.

    • Fire wrecks Greek refugee camp after unrest over woman’s death

      Iraqi woman, 47, dies after going to hospital with fever but testing negative for Covid-19

      A fire ripped through one of Greece’s largest migrant camps, leaving widespread damage and many people homeless after the death of an Iraqi woman sparked unrest.

      The blaze late on Saturday at the Vial refugee camp on #Chios island destroyed the facilities of the European asylum service, a canteen, warehouse tents and many housing containers, Greek migration ministry secretary Manos Logothetis said.

      “A large part of the camp’s administrative services was destroyed,” said Logothetis, adding that no injuries were reported.
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      The UN refugee agency’s spokesperson in Athens Boris Cheshirkov said the damage was still being evaluated but that many camp residents were likely to have been left homeless.

      “Authorities are still assessing the damages but a few hundred people are likely affected because their shelters have burned down. We have donated tents to the authorities which can quickly be put into use and we will assist in replacing the warehouse tents,” he said.

      At least three vehicles outside the camp were also gutted.

      A police source in Athens said two Afghans and an Iraqi had been arrested in relation to the unrest, which erupted after a 47-year-old asylum seeker from Iraq died in the camp on Saturday.

      “We managed to restore order at around 1am ... There were many people who took part in the incidents,” another police source on Chios said.

      The Iraqi woman had been taken with a fever to a hospital earlier this week. At the time, a test for coronavirus had returned negative, state news agency ANA reported.

      Migrant camps in Greece have been under quarantine in recent weeks, with authorities trying to keep their residents away from locals.

      The virus has so far killed 110 people in Greece with 67 more in intensive care.

      According to official figures there have been coronavirus cases in two camps on the mainland but no cases have been reported in island camps so far.

      Like all Greece’s island camps, Vial is overcrowded with more than 5,000 people living in a space intended for around 1,000.

      Around 100,000 asylum seekers are stranded in Greece after other European states closed their borders in 2016.

      There are more than 36,000 people in camps on islands close to Turkey that were originally built for just 6,100.

      The migration ministry has said it will begin moving hundreds of elderly and ailing asylum seekers out of the island camps to protect them from coronavirus.

      A scheme to gradually relocate 1,600 unaccompanied minors from war-torn countries to other European nations also began this week.

      https://www.theguardian.com/world/2020/apr/19/fire-wrecks-greek-migrant-camp-after-iraqi-death-sparks-unrest
      #Vial #hotspots #hotspot

    • ΒΙΑΛ : Τρεις συλλήψεις - Άγνωστα τα αίτια θανάτου της 47χρονης

      Στην Αστυνομική Διεύθυνση Χίου κρατούνται τρία άτομα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των χθεσινών επεισοδίων. Άγνωστο παραμένει ακόμα αν θα υπάρξει επίσημο πόρισμα για την αιτία θανάτου από την ιατροδικαστική υπηρεσία του Νοσοκομείου Χίου.

      Φωτιές, πετροπόλεμος, τραυματισμοί και συλλήψεις, σημειώθηκαν χτες το βράδυ και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη ΒΙΑΛ, σε επεισόδια μεταξύ προσφύγων που διαμένουν στο ΚΥΤ και αστυνομικών δυνάμεων.

      Το καζάνι στη ΒΙΑΛ που έβραζε μέρες τώρα, έσκασε και η έκρηξη άφησε πίσω του οικογένειες που πλέον δεν έχουν « πού την κεφαλήν κλίναι » να τριγυρνούν ξυπόλητες στα χωράφια γύρω από το ΚΥΤ χωρίς ούτε μια αλλαξιά ρούχα ή έστω μια κουβέρτα, την Υπηρεσία Ασύλου κατεστραμμένη από τη φωτιά , δύο καμένα αυτοκίνητα εκ των οποίων το ένα ήταν περιπολικό, σκηνές και αυτοσχέδιες κατασκευές με όλα τα υπάρχοντα των ενοίκων τους να έχουν γίνει στάχτη, μία καντίνα ολοσχερώς κατεστραμμένη και εκατοντάδες ανθρώπους σε απόγνωση.

      Τα επεισόδια ξεκίνησαν γύρω στις εννιά το βράδυ όταν οι πρώτες φλόγες τύλιξαν την Υπηρεσία Ασύλου. Η Πυροσβεστική ώστόσο ήταν αδύνατο να επέμβει αφού ταυτόχρονα ομάδες προσφύγων επιδόθηκαν σε πόλεμο με τις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με δακρυγόνα, μετατρέποντας την περιοχή σε κόλαση.
      Σε λίγη ώρα όλη η περιοχή είχε μετατραπεί σε πεδίο μάχης , αφού οι συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και αιτούντων άσυλο είχαν εξαπλωθεί περιμετρικά του ΚΥΤ , μέσα στα χωράφια όπου έχουν κατασκηνώσει περίπου 4.500 άνθρωποι.

      Η ένταση είχε ξεκινήσει νωρίς το μεσημέρι όταν σε κοντέινερ που έχει στήσει εκεί η Περιφέρεια Βορείου Αιγαιου για ιατρικούς σκοπούς, βρέθηκε νεκρή μια 47χρονη γυναίκα από το Ιράκ.

      Η γυναίκα είχε παραμείνει εκεί επί τριήμερο περισσότερο για προληπτικούς λόγους, αφού μόλις τη Πέμπτη είχε επισκεφθεί το Νοσοκομείο με συμπτώματα που θεωρήθηκαν ύποπτα για κορονοϊό. Το δείγμα ωστόσο που ελήφθη και εξετάστηκε στο Ινστιτούτο Παστέρ, κατέληξε αρνητικό και έτσι η γυναίκα επέστρεψε στη ΒΙΑΛ, έχοντας λάβει οδηγίες για φαρμακευτική αγωγή μιας και όπως έγινε γνωστό έπασχε από διαβήτη αλλά και από καρδιακές αρρυθμίες.

      « Η ίδια τις τελευταίες ημέρες ήταν πολύ νευτρική και αναστατωμένη. Παραπονιόταν ότι δεν αισθάνεται καλά και δεν έτρωγε το φαγητό της. Ωστόσο ακολουθούσε πιστά την φαρμακευτική αγωγή, αφού κοντά της ήταν ο σύζυγος ενώ είχε και τη βοήθεια μελών μιας ΜΚΟ με ιατρική ειδίκευση » δήλωσαν στην ΕΦ.ΣΥΝ. άνθρωποι που είναι σε θέση να γνωρίζουν.

      Αυτό όμως δεν στάθηκε αρκετό και έτσι το μεσημέρι του Σαββάτου, η γυναίκα μεταφέρθηκε νεκρή στο Νοσοκομείο Χίου, με το θάνατο της να γίνεται αφορμή για όλα τα παραπάνω.

      Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε νεκρή έχοντας τροφή στο στόμα της, γεγονός που οδήγησε αρχικά στην υπόθεση ότι ο θάνατος της ήταν αποτέλεσμα πνιγμού ωστόσο εξίσου πιθανά θεωρούνται και τα σενάρια είτε της καρδιακής ανακοπής, είτε κάποιας πνευμονικής εμβολής.

      Δυστυχώς όμως άγνωστο παραμένει ακόμα, αν θα υπάρξει επίσημο πόρισμα για την αιτία θανάτου από την ιατροδικαστική υπηρεσία του Νοσοκομείου Χίου, αφού η διοίκηση δεν έχει απαντήσει ακόμα σε σχετικό ερώτημα της ΕΦΣΥΝ.

      Το βέβαιο είναι ότι αν η γυναίκα είχε παραμείνει νοσηλευόμενη στο Νοσοκομείο, σίγουρα οι πιθανότητες να ζούσε ακόμη θα ήταν περισσότερες.

      Τέλος, να σημειωθεί ότι στην Αστυνομική Διεύθυνση Χίου κρατούνται τρία άτομα που συνελήφθησαν χτες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

      https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/239861_bial-treis-syllipseis-agnosta-ta-aitia-thanatoy-tis-47hronis

  • Trapped in Dublin

    ECRE’s study (https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/842813/EPRS_STU(2020)842813_EN.pdf) on the implementation of the Dublin Regulation III, has just been published by the Europpean Parliament Research Service which commissioned it.

    Drawing largely on statistics from the Asylum Information Database (AIDA) database, managed by ECRE and fed by national experts from across Europe, and on ongoing Dublin-related litigation, the study uses the European Commission’s own Better Regulation toolbox. The Better Regulation framework is designed to evaluate any piece of Regulation against the criteria of effectiveness, efficiency, relevance, coherence and EU added value.

    There are no surprises:

    Assessing the data shows that Dublin III is not effective legislation as it does not meet its own objectives of allowing rapid access to the procedure and ending multiple applications. The hierarchy of criteria it lays down is not fully respected. It appears inefficient – financial costs are significant and probably disproportionate. Notable are the large investments in transfers that do not happen and the inefficient sending of different people in different directions. The human costs of the system are considerable – people left in limbo, people forcibly transferred, the use of detention. The relevance and EU added value of the Regulation in its current form should be questioned. The coherence of the Dublin Regulation is weak in three ways: internal coherence is lacking due to the differing interpretations of key articles across the Member States+; coherence with the rest of the asylum acquis is not perfect; and coherence with fundamental rights is weak due to flaws in drafting and implementation.

    So far, so already well known.

    None of this is news: everybody knows that Dublin is flawed. Indeed, in this week’s hearing at the European Parliament, speaker after speaker stood up to condemn Dublin, including all the Member States present. Even the Member States that drove the Dublin system and whose interests it is supposed to serve (loosely known as the northern Member States), now condemn it openly: it is important to hear Germany argue in a public event that the responsibility sharing rules are unfair and that both trust among states and compliance across the Common European Asylum System is not possible without a fundamental reform of Dublin.

    More disturbing is the view from the persons subject to Dublin, with Shaza Alrihawi from the Global Refugee-led Network describing the depression and despair resulting from being left in limbo while EU countries use Dublin to divest themselves of responsibility. One of the main objectives of Dublin is to give rapid access to an asylum procedure but here was yet another case of someone ready to contribute and to move on with their life who was delayed by Dublin. It is no surprise that “to Dublin” has become a verb in many European languages – “dubliner” or “dublinare”, and a noun: “I Dublinati” – in all cases with a strong negative connotation, reflecting the fear that people understandably have of being “dublinated”.

    With this picture indicating an unsatisfactory situation, what happens now?

    Probably not much. While there is agreement that Dublin III is flawed there is profound disagreement on what should replace it. But the perpetual debate on alternatives to Dublin needs to continue. Dysfunctional legislation which fails the Commission’s own Better Regulation assessment on every score cannot be allowed to sit and fester.

    All jurisdictions have redundant and dysfunctional legislation on their statute books; within the EU legal order, Dublin III is not the only example. Nonetheless, the damage it does is profound so it requires attention. ECRE’s study concludes that the problems exist at the levels of design and implementation. As well as the unfair underlying principles, the design leaves too much room for policy choices on implementation – precisely the problem that regulations as legal instruments are supposed to avoid. Member States’ policy choices on implementation are currently (and perhaps forever) shaped by efforts to minimise responsibility. This means that a focus on implementation alone is not the answer; changes should cover design and implementation.

    The starting point for reform has to be a fundamental overhaul, tackling the responsibility allocation principles. While the original Dublin IV proposal did not do this, there are multiple alternatives, including the European Parliament’s response to Dublin IV and the Commission’s own alternatives developed but not launched in 2016 and before.

    Of course, Dublin IV also had the other flaws, including introducing inadmissibility procedures pre-Dublin and reduction of standards in other ways. Moving forward now means it is necessary to de-link procedural changes and the responsibility-sharing piece.

    Unfortunately, the negotiations, especially between the Member States, are currently stuck in a cul-de-sac that focuses on exactly this kind of unwelcome deal. The discussion can be over-simplified as follows: “WE will offer you some ‘solidarity’ – possibly even a reform of Dublin – but only if, in exchange, YOU agree to manage mandatory or expanded border procedures of some description”. These might be expanded use of current optional asylum procedures at the border; it might be other types of rapid procedures or processes to make decisions about people arriving at or transferred to borders. In any case, the effect on the access to asylum and people’s rights will be highly detrimental, as ECRE has described at length. But they also won’t be acceptable to the “you” in this scenario, the Member States at the external borders.

    There is no logical or legal reason to link the procedural piece and responsibility allocation so closely. And why link responsibility allocation and procedures and not responsibility allocation and reception, for instance? Or responsibility allocation and national/EU resources? This derives from the intrusion of a different agenda: the disproportionate focus on onward movement, also known as (the) “secondary” movement (obsession).

    If responsibility allocation is unfair, then it should be reformed in and of itself, not in exchange for something. The cry will then go out that it is not fair because the MS perceived to “benefit” from the reform will get something for nothing. Well no: any reform could – and should – be accompanied with strict insistence on compliance with the rest of the asylum acquis. The well-documented implementation gaps at the levels of reception, registration, decision-making and procedural guarantees should be priority.

    Recent remarks by Commissioner Schinas (https://euobserver.com/migration/147511) present nothing new and among many uncertainties concerning the fate of the 2016 reforms is whether or not a “package approach” will be maintained by either or both the co-legislators – and whether indeed that is desirable. One bad scenario is that everything is reformed except Dublin. There are provisional inter-institutional agreements on five files, with the Commission suggesting that they move forward. ECRE’s view is that the changes contained in the agreements on these files would reduce protection standards and not add value; other assessments are that protection standards have been improved. Either way, there are strong voices in both the EP and among the MS who don’t want to go ahead without an agreement on Dublin. Which is not wrong – allocation of responsibility is essential in a partially harmonised system: with common legal provisions but without centralised decision-making, responsibility allocation is the gateway to access rights and obligations flowing from the other pieces of legislation. Thus, to pass other reforms without tackling Dublin seems rather pointless.

    While certainly not the best option, the best bet (if one had to place money on something) would be that nothing changes for the core legislation of the CEAS. For that reason, ECRE’s study also lists extensive recommendations for rights-based compliance with Dublin III.

    For example, effectiveness would be improved through better respect for the hierarchy of responsibility criteria, the letter of the law: prioritise family unity through policy choices, better practice on evidential standards, and greater use of Articles 16 and 17. Minimise the focus on transfers based on take-back requests, especially when they are doomed to fail. To know from the start that a transfer is doomed to fail yet to persist with it is an example of a particularly inhumane political dysfunction. Effectiveness also requires better reporting to deal with the multiple information gaps identified, and clarity on key provisions, including through guidance from the Commission.

    Solidarity among Member States could be fostered through use of Article 33 in challenging situations, which allows for preventive actions by the Commission and by Member States, and along with the Temporary Protection Directive, provides better options than some of the new contingency plans under discussion. The use of Article 17, 1 and 2, provides a legal basis for the temporary responsibility-sharing mechanisms which are needed in the absence of deeper reform.

    In perhaps the most crucial area, fundamental rights compliance could be significantly improved: avoid coercive transfers; implement CJEU and ECtHR jurisprudence on reasons for suspension of transfers – there is no need to show systemic deficiencies (CK, Jawo); make a policy decision to suspend transfers to the EU countries where conditions are not adequate and human rights violations are commonplace, rather than waiting for the courts to block the transfer. Resources and political attention could focus on the rights currently neglected: the right to family life, the best interests of the child, right to information, alternatives to detention. Evaluating implementation should be done against the Charter of Fundamental Rights and should always include the people directly affected.

    Even with flawed legislation, there are decisions on policy and resource allocation to be made that could make for better compliance and, in this case, compliance in a way that generates less suffering.

    https://www.ecre.org/weekly-editorial-trapped-in-dublin

    #asile #migrations #réfugiés #Dublin #Dublin_III #Better_Regulation #efficacité #demandes_multiples (le fameux #shopping_de_l'asile) #accélération_des_procédures #coût #transferts_Dublin #renvois_Dublin #coûts_humains #rétention #limbe #détention_administrative #renvois_forcés #cohérence #droits_humains #dépression #désespoir #santé_mentale #responsabilité #Dublin_IV #procédure_d'asile #frontières #frontière #mouvements_secondaires #unité_familiale #inhumanité #solidarité #Temporary_Protection_Directive #protection_temporaire #droits #intérêt_supérieur_de_l'enfant

    –—

    Commentaire de Aldo Brina à qui je fais aveuglement confiance :

    Les éditos de #Catherine_Woollard, secrétaire générale de l’#ECRE, sont souvent bons… mais celui-ci, qui porte sur Dublin, gagne à être lu et largement diffusé

    ping @karine4 @isskein

    • #Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur la mise en œuvre du règlement #Dublin_III (2019/2206(INI))

      Extrait :

      Les procédures de transfert ont fortement augmenté en 2016-2017 et génèrent des coûts humains, matériels et financiers considérables ; déplore toutefois que les transferts n’aient été effectués que dans 11 % des cas, ce qui aggrave encore la surcharge souvent importante des régimes d’asile et confirme le manque d’efficacité du règlement ; juge essentiels les efforts visant à garantir l’accès à l’information et des procédures rapides pour le regroupement familial et les transferts de demandeurs d’asile

      https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0361_FR.html

      #statistiques #chiffres

  • 3 heures, Jalil est menotté : « On vient te chercher pour l’aéroport, prépare-toi »

    Comment vit-on en centre de rétention, où la France place les étrangers qu’elle veut expulser ? Mediapart entreprend une série exceptionnelle sur celui de #Marseille : conditions de vie, #violence, rôle des juges, des policiers ou des médecins… Dans ce premier article, Jalil, jeune Afghan, découvre soudain l’enfermement.


    https://www.mediapart.fr/journal/france/160220/3-heures-jalil-est-menotte-vient-te-chercher-pour-l-aeroport-prepare-toi?o
    #renvois #expulsions #France #témoignage #asile #migrations #réfugiés #déboutés #CRA #détention_administrative #rétention
    ping @karine4 @isskein

  • CALL FOR ACCOUNTABILITY: Apparent #Suicide in #Moria Detention Centre followed failure by Greek State to provide obligated care.

    On 6 January a 31-year-old man from Iran was found dead, hung in a cell inside the Pre Removal Detention Centre (#PRO.KE.K.A.), the prison within Moria camp on Lesvos island. Police knew before they detained him that he had serious mental health issues, according to reports from several detained with him. Despite this, for approximately two weeks prior to his death he was kept in isolation.

    Within this PRO.KE.K.A. prison, those that are held there are the “undesirables” of the European Union and Greek State: the majority are arrested after arriving to Lesvos from Turkey, and held there immediately upon arrival, based only on their nationality. Others are considered ‘public security threats’ but they have never been tried or convicted. Others have had their asylum cases rejected, but they were judged in an unfair asylum system built to exclude migrants from Europe and maintain an undocumented and therefore exploitable population.

    This policy of collective punishment is commonly reproduced in courts and the media, which criminalize migrants and categorizes them as having a ‘low refugee profile’ before anything is even known about them individually. This concept of a ‘low refugee profile’ is implemented in PRO.KE.K.A. in Lesvos and Kos, through a pilot project. Those who come from countries where, statistically, less than 25% are granted international protection, are detained upon arrival from Turkey. This is mainly people from African states. Men from these countries who arrive to Lesvos without family, are arrested upon arrival and detained for up to three months. The new asylum law allows for increasing detention time for up to 18 months.

    PRO.KE.K.A. operates with little oversight or accountability. There, people are held with limited access to legal, medical or psychological support. People are detained in overcrowded cells 22 hours a day. According to detainees, psychological and physical abuse is common. Detainees have reported the following abuses: People are woken up at random hours of the night using noise and light. They are forced to spend two hours outside each day, even in the winter. Recently, there are reports that they are taken to where there are no cameras and beaten by the police, and beaten by the police while in handcuffs. People are granted access to their phones only at weekends, cutting them off most of the week from their families and support networks, and making communication with legal support almost impossible. Visits from friends and family are at times prohibited. Because of these reasons, reporting abuse is practically impossible for detainees. Also many report that they fear retaliation by the police and do not trust government or official organizations because they see abuse continue with no consequences for the police, even though the abuse happens under everyone’s eye.

    Almost no basic need is met. No adequate warm clothing, and only one blanket, meaning they must freeze in the winter months. Without interpreters present, detainees have limited means of communicating with prison officers, meaning that many do not know why they are detained or for how long. The food is inadequate and unhealthy, with many going hungry. At times, only one meal a day is served, and no food can be brought in from contacts outside. They are provided no basic hygiene products like soap or toothpaste, and outbreaks of scabies have occurred.

    The asylum claims of those detained in PRO.KE.K.A. are accelerated, and people are scheduled for interviews on their asylum claims within a few days of arrival, and access to legal aid is severely limited. Legal aid on appeal is routinely denied, despite having a right to a lawyer. Trapped in prison, detainees face huge difficulties submitting evidence to the asylum service to support their claims.

    The illegal detention of minors is commonplace because European Border Agency FRONTEX is systematically registering minors as adults. Torture survivors are also commonly detained despite an obligation by the state to screen for any vulnerabilities. Those with serious medical and psychological conditions are routinely denied access to healthcare. For example people with prescription medicine are not provided with this medication, even if they had it on their person when arrested. When people ask to see a doctor or psychologist, the police and AEMY – a private institution supervised by the Greek Ministry of Health – pass responsibility between each other and often people are never treated. Self harm is tragically common in PRO.KE.K.A.. At times, those with severe illnesses have been detained and deported by police and FRONTEX to Turkey, under the knowledge of UNHCR.

    Here in PROK.E.K.A. is where the man who died found himself in December 2019, when he was taken into detention. According to other people detained in PRO.KE.K.A., he spent just a short time with other people, before being moved to isolation for approximately two weeks. While in solitary confinement, even for the hours he was taken outside, he was alone, as it was at a different time than other people. For multiple days he was locked in his cell without being allowed to leave at all, as far as others detained saw. His food was served to him through the window in his cell during these days. His distressed mental state was obvious to all the others detained with him and to the police. He cried during the nights and banged on his door. He had also previously threatened to harm himself. Others detained with him never saw anyone visit him, or saw him taken out of his cell for psychological support or psychiatric evaluation.

    Healthcare in the prison is run by AEMY and the Greek state is its sole shareholder. Its medical team supposedly consists of one social worker and one psychologist. However, the social worker quit in April 2019 and was never replaced. The psychologist was on leave between 19 December and 3 January. The man was found dead on 6 January meaning that there were only two working days in which AEMY was staffed during the last three weeks of his life, when he could have received psychological support. This is dangerously inadequate in a prison currently holding approximately 100 people. KEELPNO is the only other state institution able to make mental health assessments, yet it has publicly declared that it will not intervene in the absence of AEMY staff, not even in emergencies, and that in any case it will not reassess somebody’s mental health.

    If we believe that this individual took his own life in order to escape from the abyss of PRO.KE.K.A., then it was the result of prison conditions that push people to despair, and the failure of multiple state agencies to provide him obligated mental health care.

    One death is too many. We call for an independent investigation into the circumstances surrounding the death on 6 January.

    https://legalcentrelesvos.org/2020/01/19/call-for-accountability-apparent-suicide-in-moria-detention-centr
    #Grèce #décès #mort #Lesbos #rétention #détention_administrative #mourir_en_rétention

  • Communiqué du 22 janvier 2020 des prisonniers de #Oissel en lutte

    La prison pour étrangèr.e.s de Oissel (près de #Rouen) est connue pour ses keufs violents et raciste, sa direction qui réprime tous les mouvements de lutte. Dans cette taule le mitard est régulièrement utilisé pour tabasser des prisonniers.

    Cette prison a été en partie brulé à la fin du mois d’avril par des prisonniers après une grève de la faim violemment reprimée.

    Samedi dernier des keufs tapent un prisonnier et l’amène au mitard ( il en est ressortit le mercredi 22 janvier) parce qu’il avait voulu se montrer solidaire d’un autre prisonnier. Le soir des policiers cagoulés avec des chiens rentrent dans le centre pour foutre la pression aux prisonniers. Depuis les violences, coups de pressions, insultes racistes ne se sont pas arrêtés.

    Ce mercredi 22 janvier au soir, les 42 prisonniers de la section homme du cra de Oissel se sont mis en grève de la faim. On relaye leurs communiqués :

    Au centre de rétention de Oissel (près de Rouen) la police est violente et nous humilie tous les jours. Toujours ils provoquent, ils disent “Baisse les yeux !”. La nourriture est froide et n’est pas halal, alorsqu’il y a une majorité de prisonniers qui sont musulmans.
    Même la prison c’est mieux qu’ici. Y en a ils ont 10 ou 20 ans ici et onles mets en centre de rétention.
    Depuis samedi c’est encore pire. La police à encore voulu mettre unprisonnier à l’isolement. Son ami s’y est opposéet ils l’ont amené violemment aussi à l’isolement. Le soir y avait la police avec des chiens et des cagoules dans le centre pour nous faire peur.
    Le prisonnier qui était à l’isolement il vient d’en sortir. Ils l’ont
    tabassé, il peut pls parler, il a des bleus partout. Les yeux et les
    oreilles sont gonflées.
    Hier ils ont cassés le pied d’un autre prisonnier.
    Tout ça va pas du tout. Tout le monde se plaint. Nous sommes plus de 42 prisonniers enfermés ici. Donc là on fait la grève commune. Ce soir personne ne mange.
    On va essayer d’occuper le couloir parce que ce qui c’est passé depuis samedi dernier c’est encore pire que d’habitude.
    Ici y a pas d’hygiène. Les chambres sont pas nettoyés tous les jours.

    On revendique
    -La fin des #violences_policières, de la #xénophobie des policiers et de leurs #racisme
    -Un minimum d’#hygiène et de #dignité
    -De la #nourriture correcte
    -Des #soins corrects

    Les prisonniers en grève de la faim de Oissel, le 22 janvier

    https://abaslescra.noblogs.org/communique-des-prisonniers-de-oissel-en-lutte
    #rétention #détention_administrative #asile #migrations #réfugiés #CRA #grève_de_la_faim #résistance

  • The Landscapes of Border Control : Mapping border control and resistance

    Border Criminologies is pleased to launch our new interactive website, the Landscapes of Border Control. Starting with material gathered from and about Greece and Italy this project aims to visualise what goes on in detention centres in order to increase public understanding about immigration and the treatment of immigrants in detention settings. Eventually, other countries will be added.

    Despite the increased media and political attention on Italy and Greece as key sites of European border security, we still know little about everyday life inside detention sites in these two countries. This map, and the stories that accompany it, seek to fill this gap by contextualising and communicating the presence and function of these sites of confinement as well as the lived experiences of those within them. In doing so, this project seeks not only to present the violence of the border control regime but also to illuminate the struggles of those affected by it.

    Such a project is particularly important, we believe, in the face of the alarming growth of the detention estate worldwide, and particularly in Italy and Greece. For instance, in Italy a new detention centre has been re-opened in December at Gradisca d’Isonzo, and another one is in the process of being opened in Macomer. Tragically, two deaths have already occurred in 2020, the latest one occurring on Saturday 18 January, when a 20-years old man died in the hospital of Gorizia. Early reports suggest that #Vakhtang_Enukidze had been seriously injured during an episode of violence within the Gradisca detention centre a few days before. While an investigation is currently underway, early reports from activists reveal considerable police brutality (see here). In response, they have organised a demonstration in front of the centre in solidarity with the detainees inside (see here). This latest tragedy demonstrates, once again, the importance of joint efforts to ensure that what happens in detention is not hidden from scrutiny, that detainees’ experiences are heard, and that human rights defenders are given information and support.

    Moved by these aims, this countermapping project presents a variety of forms of evidence including videography, photography, original art, oral history, and testimonies from those directly affected. The material disseminated through this platform draws on a large set of data obtained over different time periods and under a range of diverse projects and long-term engagement with civil society organisations. It is specifically designed to offer a platform to civil society organisations, solidarity groups, (ex) detainees and the public to communicate their experiences from detention and

    The map shows the locations of facilities where migrants may be detained in both Greece and Italy. Clicking on a node, you can see the name of the centre; click again and you will be directed to the centre’s page where an array of information will be provided including images, video and audio (where applicable), academic work, human rights organisations’ reports, policy briefs and other published material. We hope that in time, the material we provide will be enriched by original contributions from people in the field and those who have survived the centres.

    Items can be added easily through the button ‘add information to this location’ found at the bottom of each individual page. An example can be seen here for Ponte Galeria in Rome. Entirely new locations can also be added by filling in information on this page. Items will be screened by Border Criminologies’ members. Information can also be provided in Italian and Greek and will be translated by us.

    Contributors will remain anonymous if they wish and they can add either free text, a pdf document, video or audio files.

    This is a collaborative project, designed to give organisations and groups already in detention an avenue for publicising their findings and disseminating them to a wider audience which is not limited to their national contexts but reaches out globally. We have received considerable assistance from a range of people and collectives/NGOs in getting it this far. Among these, in Italy, we would like to mention BeFree, ADIF, ASGI, the Migrant Observatory Basilicata, LasciateCIEntrare, CILD, Antigone, Sant’Egidio, A Buon Diritto, the International University College of Turin and the Legal Clinic of Roma Tre on migration and asylum. So, too, we have worked with the Greek Refugee Council and Aitima, among others.

    We hope this initiative, which is supported by the ‘Public Engagement with Research Fund,’ at the University of Oxford and the Open Society Foundations, will challenge attempts by the Greek and Italian states to invisibilise and spatially isolate immigrants, while supporting local partners who are engaged in advocacy and strategic litigation, e.g. through factual investigation, research and analysis. We believe that this project can provoke critical witnessing. This map depicts Italy and Greece as they are experienced and shaped by migrants’ presence and their struggles.

    https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2020/01/landscapes-border
    #rétention #détention_administrative #asile #migrations #réfugiés #Italie #Grèce #cartographie #carte_interactive #visualisation

    –----

    Je me demande en quoi l’initiative est vraiment différente du site web de Migreurop « #Close_the_camps » :
    https://en.closethecamps.org

    Et du #Global_detention_project :
    https://www.globaldetentionproject.org

    ping @karine4 @reka
    via @isskein

  • Denmark: Council of Europe Shocked over Conditions in Danish Detention Centres and Threatens Legal Action

    A report from Council of Europe’s Anti-Torture Committee (CPT) raises severe critique of conditions in the Danish detention centres for asylum seekers in #Ellebæk and #Nykøbing_Falster (https://rm.coe.int/1680996859). Denmark has three months to comply with CPT recommendations or will face possible legal actions through the European Court of Human Rights.

    Hans Wolff, who led the CPT delegation to Denmark in April expresses shock over detention conditions in the country that are among the worst in Europe. Wolff stated that: “Either Denmark must make some very fast and serious changes on all the areas we have mentioned in the report. Or they must close down Ellebæk and move the detainees to a place with better facilities”.

    The main points of critique from CPT includes “unacceptable” prison like regimes of rules, a “carceral and oppressive” material environment and “clearly inappropriate” material conditions with rooms and sanitary facilities in a “deplorable state of repair”. Further, lack of staff, inadequate legal advice and translation, overcrowding, limited health services and lack of comprehensive medical screenings including of mental or physical diseases was criticised by CPT. Also, the CPT raised critique of the use of disciplinary solitary confinement for extended periods of time and remarked alleged verbal abuse by centre personal and the risk of suicides due to the lack of suicide-proof clothing with detainees “sometimes placed entirely naked in an observation room”, a practice that according to CPT “could be considered to amount to degrading treatment”.

    The centre-left parties of the Danish Parliament, the Liberals (Radikale Venstre), the Red-Green coalition (Enhedslisten), and the Socialist People’s Party (SF) urges the Social Democratic government to follow up (https://medium.com/are-you-syrious/ays-daily-digest-07-01-2019-council-of-europe-says-danish-ellebaek-unsuitabl) on the critique from CPT. Kristian Hegaard representing the Liberal Party underlines (https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-01-07-nick-haekkerup-afviser-kritik-ellebaek-skal-ikke-vaere-et-rar that these people have not committed any crimes and should not be treated as monsters.

    According to the CPT the centres in Ellebæk and Nykøbing Falster holds mainly rejected asylum seekers awaiting deportation and were “at the time of the visit, as the only administrative migration detention centres in Denmark the only administrative migration detention centres in Denmark”. Administrative detention can last up to 18 months under special circumstances.

    https://mailchi.mp/ecre/ecre-weekly-bulletin-16012020?e=989a4aebdd#Denmark:%20Council%20of%20Europe%
    #Danemark #asile #migrations #réfugiés #détention #régime_carcéral #traitements_dégradants #déboutés #rétention #détention_administrative

  • Wie Europa geflüchtete Kinder einsperrt

    Zehntausende werden an den EU-Grenzen festgehalten: in Gefängnissen, die nicht so heißen dürfen. Kinder einzusperren, verstößt gegen internationale Abkommen.

    Unweit der Landebahn des Flughafens Schönefeld endet die Bundesrepublik. Ein Gitterzaun umgibt das Haus, das zwar in Brandenburg steht, sich aber rechtlich außerhalb Deutschlands befindet. Zwei Sicherheitskräfte bewachen die Räume, in denen dicht an dicht einfache Betten stehen. Wenn Familien ohne gültige Papiere die Ankunftshalle erreichen und um Asyl bitten, bringen die Grenzer sie hierher und halten sie so lange fest, bis die Behörden über ihren Antrag entscheiden.

    Im vergangenen Jahr wurde laut Innenministerium neun Menschen die Einreise verweigert, darunter ein Kind, im Jahr 2018 waren es 13 Personen, darunter eine Mutter aus Armenien mit ihrer achtjährigen Tochter sowie ihrem zehnjährigen und ihrem zwölfjährigen Sohn, gibt die Zentrale Ausländerbehörde Brandenburg an. Mit Buntstiften haben sie Herzen und Blumen an die Wand eines Aufenthaltsraums gemalt. Die Zeichnungen blieben, die Familie wurde nach drei Wochen abgeschoben. Anwälte kritisieren diese Zustände als unzulässige Haft für Kinder.

    Neben Berlin-Schönefeld findet das sogenannte Flughafenverfahren in Düsseldorf, Hamburg, München und Frankfurt am Main statt. Auch dort müssen Menschen im Transitbereich bleiben, auch dort soll binnen zwei Tagen über ihren Asylantrag entschieden werden. Wird dem stattgegeben oder brauchen die Behörden mehr Zeit, dürfen die Menschen einreisen. Lehnen die Mitarbeiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) den Antrag hingegen als „offensichtlich unbegründet“ ab, können die Menschen klagen. So werden aus diesen zwei Tagen leicht Wochen oder Monate, erklärt der Hannoveraner Anwalt Peter Fahlbusch, der seit Langem Menschen betreut, die sich im Flughafenverfahren befinden.
    Abgeschottet von der Öffentlichkeit: das Flughafenverfahren

    Mitte der 90er Jahre entschied das Bundesverfassungsgericht, dass es sich bei dem Festhalten von Menschen im Transit nicht um Freiheitsentziehung im Sinne des Grundgesetzes handelt. Pro-Asyl-Sprecher Bernd Mesovic hält das für irreführend: „Der Gesetzgeber sagt, auf dem Luftweg können die Betroffenen jederzeit das Land verlassen. Wir meinen, das ist eine haftähnliche Situation, und die ist für Kinder sehr belastend.“ Rechtsanwalt Fahlbusch beschreibt die Situation ebenfalls als bedrückend: „Kinder im Frankfurter Transitbereich mussten erleben, wie ein Mitgefangener versuchte, sich im Innenhof zu erhängen.“

    Das Flughafenverfahren findet abgeschottet von der Öffentlichkeit statt. Mitarbeiter der Caritas und Diakonie, die Menschen am Frankfurter Drehkreuz betreuen, sagen zunächst ein Gespräch zu, verweigern es dann aber doch.

    „Das örtliche Amtsgericht meint, die Unterkunft ist jugendgerecht. Nichts davon ist jugendgerecht“, sagt Anwalt Fahlbusch. „Minderjährige dort einzusperren, ist der Wahnsinn.“ In den vergangenen zehn Jahren hat es mehr als 6000 solcher Verfahren in Deutschland gegeben, jedes vierte betraf ein Kind.

    Während das Flughafenverfahren im Transitbereich von Flughäfen durchgeführt wird und sowohl Asylantrag als auch Rückführung umfasst, findet die Abschiebehaft auf deutschem Staatsgebiet statt. Hier werden Menschen eingesperrt, deren Asylantrag abgelehnt wurde und die in ihr Herkunftsland oder in den Staat, in dem sie zuerst Asyl beantragten, zurückgeführt werden.
    Viele Regierungen sammeln wenige Daten

    Fast überall in der EU wurden in den vergangenen Jahren mehrere Tausend Kinder in Haft oder haftähnlichen Zuständen festgehalten. Ob in Polen oder Portugal, in Ungarn oder Deutschland, in Italien oder Griechenland: Wenn Kinder allein oder in Begleitung Asyl brauchen und beantragen oder es ihnen nicht gewährt wird, dann sperren die Behörden sie ein oder halten sie in Lagern fest.

    Das Team von „Investigate Europe“ konnte in den vergangenen Monaten recherchieren, dass die Regierungen damit jedes Jahr vielfach die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen brechen, in denen es heißt: „Festnahme, Freiheitsentziehung oder Freiheitsstrafe darf bei einem Kind im Einklang mit dem Gesetz nur als letztes Mittel“ verwendet werden.

    Um einen Überblick über das Problem zu bekommen, beauftragte der damalige UN-Generalsekretär Ban Ki Moon einen Bericht, für den eine Arbeitsgruppe um den österreichischen Soziologen Manfred Nowak mehrere Jahre forschte. Das fertige, 789 Seiten umfassende Werk mit dem Titel „UN Global Study on Children Deprived of Liberty“ wurde vergangenes Jahr präsentiert. Die Studie basiert auf lückenhaftem Zahlenmaterial, denn viele Regierungen sammeln nur unzureichende oder gar keine Daten.
    „Ausreisesammelstelle“ am Flughafen Schönefeld.Foto: picture alliance/dpa

    Wie viele Kinder exakt betroffen sind, lässt sich daher nicht verlässlich sagen. Allein in Frankreich waren im Jahr 2017 laut mehreren Nichtregierungsorganisationen mehr als 2500 Flüchtlingskinder in Haft. In Deutschland haben zwischen 2009 und 2019 nach Angaben der Bundesregierung fast 400 Kinder in Abschiebehaft gesessen. Dabei käme natürlich keine europäische Regierung auf die Idee, Kinder unter 14 Jahren der eigenen Nationalität einzusperren.

    Migrationshaft für Kinder sei ein politisch sehr sensibles Thema, sagt Nowak, dessen Arbeitsgruppe feststellte, dass Migrationshaft „nie eine letzte Maßnahme und nie im besten Interesse der Kinder“ sein könne. Fast alle Experten stimmen ihm zu. Nowak fordert, dass jede Form der Migrationshaft für Kinder verboten werden müsse.

    Bei der Namenswahl für die De-facto-Gefängnisse wählen die Behörden Begriffe wie Transitzone, Familieneinheit oder Safe Zone. Als Reporter von „Investigate Europe“ Zugang bekommen wollten, wurden ihre Anfragen in vielen Ländern abgelehnt.
    Minderjährig oder nicht?

    Überall auf der Welt fliehen Menschen vor Bürgerkriegen oder Hunger, viele von ihnen nach Europa. Nicht immer ist klar, ob die Menschen, die kommen, wirklich minderjährig sind oder nicht. Dann müssen sie sich häufig einer Altersprüfung unterziehen. Zum Beispiel Jallow B. aus Gambia. Seit mehr als einem Monat sitzt er in Gießen in Abschiebehaft. Am Telefon klingt seine Stimme hoffnungsvoll. Im Jahr 2018 hatte B. alleine Italien erreicht. Dahin wollen ihn die deutschen Behörden nun zurückbringen. Doch ist das nur möglich, wenn er volljährig ist. „Ich bin im Jahr 2002 geboren, aber niemand glaubt mir“, sagt B. am Telefon. Laut seiner Anwältin setzte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nach einer Inaugenscheinnahme B.s Geburtsdatum auf den 31. Dezember 2000 fest.

    Während sich das Alter des Gambiers nicht zweifelsfrei klären lässt, musste in einem anderen Fall kürzlich ein Jugendlicher aus der Abschiebehaft im nordrhein-westfälischen Büren entlassen werden. Er konnte nachweisen, dass er noch nicht 18 Jahre alt war.

    Im vergangenen Jahr nahmen Polizisten in Passau die 30-jährige hochschwangere Palästinenserin Samah C. fest. Die Behörden wollten sie, ihren Mann und ihren sechs Jahre alten Sohn nach Litauen abschieben, wo sie erstmals Asyl beantragt hatten. Um das zu verhindern, tauchte der Mann unter. Die Beamten trennten Samah C. und ihren Sohn Hahmudi, der in ein Kinderheim gebracht wurde. Auf Nachfrage teilte die Zentrale Ausländerbehörde Niederbayern damals mit: „Die Verantwortung für die vorübergehende Trennung von Eltern und Kind liegt ausschließlich bei den Eltern.“

    Nach zwei Wochen wurde die Mutter vorübergehend aus der Abschiebehaft entlassen. Mit ihrem Sohn und ihrem inzwischen fünf Monate alten Baby lebt sie in Passau. Doch zuletzt zitierte die „Passauer Neue Presse“ eine Beamtin der Zentralen Ausländerbehörde, die nahelegte, dass die Mutter und ihre Kinder bald abgeschoben werden sollen.
    Europa kritisiert die US-Einwanderungspolitik

    2018 dokumentierten US-Medien, wie entlang der mexikanischen Grenze Kinder unter der Anti-Einwanderungspolitik von Präsident Donald Trump litten. Der ließ die Minderjährigen von ihren Eltern trennen. Europäische Regierungen kritisierten die drastischen Zustände. „Wir haben nicht das gleiche Gesellschaftsmodell“, sagte ein Sprecher der französischen Regierung. „Wir teilen nicht die gleichen Werte.“ Auch der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert mahnte damals zur „Beachtung des Rechts“ und der „Beachtung der Würde jedes einzelnen Menschen“. Das müsste ebenso für die deutschen Behörden gelten. Doch auch hierzulande wird die Würde der Menschen nicht immer geachtet.

    Die Bundesregierung gibt an, dass im Jahr 2018 nur ein Minderjähriger in Abschiebehaft genommen wurde. Dabei handelte es sich um den 17-jährigen Afghanen K., den die Behörden als volljährig beurteilt hatten. Erst nachdem K.s Eltern Dokumente aus Afghanistan übermittelten, wurde er freigelassen. Im Jahr 2009 hatte die Bundesregierung noch 147 Fälle aufgelistet.

    2014 hatte der Europäische Gerichtshof die deutsche Haftpraxis verurteilt und die Bundesregierung aufgefordert, ihr System für die Abschiebung unerwünschter Migranten zu reformieren. Menschen in Abschiebehaft dürfen nicht länger gemeinsam mit Strafgefangenen untergebracht werden. Doch vor allem für minderjährige Geflüchtete gab es in Deutschland keine speziellen Hafteinrichtungen, deshalb „war ein Großteil der bisherigen Abschiebehaft Geschichte, vor allem für Minderjährige“, erklärt der Geschäftsführer des Hessischen Flüchtlingsrates, Timmo Scherenberg. In Hessen waren zuvor nach Bayern die zweitmeisten Jugendlichen festgehalten worden.
    Hinter Gittern und Stacheldraht. Geflüchtete Familien auf Lesbos.Foto: picture alliance/dpa

    Doch auch, wenn es sich nach offizieller Definition nicht um Haft handelt, kann das Kindeswohl bedroht sein. Im vergangenen Sommer stimmten im Bundestag die Abgeordneten dem Migrationspaket der Regierung zu. Seitdem können Familien bis zu sechs Monate in einer Erstaufnahmeeinrichtung bleiben. Die dürfen sie zwar tagsüber verlassen, doch meist befinden sich die Einrichtungen fern der Innenstädte mit ihrer Infrastruktur. Zudem leben Eltern und Kinder hier mit Menschen zusammen, deren Asylanträge abgelehnt wurden und die nun vor ihren Augen aus den Unterkünften abgeschoben werden.

    Ein solches Leben sei eine schlimme Belastung für Kinder, berichten Ärzte. „Wer nicht schon traumatisiert ist, wird hier traumatisiert“, sagt etwa die Psychiaterin Ute Merkel, die Menschen in der Dresdner Erstaufnahmeeinrichtung betreut. Merkel behandelte unter anderem ein elfjähriges Mädchen aus Eritrea, das in Dresden aufgehört habe zu sprechen. Auf der Flucht durch die Wüste sei der kleine Bruder des Mädchens verdurstet. Sie habe begonnen zu schweigen, um sich zu schützen, sagt Merkel. „Das Mädchen hat ihre traumatisierte Mutter nicht mehr ausgehalten, die mit einer Kinderleiche durch die Wüste gelaufen ist.“

    Eine Kollegin Merkels berichtet von dem Fall eines 16-jährigen Tschetschenen, dessen Vater von Milizen erschossen worden sei. Als er in der Erstaufnahmeeinrichtung, die eine „gefängnisähnliche Situation“ darstelle, Sicherheitsmitarbeiter in Trainingsanzügen gesehen habe, sei der Junge wieder mit dem konfrontiert worden, was ihn traumatisiert hatte.

    „Was Kinder brauchen, sind Schutz und Eltern, die sie vor der bösen Welt schützen“, sagt Merkel. Doch in den Erstaufnahmeeinrichtungen neuen Typs, den sogenannten Ankerzentren, würden die Kinder erleben, dass dies nicht möglich sei. „Es gibt keine Privatsphäre, alle müssen gemeinsam essen und duschen. Die Zimmer können nicht abgeschlossen werden.“
    Ankerzentren können sich nicht durchsetzen

    Nahe der Erstaufnahmeeinrichtung in Dresden befinden sich die Büros mehrerer Behörden, darunter das Bamf und die Zentrale Ausländerbehörde, gemeinsam bilden sie als Teil einer Testphase des Bundesinnenministeriums diese neue Form der Unterkunft, das Ankerzentrum. Auf die hatten sich CDU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt. In Ankerzentren arbeiten mehrere Behörden zusammen, so sollen Menschen in den Unterkünften ankommen, und wenn ihr Asylantrag abgelehnt wird, umgehend abgeschoben werden. Neben Sachsen beteiligen sich auch Bayern und das Saarland an dem Test, nach dem, so hatte es das Bundesinnenministerium gehofft, bundesweit Ankerzentren eröffnet werden sollen.

    Doch Recherchen von „Investigate Europe“ zeigen, dass dieser Plan offenbar scheitert. Lediglich Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern planen ähnliche Zentren. Alle anderen Bundesländer wollen keine solchen Einrichtungen eröffnen – auch aus humanitären Gründen. Aus dem Thüringer Innenministerium heißt es: „Die Landesregierung hält es für inhuman und nicht zielführend, geflüchtete Menschen zentral an einem Ort unterzubringen.“ Die Bremer Senatorin für Integration teilt mit, dass Erwachsene ohne Kinder und Familien weiterhin getrennt werden sollen. „Wichtiger Beweggrund ist das Interesse an der Sicherung des Kindeswohls in der Jugendhilfe.“ Im Klartext: Diese Bundesländer finden die Pläne des Bundesinnenministeriums unmenschlich und falsch.

    Sachsens neue Landesregierung will nun die Unterbringung etwas menschlicher regeln. Im Koalitionsvertrag vereinbarten CDU, Grüne und SPD im Dezember, dass Familien nur noch drei Monate in den Unterkünften bleiben sollten. Doch Kinder- und Jugendpsychiaterin Merkel hält diesen Schritt nicht für ausreichend. „Es ist nicht ratsam, dort Kinder auch nur für drei Monate unterzubringen.“ Denn es bleibe dabei, die Grundbedürfnisse für eine gesunde Entwicklung seien nicht erfüllt.
    Experten: Die Lage an den EU-Außengrenzen ist furchtbar

    In Deutschland ist die Situation besorgniserregend, an den Außengrenzen der Europäischen Union ist sie noch schlimmer.

    Kurz vor Weihnachten in Marseille unweit des Hafens, der Frankreich mit der Welt verbindet, erzählt der 16-jährige Ahmad*, wie er aus Nordafrika hierherkam. „Meine Eltern starben vor sechs Jahren. Meine Tante misshandelte mich. Sie ließ mich nicht schlafen, nicht essen. Ich musste weg.“ Versteckt an Bord eines Containerschiffes reiste er nach Marseille. Doch statt in Sicherheit kam er ins Gefängnis. Das heißt hier Wartezone. Ahmad, so erzählt er es, habe dort mehr als zwei Wochen bleiben müssen. „Das kam mir vor wie 15 Jahre. Ich wusste nicht mehr, welcher Wochentag war.“ Das Gebäude habe er nicht verlassen können. „Die Polizei sprach nicht mit mir, keiner kümmerte sich um mich.“ Dann sei er freigekommen: „Wenn du das Gefängnis verlässt, fühlt sich das an, als ob du endlich Licht siehst.“
    Griechische Inseln mit großen Flüchtlingslagern.Grafik: Fabian Bartel

    Wenige Tage später, Anfang Januar, beging der 17-jährige Iraner Reza* ein trauriges Jubiläum: Seit einem Jahr darf er die Transitzone in Röszke nahe der Grenze zu Serbien nicht in Richtung Ungarn verlassen. Zäune samt Stacheldraht umziehen das Containerdorf, an dessen Ein- und Ausgang bewaffnete Sicherheitskräfte patrouillieren. Sie wachen auch darüber, dass niemand in das Lager kommt. Reporter von „Investigate Europe“ sprachen Reza am Telefon. Der junge Iraner floh mit seinem Onkel über Serbien hierher, um Asyl zu beantragen. Warum sie flohen, will Reza nicht sagen, aus Angst um seine restliche Familie, die noch im Iran lebt. Ungarische Beamte trennten ihn und seinen Onkel, dieser bekam einen Schutzstatus zugesprochen, Rezas Asylantrag wurde kürzlich ein zweites Mal abgelehnt. „Es ist schwer für mich hier“, sagt der Teenager am Telefon. „Jeden Morgen wache ich auf und sehe dasselbe.“

    Nachts liege er wach, nur am Morgen könne er etwas dösen. Die Wachleute hätten ihn in einen Bereich für unbegleitete Minderjährige gesperrt, seit Monaten sei er dort der einzige Insasse. Jeden Tag dürfe er für wenige Stunden zu den Familien gehen, die in dem Lager leben. „Aber wenn ich zurückkomme, habe ich nichts zu tun. Dann denke ich wieder nach, und zu viel nachzudenken ist wie eine Bombe im Kopf.“
    Provisorische Unterkunft im Camp Moria.Foto: REUTERS

    Die Nichtregierungsorganisation Helsinki Commission schätzt, dass sich in den beiden ungarischen Transitlagern an der serbischen Grenze derzeit zwischen 300 und 360 Menschen aufhalten. Genau weiß das kaum jemand. Zugang haben nur wenige. Darunter ungarische Parlamentsabgeordnete wie Bernadett Szél. Sie sagt: „Es ist sehr schlimm für die Kinder da drin.“ Manche seien krank und bräuchten medizinische Hilfe, die sie nicht bekämen. „Es ist wie in einem Gefängnis.“

    Für ihre Praxis in den Transitlagern hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) die ungarische Regierung wiederholt verurteilt. Allein seit November 2018 entschieden die EGMR-Richter in 17 Fällen, die ungarische Regierung habe Menschen unrechtmäßig hungern lassen, nachdem diese gegen die Ablehnung ihrer Asylbescheide geklagt hatten. Gewinnen die Kläger ihren Prozess vor dem EGMR, erhalten sie wieder Lebensmittel. Wer nicht klagt, muss weiter hungern.

    Auch im 1000 Kilometer südlich gelegenen Flüchtlingslager Moria müssen Minderjährige leiden. Im Winter klingt hier, auf der griechischen Insel Lesbos, aus den dicht gedrängten Zelten das Husten kleiner Kinder. Sie schlafen meist auf Matten, die vom Boden nur mit Paletten erhöht sind. Auch hier umziehen zweieinhalb Meter hohe Zäune das Lager. An die hat jemand große Plakate gehängt, die wohl den tristen Lageralltag aufhellen sollen. Auf einem davon stolziert ein Löwe, der vorgibt: „Ich bin stark.“ Doch so fühlt sich hier kaum jemand mehr. Die Neurologin Jules Montague, die für Ärzte ohne Grenzen auf der Insel arbeitete, berichtet von Fällen, in denen Kinder wie in Dresden nicht mehr sprechen und ihre Augen kaum öffnen.
    Das Camp fasst 2840 Menschen ausgelegt. Momentan leben dort 19000

    Die Kinder dürfen die griechischen Inseln nicht verlassen. Dabei sind dort die Lager längst überfüllt. Das Camp Moria ist für 2840 Menschen ausgelegt. Doch den Jahreswechsel erlebten dort rund 19 000 Menschen, jeder Dritte ein Kind. Für deren Sicherheit kann kaum garantiert werden.
    Grafik: Fabian Bartel

    In der sogenannten Safe Zone des Lagers, in der unbegleitete Minderjährige leben, erstach im vergangenen August laut UNHCR ein 15-jähriger Afghane einen Gleichaltrigen. Einen Monat später, im September, überrollte ein Lkw einen fünfjährigen Afghanen, berichteten Reuters und der griechische Rundfunk. Und Ärzte ohne Grenzen meldete, dass im November ein neun Monate altes Baby aus der Republik Kongo an den Folgen einer Dehydrierung starb.

    Die Zustände an den EU-Außengrenzen haben offenbar System. Im Jahr 2015 waren mehr als 1,2 Millionen Asylanträge in Europa gestellt worden, mehr als doppelt so viele wie noch im Jahr 2014. Um zu verhindern, dass weiter viele Menschen nach Europa fliehen, unterzeichnete die EU im März 2016 einen Pakt mit der Türkei. Der half in den folgenden Jahren allerdings vor allem den Staaten im Zentrum Europas. Hatten im März 2016 in Deutschland 58 000 Menschen ihren Asylerstantrag gestellt, waren es drei Jahre später nur noch 11 000. Im selben Zeitraum verdoppelte sich in Griechenland die Zahl der Asylerstanträge auf 5300. Für die zentraleuropäischen Staaten ergibt sich so eine komfortable Lage: Wo weniger Menschen ankommen, können diese besser behandelt werden. Für die Staaten an der Außengrenze gilt dies nicht.
    Experte: Zustände in den Flüchtlingslagern dienen der Abschreckung

    Nun übt der Vordenker des Türkei-Deals, der Migrationsforscher Gerald Knaus, offen Kritik an dem Pakt. Er sagte „Investigate Europe“: „Was auch immer die Motivation der EU und Griechenlands ist, sie betreiben eine Politik, die unmenschlich und illegal ist und trotzdem niemanden abschreckt.“ Der migrationspolitische Sprecher der Grünen im EU-Parlament, Erik Marquardt, sagt: „Wir stehen vor der Situation, dass die EU-Kommission und der Europarat von einer erfolgreichen Asylpolitik sprechen, wenn die Zahl der Menschen sinkt, die nach Europa fliehen. Dabei nimmt man dann Zustände wie auf den griechischen Inseln in Kauf, auf diese Weise will man bessere Statistiken erreichen.“

    So sei das Abkommen mit der Türkei längst nicht die einzige Maßnahme, um Flüchtlinge davon abzuhalten, nach Europa zu kommen, sagt Marquardt. „Die europäische Politik versucht, die Situation an den Außengrenzen so schlecht wie möglich zu gestalten, damit die Menschen lieber in Kriegsgebieten bleiben, als zu kommen.“ Alle Staaten Europas seien verantwortlich für die Situation an den Außengrenzen, weil sie diese finanzieren, sagt der frühere UN-Berichterstatter für Willkürliche Inhaftierung, Mads Andenæs und fügt hinzu: „In ein paar Jahren können Taten, die heute als politische Notwendigkeiten betrachtet werden, als willkürliche Haft und grobe Verletzung des Rechts und der Menschlichkeit beurteilt werden.“

    Dass Migrationshaft für Kinder unumgänglich sei, gibt EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos indirekt auch zu. So sagte er „Investigate Europe“ zwar, dass sich die EU-Mitgliedsstaaten um Haftalternativen kümmern sollten. Wo es diese aber noch nicht gebe, sei es notwendig, Kinder in Gewahrsam zu nehmen, „um die Verpflichtung zu erfüllen, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, eine Rückführung zu ermöglichen“.
    Geflüchtete Kinder auf Lesbos.Foto: Sebastian Wells/Ostkreuz

    An einem Herbsttag an der ungarisch-serbischen Grenze im Flüchtlingslager Röszke schlägt der zehnjährige Armin mit den Armen, als wolle er fliegen. Sein Vater, der iranische Regisseur Abouzar Soltani, filmt seinen Jungen dabei. Es wäre eine Szene voller Leichtigkeit, wäre da nicht der Stacheldraht, der hinter beiden in den Himmel ragt. „Ich wollte die Träume meines Sohnes wahr werden lassen“, sagt Soltani über die Aufnahmen später.

    Der Vater und sein zehnjähriger Sohn leben in dem eingezäunten Containerdorf, das sie nicht verlassen dürfen. Wie den 17-jährigen Iraner Reza hält die ungarische Regierung die beiden fest – und das inzwischen seit über einem Jahr. Kontaktleuten gelang es, Soltanis Aufnahmen aus dem Lager zu bringen. Sie zeigen auch, wie Armin im kargen Bett auf einer dünnen Matratze liegt, wie er Fische ans Fenster malt. Einfach wegfliegen, das ist für ihn nur ein Spiel.

    Für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen betreut die Psychologin Danae Papadopoulou Kinder, die in Moria leben. „Das Camp ist nicht sicher für Kinder und die Situation wird immer schlimmer“, sagt sie. Viele Kinder könnten das Leben im Lager zwischen den dicht gedrängten Zelten, die Kälte und die Hoffnungslosigkeit nicht mehr ertragen. „Wir hatten zuletzt einige Notfälle, in denen Kinder und Heranwachsende versucht haben, sich aus Schock und Panik zu töten.“

    * Die vollständigen Namen sind der Redaktion bekannt.

    https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/ich-wusste-nicht-mehr-welcher-wochentag-war-wie-europa-gefluechtete-kinder-einsperrt/25406306.html

    #migration #asylum #children #minors #detention #Europe #Germany #BAMF #Berlin #Schönfeld #Düsseldorf #Hamburg #München #Frankfurt #deportation #trauma #traumatization #retraumatization #mental_health

    #Flughafenverahren (= term for detention procedure at German airports)

    German terms for child/minor/family airport detention zone : #Transitzone #Familieneinheit #Safe_Zone [sic]

    @cdb_77 , y a-t-il un fil sur la détation des personnen mineures ?

    • Children Deprived of Liberty - The United Nations Global Study

      Children deprived of liberty remain an invisible and forgotten group in society notwithstanding the increasing evidence of these children being in fact victims of further human rights violations. Countless children are placed in inhuman conditions and in adult facilities – in clear violation of their human rights - where they are at high risk of violence, rape and sexual assault, including acts of torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

      Children are being detained at a younger and younger age and held for longer periods of time. The personal cost to these children is immeasurable in terms of the destructive impact on their physical and mental development, and on their ability to lead healthy and constructive lives in society.

      The associated financial costs to governments can also have a negative impact on national budgets and can become a financial drain when their human rights obligations are not upheld with regard children deprived of liberty.

      To address this situation, in December 2014 the United Nations General Assembly (UNGA) adopted its Child Rights Resolution (A/RES/69/157), inviting the United Nations Secretary-General (SG) to commission an in-depth global study on children deprived of liberty (§ 52.d). On 25 October 2016, the Secretary General welcomed the appointment of Professor Manfred Nowak as Independent Expert to lead the Study. By Resolution 72/245, the UNGA invited the Independent Expert to submit a final report on the Study during its seventy-fourth session in September 2019.

      Based on the over-all mandate established by the UNGA Resolution, the following core objectives of the Global Study have been identified:

      Assess the magnitude of the phenomenon of children being deprived of liberty, including the number of children deprived of liberty (disaggregated by age, gender and nationality), as well as the reasons invoked, the root-causes, type and length of deprivation of liberty and places of detention;

      Document promising practices and capture the view and experiences of children to inform the recommendations that the Global Study will present;

      Promote a change in stigmatizing attitudes and behaviour towards children at risk of being, or who are, deprived of liberty;

      Provide recommendations for law, policy and practice to safeguard the human rights of the children concerned, and significantly reduce the number of children deprived of liberty through effective non-custodial alternatives, guided by the international human rights framework.

      –-> Full study here:
      https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/StudyChildrenDeprivedLiberty/Pages/Index.aspx

    • How Europe detains minor migrants

      Under international and European law, migrant children should be given protection and humanitarian assistance. Detention must only be used as a last resort. But how do European governments really treat this most vulnerable group? Our new investigation shows that migrant children are detained en masse, with seemingly little regard for their well-being.

      https://www.youtube.com/watch?v=G_Tyey4aFEk&


      feature=youtu.be

  • Unzureichende medizinische Versorgung in AHE

    Darmstadt, 3.1.2020

    Seit dem 9. Dezember 2019 ist Mohamed B., 32 Jahre, in der
    Abschiebehafteinrichtung Darmstadt-Eberstadt inhaftiert. Er ist aufgrund politischer Verfolgung aus seinem Heimatland Guinea geflohen. Dort setzte er sich in der Oppositionspartei UFDG für Demokratie und Korruptionsbekämpfung ein. Nun soll er spätestens Anfang Februar diesen Jahres wegen des Dublin-Systems nach Italien abgeschoben werden.

    B. leidet schon seit längerer Zeit an starker Wassereinlagerung in seinen Füßen sowie an Herz- und Nierenschmerzen. Die Beschwerden haben sich seit seiner Inhaftierung deutlich verschlechtert. Er kann aktuell nicht mehr beschwerdefrei gehen und muss die meiste Zeit im Bett liegen. Seiner Aussage nach, war sogar mindestens ein diensthabender Beamter über den stark geschwollenen Zustand seiner Füße erstaunt. Dennoch hatte er seit dem 20. Dezember keine ärztliche Visite mehr erhalten - trotz wiederholtem Erbittens dieser, sowie mehrfacher Versprechungen einer solchen für den nächsten Tag durch verschiedene Beamt*innen.

    Auch wir vom Bündnis Community 4 All haben am 30.12.19 sowohl das Gefängnispersonal, als auch die Sozialarbeiterin, die Seelsorger und den Beirat der AHE über den kritischen Gesundheitszustand informiert. Dennoch ist diesbezüglich nichts passiert. Im Gegenteil wurde ihm seitens des Gefängnispersonals mitgeteilt, er habe „keinen Anspruch auf eine ärztliche Untersuchung und sollte nur die Medikamente nehmen“.

    Laut B. sind dies 10-12 Tabletten täglich, die enorme
    gesundheitsbeeinträchtigende Nebenwirkungen, wie Unwohlsein, Schlaflosigkeit, Kopf-, Bauch- und Gelenkschmerzen, hätten.
    Erst während des Verfassens dieser Pressemitteilung, bekam er nach nun exakt zwei Wochen, eine ärztliche Behandlung. Er sagte hiernach, dass sich die behandelnde Ärztin auch sehr überrascht über den Zustand seiner Füße zeigte, allerdings keine weitere Behandlung veranlasste, während er weiterhin stark leide.

    Wir als Community 4 All halten es für absolut unrechtmäßig und
    menschenverachtend, dass Menschen in dieser Stadt offenbar einen völlig unzureichenden Zugang zu medizinischer Versorgung haben und fordern deutlich diese allen Gefangenen umgehend zu gewährleisten – auch zwischen den Jahren!

    Dieser aktuelle Vorfall zeigt erneut in aller Deutlichkeit, dass die Institution Abschiebegefängnis eine Blackbox ohne öffentliche Kontrolle ist, in der solche Vorfälle vorprogrammiert sind.

    Alle Abschiebegefängnisse ersatzlos schließen!

    Flucht ist kein Verbrechen!

    Originalstatement von Mohamed B. - 2.1.20:

    Mon nom est Mohamed B., je suis née le ../../1987 à Conakry/Guinée. Je suis diplômé en sciences de l’éducation depuis 2012 à l’institut supérieur des sciences et l’éducation de Guinée( ISSEG) et j’ai exercé la fonction d’enseignant dans mon pays. Actuellement je suis demandeur d’asile en République Fédérale d’Allemagne.

    En effet, j’ai fui mon pays le 21/04/2018 à cause des persécutions politiques mais aussi pour la cause des enseignants, j’ai été torturé et reçu des menaces de mort en laissant derrière moi un enfant qui avait 1 an dans ce combat.

    A l’aide de notre parti politique UFDG présidé par Elhadj Cellou Dalein Diallo, je me suis retrouvé en République fédérale d’Allemagne le 08/08/2018 sans papier en passant par l’Italie. Après 3 mois de demande d’asile ici, j’ai été confronter à un problème de Dublin de l’Italie alors qu’en passant dans ce pays je n’ai effectué aucune demande d’asyle, et ma condition de santé ne me permettait de rester de vivre sur la route. J’ai tout fait pour contester cette desicion du Bureau d’immigration en le payant 500 € mais ça n’a pas marché. J’ai été expulsé pour l’Italie malgré toute mes consultations.

    L’importance dans tout ça est que j’ai commencé à parler la langue allemande après 4 mois d’école mais surtout avec mes propres efforts.

    Après mon expulsion, l’Italie m’a déjà confirmé que je n’ai pas de … là-bas. Je me suis retourné en ici et en raccourci c’était toujours la même chose. Actuellement je suis dans un centre d’expulsion (Abschiebungshafte Darmstadt) Marienburgstr. 78 / 64297 Darmstadt. Ça fait presque un mois de puis que je suis là et
    dans une condition déplorable. Je suis malade, ma condition de santé est très critique : j’ai un problème de cœur, et tout mes deux pieds sont enflés que je ne n’arrive même pas à marcher, je ne ressens que la douleur. Ça fait 3 semaines que je prends régulièrement les médicaments, je prends 10 à 12 comprimés par jour qui ne font que me doper et me créer d’autres problèmes de santé : le malaise, l’insomnie, maux de tête, maux de ventre,
    douleur articulaire.

    Cela fait 2 semaines je réclame une visite médicale et même le médecin de ce centre ne vient pas. D’ailleurs d’après les agents de garde, quand on l’appelle elle dit que « je n’ai pas droit à une visite médicale, et que je dois seulement prendre des médicaments » qui
    créent d’autres problèmes à ma santé.

    Je me sens aujourd’hui triste, abandonné, ridiculisé, minimisé que je considère dans cette prison comme une sorte de torture. Je suis démunis de mes droit de l’homme ici tandis que la République Fédérale d’Allemagne est un pays de droit et de la liberté.
    Même s’ils doivent m’expulser de ce pays mais que ça soit que je me trouve en bonne état de santé. Je n’ai pas peur de l’expulsion, des dizaines de personnes sont morts devant dans les manifestations alors je ne crains en rien, c’est seulement ma santé qui est la plus importante.

    Alors j’appelle à votre aide pour que je retrouve ma santé et continuer mes procédures de demande d’asile dans de bonnes conditions.

    Merci pour votre bonne compréhension et je vous remercie.

    Source: via HFR Mailing list —>

    Sehr geehrte Damen und Herren,

    anbei eine aktuelle Pressemitteilung zu einem Fall von unzureichender medizinischer Versorgung in der Abschiebungshafteinrichtung Darmstadt unseres Bündnisses ‚Community4All – Solidarische Gemeinschaften statt
    Abschiebegefängnis’. Wir senden Ihnen unsere PM aus aktuellem Anlass, mit der Bitte um zeitnahe Veröffentlichung.

    Angehängt sind neben der PM ein Statement des Betroffenen im Original (Französisch, sowie als Übersetzung).

    #Allemagne #Darmstadt #Community4All #asyle #migration #détention #centre_d'expulsion #santé #accès_aux_soins

  • #At(h)ome

    Plus de cinquante ans après la fin de la guerre de libération, une cinéaste française et un photographe algérien nous ramènent en 1962 en plein Sahara. D’une zone désertique irradiée aux faubourgs d’Alger, ils suivent le parcours des retombées d’une #explosion_nucléaire dont les #traces dramatiques interrogent la #responsabilité des nations. Un film d’une grande rigueur formelle sur un sujet choquant et inconnu.

    http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/38258_1
    Un film qui m’avait été signalé par @fil. A voir absolument.

    #film #documentaire #film_documentaire
    #Algérie #France #désert #Bruno_Hadji #Béryl #post-colonialisme #photographie #armes_nucléaires #désert_algérien #bombes_nucléaires #radioactivité #essais_nucléaires #armée_française #barbelé #frontières #explosion #Sahara #Mertoutek #Taourirt (montagne de - ) #nuage_nucléaire #malformations #irradiation #mort #décès #Front_islamique_du_salut #FIS #Aïn_M'Guel #camps #camps_contaminés #camps_irradiés #crime_contre_l'humanité #déportation #internement #Oued_Namous #détention #Reggane #athome

  • Report: Israel issued 1,022 administrative detention orders against Palestinians in 2019
    January 3, 2020 at 11:22 am – Middle East Monitor
    https://www.middleeastmonitor.com/20200103-report-israel-issued-1022-administrative-detention-order

    The Palestinian Prisoners Centre for Studies said yesterday that Israel has issued 1,022 administrative detention orders against Palestinians in 2019.

    The group said in a statement that there were ten per cent more administrative detention orders – imprisonment without charge or trial – issued by Israeli courts in 2019 compared to 2018 when 920 orders were documented.

    Spokesman Riyad Al-Ashqar said 380 new administrative detention orders were issued in 2019; the majority against previously freed prisoners, compared with 642 renewals.

    Some prisoners had their detention orders renewed for the sixth time, Al-Ashqar explained.

    Twenty per cent of the orders were issued I the occupied West Bank cities of hebron, Ramallah and Bethlehem.

    #détention_administrative

  • Migrants en Libye, les oubliés de l’exil

    Venus le plus souvent d’Érythrée, les migrants sont détenus dans des conditions lamentables, et souvent les victimes de milices qui les torturent et les rançonnent. Les Nations unies et l’Union européenne préfèrent détourner le regard. Témoignages.

    L’odeur d’excréments s’accentue à mesure que nous approchons de l’entrepôt qui constitue le bâtiment principal du centre de détention de #Dhar-El-Djebel, dans les montagnes du #djebel_Nefoussa. Un problème de plomberie, précise le directeur, confus.

    Il ouvre le portail métallique du hangar en béton, qui abrite environ 500 détenus, presque tous érythréens. Les demandeurs d’asile reposent sur des matelas gris à même le sol. Au bout d’une allée ouverte entre les matelas, des hommes font la queue pour uriner dans l’un des onze seaux prévus à cet effet.

    Personne dans cette pièce, m’avait expliqué un détenu lors de ma première visite en mai 2019, n’a vu la lumière du jour depuis septembre 2018, quand un millier de migrants détenus à Tripoli ont été évacués ici. #Zintan, la ville la plus proche, est éloignée des combats de la capitale libyenne, mais aussi des yeux des agences internationales. Les migrants disent avoir été oubliés.

    En Libye, quelque 5 000 migrants sont toujours détenus pour une durée indéterminée dans une dizaine de #centres_de_détention principaux, officiellement gérés par la #Direction_pour_combattre_la_migration_illégale (#Directorate_for_Combatting_Illegal_Migration, #DCIM) du gouvernement d’entente nationale (#GEN) reconnu internationalement. En réalité, depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye ne dispose pas d’un gouvernement stable, et ces centres sont souvent contrôlés par des #milices. En l’absence d’un gouvernement fonctionnel, les migrants en Libye sont régulièrement kidnappés, réduits en esclavage et torturés contre rançon.

    L’Europe finance les garde-côtes

    Depuis 2017, l’Union européenne (UE) finance les #garde-côtes_libyens pour empêcher les migrants d’atteindre les côtes européennes. Des forces libyennes, certaines équipées et entraînées par l’UE, capturent et enferment ainsi des migrants dans des centres de détention, dont certains se trouvent dans des zones de guerre, ou sont gardés par des milices connues pour vendre les migrants à des trafiquants.

    Contrairement à d’autres centres de détention que j’ai visités en Libye, celui de Dhar-El-Djebel ne ressemble pas à une prison. Avant 2011, cet ensemble de bâtiments en pleine campagne était, selon les termes officiels, un centre d’entraînement pour « les bourgeons, les lionceaux et les avant-bras du Grand Libérateur » — les enfants à qui l’on enseignait le Livre vert de Kadhafi. Quand le GEN, basé à Tripoli, a été formé en 2016, le centre a été placé sous l’autorité du DCIM.

    En avril, Médecins sans frontières (MSF) pour lequel je travaillais a commencé à faire des consultations à Dhar-El-Djebel. Le centre retenait alors 700 migrants. La plupart étaient enregistrés comme demandeurs d’asile par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), mais selon la loi libyenne, ce sont des migrants « illégaux » et ils peuvent être détenus pour une durée indéterminée.

    N’ayant que peu d’espoir de sortir, plusieurs ont tenté de se suicider au contact de fils électriques. D’autres avaient placé leur foi en Dieu, mais aussi dans les réseaux sociaux et leurs talents de bricoleurs. La plupart des détenus érythréens sont chrétiens : sur le mur face à la porte, ils ont construit une église orthodoxe abyssine au moyen de cartons colorés de nourriture et de matelas verts du HCR, avec des croix en cire de bougie. Sur d’autres matelas, ils ont écrit, avec du concentré de tomates et du piment rouge, des slogans tels que « Nous sommes victimes du HCR en Libye ». Avec leurs smartphones, ils ont posté des photos sur les réseaux sociaux, posant avec les bras croisés pour montrer qu’ils étaient prisonniers.

    Leurs efforts avaient attiré l’attention. Le 3 juin, le HCR évacuait 96 demandeurs d’asile à Tripoli. Une semaine plus tard, l’entrepôt bondé dans lequel j’avais d’abord rencontré les migrants était enfin vidé. Mais 450 Érythréens restaient enfermés dans le centre, entassés dans d’autres bâtiments, à plus de vingt dans une vingtaine de cellules, bien que de nombreux détenus préfèrent dormir dans les cours, sous des tentes de fortune faites de couvertures.

    « Ils nous appellent Dollars et Euros »

    La plupart des Érythréens de Dhar-El-Djebel racontent une histoire proche : avant d’être piégés dans le système de détention libyen, ils ont fui la dictature érythréenne, où le service militaire est obligatoire et tout aussi arbitraire. En 2017, Gebray, âgé d’un peu plus de 30 ans, a laissé sa femme et son fils dans un camp de réfugiés en Éthiopie et payé des passeurs 1 600 dollars (1 443 euros) pour traverser le désert soudanais vers la Libye avec des dizaines d’autres migrants. Mais les passeurs les ont vendus à des trafiquants libyens qui les ont détenus et torturés à l’électricité jusqu’à ce qu’ils téléphonent à leurs proches pour leur demander une #rançon. Après 10 mois en prison, la famille de Gebray avait envoyé près de 10 000 dollars (9 000 euros) pour sa libération : « Ma mère et mes sœurs ont dû vendre leurs bijoux. Je dois maintenant les rembourser. C’est très dur de parler de ça ».

    Les migrants érythréens sont particulièrement ciblés, car beaucoup de trafiquants libyens croient qu’ils peuvent compter sur l’aide d’une riche diaspora en Europe et en Amérique du Nord. « Nous sommes les plus pauvres, mais les Libyens pensent que nous sommes riches. Ils nous appellent Dollars et Euros », me raconte un autre migrant.

    Après avoir survécu à la #torture, beaucoup comme Gebray ont de nouveau payé pour traverser la mer, mais ont été interceptés par les garde-côtes libyens et enfermés en centre de détention. Certains compagnons de cellule de Gebray ont été détenus depuis plus de deux ans dans cinq centres successifs. Alors que la traversée de la Méditerranée devenait plus risquée, certains se sont rendus d’eux-mêmes dans des centres de détention dans l’espoir d’y être enregistrés par le HCR.

    Les ravages de la tuberculose

    Dans l’entrepôt de Dhar-El-Djebel, Gebray a retrouvé un ancien camarade d’école, Habtom, qui est devenu dentiste. Grâce à ses connaissances médicales, Habtom s’est rendu compte qu’il avait la tuberculose. Après quatre mois à tousser, il a été transféré de l’entrepôt dans un plus petit bâtiment pour les Érythréens les plus malades. Gebray, qui explique qu’à ce moment-là, il ne pouvait « plus marcher, même pour aller aux toilettes », l’y a rapidement suivi. Quand j’ai visité la « maison des malades », quelque 90 Érythréens, la plupart suspectés d’avoir la tuberculose, y étaient confinés et ne recevaient aucun traitement adapté.

    Autrefois peu répandue en Libye, la tuberculose s’est rapidement propagée parmi les migrants dans les prisons bondées. Tandis que je parlais à Gebray, il m’a conseillé de mettre un masque : « J’ai dormi et mangé avec des tuberculeux, y compris Habtom ».

    Habtom est mort en décembre 2018. « Si j’ai la chance d’arriver en Europe, j’aiderai sa famille, c’est mon devoir », promet Gebray. De septembre 2018 à mai 2019, au moins 22 détenus de Dhar-El-Djebel sont morts, principalement de la tuberculose. Des médecins étaient pourtant présents dans le centre de détention, certains de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), et d’autres d’#International_Medical_Corps (#IMC), une ONG américaine financée par le HCR et l’UE. Selon un responsable libyen, « nous les avons suppliés d’envoyer des détenus à l’hôpital, mais ils ont dit qu’ils n’avaient pas de budget pour ça ». Les transferts à l’hôpital ont été rares. En revanche, une quarantaine des détenus les plus malades, la plupart chrétiens, ont été transférés dans un autre centre de détention à Gharyan, plus proche d’un cimetière chrétien. « Ils ont été envoyés à Gharyan pour mourir », explique Gebray. Huit d’entre eux sont morts entre janvier et mai.

    Contrairement à Dhar-El-Djebel, #Gharyan ressemble à un centre de détention : une série de containers entourés de hauts grillages métalliques. Yemane a été transféré ici en janvier : « Le directeur de Dhar-El-Djebel et le personnel d’IMC nous ont dit qu’ils allaient nous conduire à l’hôpital à Tripoli. Ils n’ont pas parlé de Gharyan... Quand on est arrivés, on a été immédiatement enfermés dans un container ».
    Des migrants vendus et torturés

    Selon Yemane, une femme a tenté de se pendre quand elle a compris qu’elle était à Gharyan, et non dans un hôpital, comme le leur avaient promis les médecins d’IMC. Beaucoup gardaient de mauvais souvenirs de Gharyan : en 2018, des hommes armés masqués y ont kidnappé quelque 150 migrants détenus dans le centre et les ont vendus à des centres de torture. Le centre a alors brièvement fermé, puis rouvert, avec à sa tête un nouveau directeur, qui m’a expliqué que des trafiquants l’appelaient régulièrement pour tenter de lui acheter des migrants détenus.

    En avril 2019, des forces de Khalifa Haftar, l’homme fort de l’est de la Libye, ont lancé une offensive contre les forces pro-GEN à Tripoli et se sont emparées de Gharyan. Les troupes d’Haftar se sont installées à proximité du centre de détention et les avions du GEN ont régulièrement bombardé la zone. Effrayés par les frappes aériennes autant que par les migrants tuberculeux, les gardes ont déserté. Chaque fois que je me suis rendu sur place, nous sommes allés chercher le directeur dans sa maison en ville, puis l’avons conduit jusqu’au portail du centre, où il appelait un migrant pour qu’il lui ouvre. Les détenus lui avaient demandé un cadenas pour pouvoir s’enfermer et se protéger des incursions. De fait, des forces pro-Haftar venaient demander aux migrants de travailler pour eux. Yemane indique qu’un jour, ils ont enlevé quinze hommes, dont on est sans nouvelles.

    MSF a demandé au HCR d’évacuer les détenus de Gharyan. L’agence de l’ONU a d’abord nié que Gharyan était en zone de guerre, avant de l’admettre et de suggérer le transfert des détenus au centre de détention #Al-Nasr, à #Zawiya, à l’ouest de Tripoli. Pourtant, le Conseil de sécurité de l’ONU a accusé les forces qui contrôlent ce centre de trafic de migrants, et placé deux de leurs dirigeants sous sanctions.

    « Si vous êtes malades, vous devez mourir ! »

    Les détenus étaient toujours à Gharyan quand, le 26 juin, les forces du GEN ont repris la zone. Le jour suivant, ils ont forcé le portail du centre de détention avec une voiture et demandé aux migrants de se battre à leurs côtés. Les détenus effrayés ont montré leurs médicaments contre la tuberculose en répétant des mots d’arabe que des employés du HCR leur avaient appris − kaha (#toux) et darn (#tuberculose). Les miliciens sont repartis, l’un d’eux lançant aux migrants : « Si vous êtes malades, on reviendra vous tuer. Vous devez mourir ! ».

    Le 4 juillet, le HCR a enfin évacué les détenus restants vers Tripoli. L’agence a donné à chacun d’eux 450 dinars (100 euros) pour qu’ils subvenir à leurs besoins dans une ville qu’ils ne connaissaient pas. L’abri où ils étaient censés loger s’avérant trop coûteux, ils ont déménagé vers un endroit moins cher, jadis une bergerie. « Le HCR dit qu’on sera en sécurité dans cette ville, mais pour nous, la Libye n’offre ni liberté ni sécurité », explique Yemane.

    La plupart des 29 migrants évacués de Gharyan sont maintenant bloqués, et en danger, dans les rues de Tripoli, mais espèrent toujours obtenir l’asile en dehors de Libye. Les combats se poursuivant à Tripoli, des miliciens ont proposé à Yemane de s’enrôler pour 1 000 dollars (901 euros) par mois. « J’ai vu beaucoup de migrants qui ont été recrutés ainsi, puis blessés », m’a-t-il raconté récemment sur WhatsApp. Deux de ses colocataires ont été à nouveau emprisonnés par des milices, qui leur ont demandé 200 dollars (180 euros) chacun.

    Les migrants de Gharyan ont si peur dans les rues de Tripoli qu’ils ont demandé à retourner en détention ; l’un d’entre eux est même parvenu à entrer dans le centre de détention d’Abou Salim. Nombre d’entre eux ont la tuberculose. Fin octobre, Yemane lui-même a découvert qu’il en était porteur, mais n’a pas encore de traitement.
    « Ils nous ont donné de faux espoirs »

    Contrairement à Gharyan, Dhar-El-Djebel est loin des combats. Mais depuis avril, des migrants détenus à Tripoli refusent d’y être transférés car ils craignent d’être oubliés dans le djebel Nefoussa. Selon un responsable de la zone, « notre seul problème ici, c’est que le HCR ne fait pas son travail. Cela fait deux ans qu’ils font de fausses promesses à ces gens ». La plupart des détenus de Dhar-El-Djebel ont été enregistrés comme demandeurs d’asile par le HCR, et espèrent donc être relocalisés dans des pays d’accueil sûr. Gebray a été enregistré en octobre 2018 à Dhar-El-Djebel : « Depuis, je n’ai pas vu le HCR. Ils nous ont donné de faux espoirs en nous disant qu’ils allaient revenir bientôt pour nous interviewer et nous évacuer de Libye ».

    Les 96 Érythréens et Somaliens transférés en juin de Dhar-El-Djebel au « centre de rassemblement et de départ » du HCR à Tripoli étaient convaincus qu’ils feraient partie des chanceux prioritaires pour une évacuation vers l’Europe ou l’Amérique du Nord. Mais en octobre, le HCR aurait rejeté une soixantaine d’entre eux, dont 23 femmes et 6 enfants. Ils n’ont plus d’autre choix que de tenter de survivre dans les rues de Tripoli ou d’accepter un « retour volontaire » vers les pays dont ils ont fui la violence.

    Le rapport de la visite de l’ONU à Dhar-El-Djebel en juin, durant ce même transfert, avait prévenu que « le nombre de personnes que le HCR sera en mesure d’évacuer sera très faible par rapport à la population restante [à Dhar-El-Djebel] en raison du nombre de places limité offert la communauté internationale ».

    De fait, le HCR a enregistré près de 60 000 demandeurs d’asile en Libye, mais n’a pu en évacuer qu’environ 2 000 par an. La capacité de l’agence à évacuer des demandeurs d’asile de Libye dépend des offres des pays d’accueil, principalement européens. Les plus ouverts n’accueillent chaque année que quelques centaines des réfugiés bloqués en Libye. Les détenus de Dhar-El-Djebel le savent. Lors d’une de leurs manifestations, leurs slogans écrits à la sauce tomate visaient directement l’Europe : « Nous condamnons la politique de l’UE envers les réfugiés innocents détenus en Libye ».

    « L’Europe dit qu’elle nous renvoie en Libye pour notre propre sécurité, explique Gebray. Pourquoi ne nous laissent-ils pas mourir en mer, sans souffrance ? Cela vaut mieux que de nous laisser dépérir ici ».

    https://orientxxi.info/magazine/migrants-en-libye-les-oublies-de-l-exil,3460
    #Libye #asile #migrations #réfugiés #réfugiés_érythréens #santé #maladie #externalisation

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    Et pour la liste de @sinehebdo, deux nouveaux #mots : #Dollars et #Euros

    Les migrants érythréens sont particulièrement ciblés, car beaucoup de trafiquants libyens croient qu’ils peuvent compter sur l’aide d’une riche diaspora en Europe et en Amérique du Nord. « Nous sommes les plus pauvres, mais les Libyens pensent que nous sommes riches. Ils nous appellent Dollars et Euros », me raconte un autre migrant.

    #terminologie #vocabulaire

    • Libye : que se passe-t-il dans le « #centre_d’investigations » de #Tripoli ?

      La semaine dernière, environ 300 migrants interceptés en mer par les garde-côtes libyens ont été transférés dans le centre de #Sharah_Zawiya, au sud de la capitale libyenne. Ouvert depuis au moins un an – avec une fermeture de quelques mois fin 2019 – le lieu est depuis peu contrôlé par le #DCIM et accessible à l’Organisation internationale des migrations (#OIM).

      #Centre_de_détention « caché », #centre_de_transit ou centre « d’investigations » ? Le centre de Sharah Zawiya, dans le sud de Tripoli, est l’objet d’interrogations pour nombre d’observateurs des questions migratoires en Libye.

      Selon l’Organisation internationale des migrations (OIM), contactée par InfoMigrants, le lieu est supposé être un centre de transit : les migrants interceptés en mer sont envoyés dans cette structure afin d’y subir un interrogatoire avant leur transfert vers un centre de détention officiel.

      « Théoriquement, ils [les migrants] ne restent pas plus de 48 heures à Sharah Zawiya », précise l’OIM.

      « Je suis resté au moins trois mois dans ce centre »

      Or plusieurs migrants, avec qui InfoMigrants est en contact et qui sont passés par ce centre, affirment avoir été enfermés plus que deux jours et disent n’avoir jamais été interrogés. « Je suis resté au moins trois mois là-bas l’été dernier, avant de réussir à m’en échapper », indique Ali, un Guinéen de 18 ans qui vit toujours en Libye. « Durant toute cette période, on ne m’a posé aucune question ».

      Ce dernier explique qu’à leur arrivée, les gardiens dépouillent les migrants. « Ils prennent tout ce qu’on a, le plus souvent nos téléphones et de l’argent ». Ibrahim, un Guinéen de 17 ans qui a – lui aussi - réussi à s’échapper du centre ce week-end après avoir été intercepté en mer, raconte la même histoire. « Ils m’ont forcé à leur donner mon téléphone et les 100 euros que j’avais sur moi », soupire-t-il.

      Ali assure également que les Libyens demandent une #rançon pour sortir du centre, avoisinant les 3 000 dinars libyens (environ 1 950 euros). « Un monsieur, un Africain, nous amenait des téléphones pour qu’on contacte nos familles et qu’on leur demande de l’argent. Un autre, un Arabe, récupérait la somme due ». Il détaille également les #coups portés sur les migrants « sans aucune raison » et le #rationnement_de_la_nourriture – « un morceau de pain pour trois personnes le matin, et un plat de pâtes pour six le soir ».

      D’après des informations recueillies et vérifiées par InfoMigrants, le centre est ouvert depuis au moins un an et a fermé quelques mois fin 2019 avant de rouvrir la semaine dernière avec l’arrivée d’environ 300 migrants. Un changement de chefferie à la tête du centre serait à l’origine de cette fermeture temporaire.

      Changement d’organisation ?

      Ce changement de responsable a-t-il été accompagné d’un changement de fonctionnement ? Ali explique qu’il s’est enfui vers le mois d’octobre, après trois mois de détention, avec l’aide de l’ancienne équipe. « Les Libyens qui contrôlaient le centre nous ont dit de partir car un nouveau chef devait arriver. L’ancien et le nouveau responsable n’étaient d’ailleurs pas d’accord entre eux, à tel point que leurs équipes ont tirés les uns sur les autres pendant que nous prenions la fuite ».
      L’OIM signale de son côté n’avoir reçu l’autorisation d’entrer dans le centre que depuis la semaine dernière. « Avant, le lieu était géré par le ministère de l’Intérieur, mais depuis quelques jours c’est le DCIM [le département de lutte contre la migration illégale, NDLR] qui a repris le contrôle », explique l’agence onusienne à InfoMigrants.

      Ibrahim assure, lui, qu’aucune somme d’argent n’a été demandée par les gardiens pour quitter le centre. Les personnes interceptées en mer, mardi 18 février, ont en revanche été transférées samedi vers le centre de détention de #Zaouia, où une rançon de 2 000 dinars (environ 1 300 euros) leur a été réclamée pour pouvoir en sortir.
      Ce genre de centre n’est pas une exception en Libye, prévient une source qui souhaite garder l’anonymat. « Il existe d’autres centres de ce type en Libye où on ne sait pas vraiment ce qu’il s’y passe. Et de toute façon, #centre_d’investigation, de transit ou de détention c’est pareil. Les migrants y sont toujours détenus de manière arbitraire pour une période indéfinie ».

      https://www.infomigrants.net/fr/post/22991/libye-que-se-passe-t-il-dans-le-centre-d-investigations-de-tripoli
      #Zawiya #IOM #détention

  • #Macomer, il Cpr affidato alla società svizzera Ors

    Il contratto è stato firmato all’inizio del mese, ancora incerta la data di apertura Nell’appalto la gestione di tutti i servizi del centro per il rimpatrio degli immigrati

    https://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2019/12/15/news/macomer-il-cpr-affidato-alla-societa-svizzera-ors-1.38217425
    #asile #migrations #réfugiés #déboutés #renvois #CPR #rétention #détention_administrative #Italie #ORS #privatisation

    Ajouté à la métaliste sur ORS:
    https://seenthis.net/messages/802341#message818363

    • Sardegna – Il CPR di Macomer apre il 18 dicembre

      Ieri sulla stampa locale (https://www.unionesarda.it/articolo/news-sardegna/nuoro-provincia/2019/12/08/il-cpr-di-macomer-riapre-il-18-dicembre-in-arrivo-un-centinaio-di-136-96) è stata annunciata l’apertura del CPR di Macomer, in provincia di Nuoro, per il 18 dicembre 2019, quando verranno detenute nel nuovo lager le prime 50 persone.

      L’ex casa circondariale di Macomer, sita alla periferia della cittadina, nella Zona Industriale di Bonu Trau, era vuota dal 2014. Dopo la decisione di trasformarla in un CPR negli ultimi mesi erano stati effettuati dei lavori di ristrutturazione da parte del 2° reparto genio dell’Aeronautica Militare, conclusi ad ottobre.

      Lo scorso 8 novembre la Prefettura di Nuoro aveva aggiudicato (www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1210/Decreto_prefettizio_di_aggiudicazione_ORS_Italia_S.r.l..doc) definitivamente “l’appalto dei servizi di gestione e funzionamento del Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.) di Macomer (NU) per una ricettività iniziale di 50 posti elevabili a 100” alla ORS Italia srl. Il 3 dicembre era stato stipulato il contratto dell’importo di 570.000 euro per 12 mesi.


      ORS Service AG (https://www.ors.ch/it-IT/Home) è una società privata svizzera che da 25 anni si occupa della gestione dei richiedenti asilo in Svizzera, Austria e Germania. Con “10.000 richiedenti asilo e profughi assistiti quotidianamente, ORS è già oggi tra le società private leader nel campo dell’assistenza ai migranti prevalentemente nei Paesi di lingua tedesca.” Nell’estate del 2018 la ORS “inizia ad attuare la propria strategia di crescita nei Paesi europei del Mediterraneo. Come prima nazione è stata scelta l’Italia con la fondazione di una società affiliata, la ORS Italia S.r.l. (https://www.ors.ch/ORSS/media/ORSSMediaLibrary/22082018-Comunicato-stampa-ORS-Italia.pdf), con sede a Roma. La nuova controllata, costituita a metà luglio 2018, partecipa in Italia a bandi di gara nei settori dell’alloggiamento, dell’assistenza, della consulenza sociale e dell’integrazione per profughi e richiedenti asilo.” Un’interessante inchiesta “sull’intreccio globale di politica e finanza” che si cela dietro la ORS era stata pubblicata in Italia nel gennaio di quest’anno, è possibile leggerla a questo link: https://valori.it/ors-finanza-rifugiati-italia.

      Il nuovo CPR di Macomer, come si legge nel bando (https://valori.it/ors-finanza-rifugiati-italia), è strutturato su tre padiglioni, due destinati alla detenzione e uno alle attività amministrative e gestionali. Sono previsti al momento 40 posti nelle celle del padiglione B e 10 in quelle del padiglione C, in celle da 2 a 4 posti. La ristrutturazione ha riguardato tra le altre cose i muri perimetrali, nuove recinzioni e l’impianto di videosorveglianza interno ed esterno.

      Il nuovo campo di concentramento di Macomer nelle intenzioni degli ultimi governi è destinato soprattutto ad agevolare le deportazioni delle persone che sbarcano in Sardegna. Nel corso di quest’anno fino al 6 dicembre sono quasi mille le persone che sono riuscite a sbarcare autonomamente sulle coste dell’isola, di queste 992 di origine algerina. Dopo essere state intercettate in prossimità della costa o braccate e inseguite dalle forze dell’ordine subito dopo gli sbarchi, le persone migranti vengono portate nel “centro di identificazione e prima accoglienza” che ha sede nell’ex scuola di polizia penitenziaria di Monastir, in pratica un hotspot dove è presente anche personale dell’agenzia europea Frontex. Qui di solito ricevono un decreto di espulsione entro 7 giorni e vengono successivamente trasferite in nave sul continente, dove tante riprovano a continuare il viaggio. Nei primi sei mesi del 2019 erano state 25 le persone deportate in Algeria. Ai primi di ottobre il governo italiano ha presentato un decreto su 13 paesi d’origine “sicuri”, tra i quali è compresa anche l’Algeria. Questa lista, nelle intenzioni del governo, dovrebbe accelerare le procedure burocratiche e facilitare le deportazioni nei paesi d’origine definiti sicuri.

      https://hurriya.noblogs.org/post/2019/12/09/sardegna-cpr-macomer-apre-18-dicembre
      #Sardaigne

    • CPR Macomer

      Opened on January 20, 2020, the Macomer CPR (Centro di Permanenza per i Rimpatri) is the first detention centre in Sardinia. The facility can hold up to 100 people for a maximum period of 180 days (Law Decree 113/2018). As highlighted by Francesca Mazzuzi in an article written a few days after the opening of the centre, “the opening of the CPR was presented by the regional government as an important choice to revive the (impoverished) local economy and an indispensable one to discourage the migratory flow of young Harragas from Algeria to the coasts of south-western Sardinia. This is a (migratory) route that has been active for almost fifteen years and through which around 750 people arrived in 2019. It is a well-known phenomenon and despite the alarmist tones regularly used by local media it can hardly be called an emergency.” The new detention facility was designed to confine these group of young men, as well as other illegalised migrants.

      Located in Macomer, an Italian town of 9,861 inhabitants in the province of Nuoro, the building where the immigration detention centre is operating used to be a maximum-security prison which was closed in 2014 for not meeting the minimum statutory parameters envisaged for prison institutions (Bottazzo & Bleggi 2019, p. 103). The facility, where illegalised non-citizens are now held, has been remodelled in the last few years in order to “guarantee its security as well as the security of the local population”.

      For the first three years the centre will be run by Ors Italia, a subsidiary of the Ors Group, a multinational company operating in Switzerland, Austria and Germany and already involved in the management of reception centres for asylum seekers. Ors Italia won the public tender promoted by the Prefecture of Nuoro thanks to their low bid offer, thus raising widespread concerns for their interest in making profit rather than safeguarding migrants’ human rights. The Ors has indeed been involved in various scandals, such as the one following a report by Amnesty International for the bad management of the Traiskirchen centre in Austria. To address these concerns a parliamentary inquiry was also presented on January 17, 2020 by the MP Erasmo Palazzotto.

      Notably, opposition to this project was raised since its very beginning. In addition to local political actors, opponents included local residents concerned with their security but also activists and civil society groups engaged in safeguarding migrants’ rights. In particular, a group named ‘No CPR Macomer’ was created. They organised a demonstration on February 2020 to challenge the creation of the Macomer detention centre and, overall, to contest the Italian policies of migration control.

      https://borderlandscapes.law.ox.ac.uk/location/cpr-macomer

    • Bufera sul Cpr di Macomer: «Aggressioni? Vogliamo la verità»

      Si rincorrono le voci di presunte aggressioni all’interno della struttura, ma dalla Prefettura di Nuoro nessuna conferma.

      Non si placa la tensione intorno al Cpr di Macomer, il primo Centro in Sardegna di permanenza e rimpatri per i migranti.

      Dopo le polemiche sulla sua apertura, adesso si rincorrono le voci su presunti episodi di violenza e aggressioni, mai confermati dalla Prefettura né dalle forze dell’ordine, ma a livello politico monta la polemica.

      «La gestione interna del Cpr non compete al Comune ma alla Prefettura», spiega il sindaco facente funzioni Rosanna Ledda.

      L’opposizione replica aspramente: «È lei che deve informarsi dalla Prefettura e dire con chiarezza e trasparenza cosa sta succedendo nel Cpr, è un diritto dei macomeresi sapere se hanno in città una struttura che è una polveriera o se le voci che si rincorrono sono infondate - dice Arturo Uleri della lista Uniamoci di Macomer, dimessosi qualche giorno fa insieme al suo collega Daniele Nieddu proprio perché in disaccordo sull’apertura del Centro -. Tutti i giorni si vedono movimenti strani: ieri notte abbiamo sentito un’ambulanza correre all’impazzata verso l’uscita sud nel paese seguita dalle forze dell’ordine. Sono cose che preoccupano, così come ci preoccupa il fatto che da più parti si dice che qualcuno dei migranti è stato rimesso in libertà. Chiediamo al sindaco e al prefetto se queste voci sono vere, le risposte ci sono dovute», chiarisce l’esponente dell’opposizione.

      A placare gli animi non è servito neppure il via libera della Prefettura all’istituzione di un organismo di controllo e raccordo con la Regione, il Comune e la società che gestisce il Cpr.

      https://www.unionesarda.it/articolo/news-sardegna/nuoro-provincia/2020/02/14/bufera-sul-cpr-di-macomer-aggressioni-vogliamo-la-verita-136-987010.html

    • Macomer, ancora danneggiamenti all’interno del Cpr

      Si rincorrono voci di devastazioni all’interno della struttura che ospita migranti irregolari

      Al Cpr di Macomer ancora una notte di inferno.

      Un gruppo di ospiti dell’unico centro in Sardegna per la permanenza e rimpatrio dei migranti irregolari, durante la notte ha dato fuoco ad un mucchio di carta, facendo scattare il sistema antincendio. In poco tempo la struttura è stata allagata, creando disagi agli altri ospiti, che hanno dovuto trascorrere una notte in bianco tra le proteste.

      Disordini, minacce, aggressioni e anche devastazioni, sarebbero ormai all’ordine del giorno all’interno di quella struttura che è stata aperta soltanto 28 giorni fa.

      Voci di episodi di violenza, aggressioni al personale sanitario, rimbalzano ormai quotidianamente dall’interno della struttura. Voci mai confermate (ma manco smentite) dalla Prefettura, che però sono rimbalzate fino a Roma, con una lettera al ministro Lamorgese da parte del parlamentare della Lega, Eugenio Zoffili.

      Una situazione che però non si sta ripercuotendo all’esterno, anche se a Macomer le preoccupazioni e le polemiche non mancano.

      Sotto attacco la Giunta comunale, anche se Rossana Ledda, sindaco facenti funzioni, cerca di dare una spiegazione a quanto sta avvenendo nell’ex carcere.

      «Si tratta di problemi di gestione interna al Cpr, nella quale il Comune non ha nessuna competenza e che si spera di poter argomentare, appena sarà costituito l’organismo di controllo, per il quale abbiamo il via libera della Prefettura. Possiamo però dire che all’esterno non si registrano lacune». La tensione è però alle stelle.

      https://www.unionesarda.it/articolo/news-sardegna/nuoro-provincia/2020/02/14/macomer-ancora-danneggiamenti-all-interno-del-cpr-136-987058.html

    • Detenzione multinazionale

      Inaugurato il 20 gennaio il Centro per il rimpatrio di Macomer in Sardegna. La struttura di detenzione è gestita dalla Ors Italia, una holding elvetica. La Ors è solo una delle multinazionali straniere entrate nel giro d’affari milionario del sistema accoglienza italiano. Su Nigrizia di gennaio maggiori approfondimenti.

      È stato inaugurato lunedì 20 gennaio il Centro per il rimpatrio (Cpr) di Macomer. L’ex carcere di massima sicurezza, chiuso nel 2015, perché inadeguato secondo i parametri minimi previsti dalla legge, è stato rinnovato e convertito in struttura di detenzione dei migranti che sbarcheranno sull’isola. Inizialmente saranno 50 i posti fruibili. Una volta a regime, si stima, diventeranno 100.

      La casa circondariale, che risponde secondo le istituzioni a un’esigenza di contenimento e deterrente per la rotta Algeria-Sardegna (750 gli sbarchi nel 2019, 172 le persone approdate sulle coste da inizio anno), è gestita da Ors Italia srl, una costola dell’elvetica Ors che gestisce in Svizzera e Germania diversi centri per migranti. La holding, che ha alle spalle sostenitori internazionali importanti, che vanno dalla Barclays a fondi sauditi, dall’alta finanza statunitense a politici elvetici, è solo una delle multinazionali scese in campo nel sistema accoglienza in Italia.

      Sul mensile Nigrizia di gennaio si approfondisce il giro d’affari milionario che ruota attorno ai Cpr nel nostro paese, dove sbarcano non solo persone, ma anche società straniere impegnate nel business carcerario. Oltre all’Ors Italia, c’è ad esempio la francese Gepsa (Gestion d’établissement pénitentiaires services auciliares), che dal 2012 partecipa ai bandi italiani, assicurandosi la gestione di diversi Cie (Centri di identificazione ed espulsione) e Cas (Centri d’accoglienza straordinaria), per un totale di 1.300 persone.

      Nelle gare al ribasso per gli appalti delle strutture detentive per stranieri, sempre più spesso le piccole realtà di gestione del sistema accoglienza scompaiono. Fagocitate da grandi realtà che riescono a essere maggiormente concorrenziali. Sulla sparizione dei piccoli Cas, ma anche sul rifiuto di una parte sempre più crescente del terzo settore a diventare mero controllore dei migranti, come richiesto dal decreto sicurezza, dà approfondita notizia la seconda parte del rapporto di Open Polis e ActionAid “La sicurezza dell’esclusione”.

      Da inizio anno sono già due le morti avvenute all’interno dei Cpr: il 18 gennaio a Gradisca d’Isonzo è morto, secondo le testimonianze per un pestaggio delle forze dell’ordine, il giovane georgiano Vakhtang Enukidzeù; il 12, a Caltanissetta, nel Cpr di Pian del Lago, è deceduto, secondo il medico legale per “cause naturali”, il tunisino Aymed.

      In entrambe le strutture, come anche nei Centri di Torino, Bari e Trapani, da inizio anno si registrano rivolte dei migranti che protestano per le condizioni disumane in cui sono costretti a vivere.

      https://www.nigrizia.it/notizia/detenzione-multinazionale

  • Retrait de La Cimade du CRA du #Mesnil-Amelot après une tentative de suicide dans ses bureaux

    Mardi 10 décembre, un homme a tenté de mettre fin à ses jours dans les bureaux de La Cimade au centre de rétention administrative (CRA) du Mesnil-Amelot. Avec le câble d’une lampe, il a tenté de s’étrangler, les équipes de La Cimade ont dû intervenir pour limiter les blessures liées à l’étranglement et alerter les secours. Suite à cet acte qui s’inscrit dans un contexte de violence institutionnelle extrême, une première période de retrait de 24 heures a été décidée.

    Ce retrait des équipes de La Cimade au CRA du Mesnil-Amelot intervient dans un contexte très violent, dénoncé régulièrement par La Cimade, notamment depuis l’entrée en vigueur de la loi Asile et Immigration qui a doublé la durée de l’enfermement passant de 45 jours à 90.

    La violence de la situation dans l’ensemble des CRA et en particulier au Mesnil-Amelot n’est pas nouvelle, le 11 juillet dernier, La Cimade s’était déjà retirée pour une période de trois semaines. Ce retrait historique était une première depuis le début de l’intervention de La Cimade en rétention en 1984.

    Moins de six mois après ce premier retrait, la politique répressive s’accentue. Les droits des personnes sont violés par les préfectures avec le consentement de la Place Beauvau.

    Depuis plusieurs semaines, des personnes sont enfermées au centre de rétention avant d’être renvoyées vers des pays en guerre ou dangereux comme le Soudan, l’Afghanistan et l’Iran. Par ailleurs, les actes de désespoir se sont encore multipliés : grèves de la faim, départs de feu, automutilations, etc. La semaine dernière, une personne enfermée tentait de se pendre après s’être déshabillée et couverte de ses excréments. Atteinte de troubles psychiatriques, elle affirmait ne pas avoir accès à son traitement depuis son enfermement au centre de rétention. Un exemple parmi bien d’autres de personnes gravement malades enfermées sans discernement par l’administration.

    La défense des droits des personnes enfermées est une mission prioritaire de La Cimade depuis 80 ans. Les violences infligées par l’administration, l’État et le gouvernement aux personnes étrangères ne sont plus tolérables et mettent en péril l’exercice de notre mission.

    La Cimade réitère ses condamnations de la politique migratoire et du tout enfermement voulue par le président Macron, elle appelle à un changement radical de paradigme.

    https://www.lacimade.org/presse/retrait-de-la-cimade-du-cra-du-mesnil-amelot-apres-une-tentative-de-suicid
    #suicide #tentative_de_suicide #rétention #détention_administrative #France #CRA

    • Suivi de la révolte des prisonniers du CRA de Mesnil-Amelot. Une revendication : la libération de tou.te.s !

      Le 11 avril, à 20h les prisonniers du CRA 2 du Mesnil-Amelot occupent la cour du bâtiment et bloquent la promenade aux cris de “liberté !”. Depuis le début de l’urgence sanitaire les personnes enfermées demandent à être libérées face à la fermeture des frontières, mais l’État poursuit sa politique d’enfermement. De plus, aucune mesure sanitaire n’est prise pour empêcher la propagation du virus à l’intérieur du centre. Alors que les flics de la PAF rentrent et sortent de la prison pour sans-papiers au risque d’y ramener le virus, les prisonniers restent enfermés. Ne laissons pas seuls les prisonniers en lutte, relayons leur parole et soutenons les de toutes les manières possibles !

      11h30 :

      Une charge de police a eu lieu vers 11h. Dispositif policier énorme (ils parlent de 100 flics). Ils les ont rassemblé dans un coin, forcé à se mettre par terre et confisqué des téléphones. Ils ont menotté et emmenés, surement en garde à vue, 7 prisonniers « identifiés comme leader sur les cameras ». Les autres prisonniers ont été réenfermés dans les chambres.

      Ce matin :

      Hier soir suite à l’échange avec le chef de police, puis avec le directeur du CRA, les retenus se sont installés pour dormir dehors, mais les flics ont pris leurs matelas pour éviter un incendie. Ils ont continué a bloquer quand même. Ce matin, ils ont sauté la grille pour rejoindre le bâtiment des femmes et familles, d’où ils seraient plus visibles de l’extérieur du CRA. Ils cherchent a être le plus visibles possible et continuent a tenir ensemble alors que les policiers se préparent a charger. De plus en plus difficile d’être en contact avec eux.

      21h50 : ils ont décidé de passer la nuit dans la cours

      Ils nous ont amené le directeur du centre il a dit qu’ils ont pas de solution pour nous. Alors ont a dit si c’est comme ca on va dormir dehors. Pourquoi ils nous gardent alors qu’il y a pas de vol et que le Corona est dans le centre ? On est pas animaux. ici c’est la double peine ! Il y en a qui sont en t-shirt mais on est allé cherché des couvertures par derrière on va dormir dehors on va rester toute la nuit ! et demain personne ne mange !

      21h20 : Ils sont actuellement en négociation avec le comandant les keufs..

      “Ils ne respectent pas le droit des gens, pas de mesures sanitaires dignes et quand tu dis quelque chose les policiers ils te frappent c’est pas humain ! Sérieux les avions ils vont pas redécoller avant septembre on nous a dit, ça veut dire quoi ? On va pas rester ici jusqu’en septembre !”

      “On a bloqué on s’est mis tous dans une cour, c’est à dire les 4 bâtiments qui étaient ouverts dans la cour tous ensemble. Tant qu’ils trouvent pas de solution on bougera pas d’ici ! Tout à l’heure ils nous ont gazé matraqués ils ont des boucliers, depuis tout à l’heure on subit des violences pour rien ! Là ils sont à la sortie de la cour vers la grille matraque à la main, casque et ce qui va avec ! Que les journalistes nous appellent mais là ! Maintenant !”

      https://abaslescra.noblogs.org/blocage-en-cours-du-cra-de-mesnil-amelot-les-prisonniers-demande

    • LES PRISONNIERS DES CRA CRIENT LIBERTÉ, FAISONS DE MÊME !

      Depuis hier soir, les prisonniers du centre de rétention de Mesnil-Amelot ont occupé la cour de la prison pour sans-papiers, ils sont restés ensemble pour exiger leur libération, jusqu’à ce matin quand les keufs ont chargé. Sept personnes ont été emmenées en garde-à-vue.

      Au CRA de Vincennes, où au moins deux prisonniers ont très certainement chopé le virus, les gens bougent aussi et subissent la répression. Ce matin, après un départ de feu dans une cellule, une personne a été mise en isolement, et tout le monde a été fouillé.

      Les sans-papiers enfermés dans les CRA demandent la libération immédiate de tout le monde. Alors que l’Etat compte les laisser crever dans ces taules, ils luttent coup sur coup pour obtenir leur liberté, maintenant.

      https://abaslescra.noblogs.org/les-prisonniers-des-cra-crient-liberte-faisons-de-meme

    • Au centre de rétention du Mesnil-Amelot, de l’#angoisse à la #révolte

      Près d’une cinquantaine d’hommes ont passé la nuit de samedi à dimanche dans la cour du centre de Seine-et-Marne pour réclamer leur libération. La police est intervenue. Des protestataires dénoncent des violences, ce que dément la préfecture.

      Alors que des associations de soutien aux migrants réclament depuis plusieurs semaines la fermeture des centres de rétention administrative (CRA) dans le contexte de pandémie de Covid-19, plusieurs dizaines de sans-papiers ont investi, samedi soir, la cour de celui du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) pour réclamer leur libération. La police est intervenue dimanche alors que des renforts avaient été dépêchés sur place. Des témoignages recueillis par l’association Soutien ô sans-papiers (SOS) dénoncent des violences à l’encontre des protestataires, ce que dément la préfecture.
      Installé tout près des pistes de l’aéroport de Roissy, le plus grand CRA de France héberge d’ordinaire entre 200 et 300 femmes et hommes sans papiers, pour la plupart en attente de leur expulsion. Leurs conditions de vie sont, en temps normal, déjà vivement critiquées par de nombreuses associations. L’an passé, la Cimade s’était même provisoirement retirée du centre, dénonçant des « violences » et des« tentatives de suicide répétées ». Accusations alors démenties par la Direction centrale de la police aux frontières (DCPAF), qui gère les CRA.
      Conditions sanitaires dégradées
      Actuellement, selon les chiffres fournis par la préfecture de Seine-et-Marne à l’AFP, 47 hommes sortant de prison sont retenus au Mesnil-Amelot. Or d’après SOS, depuis le début de la crise et du confinement, le centre a vu ses conditions sanitaires, déjà précaires, se dégrader considérablement : « Il y a très peu de savon, rien n’est lavé à la javel, l’entretien se fait uniquement à l’eau claire, les toilettes sont bouchées et le restent », relate un militant de l’association joint par Libération. Ni masques, ni gel, ni gants, poursuit-il, pas plus pour les personnes retenues que pour les policiers qui les encadrent, dans une promiscuité potentiellement favorable à la transmission du virus Sars-Cov-2.
      Pour réclamer leur mise en liberté, début avril, une trentaine de retenus s’étaient lancés dans une grève de la faim. Sans succès. La tension est encore montée en milieu de semaine lorsqu’ils ont appris qu’aucune expulsion n’aurait lieu avant septembre, information qui ne nous a pas été confirmée. Un communiqué de personnes retenues, relayé par SOS, fait par ailleurs état d’une situation de « panique car l’un d’entre nous a été relâché il y a quelques jours suite à une suspicion de Covid-19 ». Auprès de l’AFP, la préfecture de Seine-et-Marne indique qu’« aucun cas de Covid-19 » n’a été détecté au Mesnil-Amelot. Mais un cas a déjà été détecté dans un autre CRA, celui de Paris-Vincennes.
      C’est dans ce contexte que, samedi soir, un incident aurait éclaté au moment du repas : l’un des sans-papiers aurait été accusé d’avoir dérobé un morceau de pain et frappé par des policiers, selon deux personnes elles-mêmes retenues au CRA du Mesnil-Amelot et qui ont rapporté la scène au militant de SOS joint par Libération. Des sans-papiers auraient alors investi la cour de l’établissement, située au centre des bâtiments de rétention. Près d’une cinquantaine d’hommes y ont passé la nuit pour dénoncer de « mauvaises conditions sanitaires » et réclamer leur libération, rapporte l’AFP.
      Renforts policiers
      « La direction du CRA a fermé les portes, les contraignant à passer la nuit dehors sans matelas et sans accès à des toilettes », affirme la compagne de l’une des personnes retenues, qui a pu la joindre jusqu’au début de la matinée de dimanche. « La police a récupéré les matelas car ils avaient peur qu’on y mette le feu », raconte par ailleurs un témoin joint par le Parisien. C’est dimanche, en fin de matinée, que les forces de l’ordre sont intervenues. Des témoignages recueillis par SOS dénoncent des violences et l’usage de gaz lacrymogène. Contactée, la préfecture de Seine-et-Marne confirme avoir envoyé des renforts policiers mais réfute toute violence, indiquant que tous les sans-papiers avaient pu normalement regagner leurs chambres en milieu de journée.
      En fin d’après-midi, la jeune femme jointe par Libération a reçu un appel de son compagnon : identifié comme l’un des « meneurs », il serait en cours de transfert vers un autre CRA, à Rouen. Toujours selon sa compagne, il n’a pas eu le temps de récupérer ses affaires au centre du Mesnil-Amelot. Le sort des sans-papiers protestataires n’était pas encore connu dimanche soir : « Nous savons simplement que deux d’entre eux sont aussi en passe d’être conduits au CRA de Rouen, et quatre vers celui de Lille-Lesquin », indique le militant de SOS. La direction du CRA du Mesnil-Amelot s’est refusée à tout commentaire.


      https://www.liberation.fr/france/2020/04/13/au-centre-de-retention-du-mesnil-amelot-de-l-angoisse-a-la-revolte_178501

    • Coronavirus et manifestation au CRA du Mesnil-Amelot : le choix de la répression au détriment de la protection

      Les étrangers enfermés au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot ont exprimé leur colère dans la nuit de samedi à dimanche 12 avril 2020. Ils sont révoltés d’être privés de liberté dans des conditions indignes et d’être mis en danger. L’administration est dans l’impossibilité de respecter les règles sanitaires de base en période de crise sanitaire du coronavirus. La Cimade demande la fermeture immédiate de tous les CRA.

      Depuis le début du confinement, les intervenant·e·s de La Cimade accompagnent les personnes retenues à distance. Selon les témoignages recueillis ce mardi, les étrangers enfermés au CRA du Mesnil-Amelot ont exprimé leur colère samedi 11 avril dans la soirée en refusant de réintégrer les bâtiments. Ils ont sorti les matelas dans la cour et ont souhaité passer la nuit dehors pour manifester leur désaccord avec la poursuite de la politique d’enfermement et d’expulsion menée par le gouvernement.

      Deux personnes présentaient des symptômes du covid-19 et ils étaient légitimement inquiets pour leur propre santé. Par ailleurs, ils sont pleinement conscients de l’impossibilité de mettre en œuvre les expulsions et donc du caractère illégal de leur enfermement.

      Les récits des événements révèlent une action policière pour mettre fin à la manifestation avec un usage de la force qui paraît disproportionné. Les autorités du CRA ont identifié 8 hommes comme étant les « meneurs » de la manifestation, puis elles les ont isolés et transférés vers d’autres centres de rétention : 3 au CRA de Rouen et 5 au CRA de Lille.

      52 personnes étaient enfermées samedi dernier au CRA du Mesnil-Amelot n°2, ce mardi 14 avril elles sont 47. Le CRA n°3 a été fermé par l’administration le 25 mars, elle a préféré regrouper toutes les personnes dans certains bâtiments du CRA n°2 alors qu’il existait la possibilité de prévenir les risques sanitaires de contamination en isolant a minima les personnes.

      Cette manifestation de colère légitime au CRA du Mesnil-Amelot intervient alors que déjà trois cas ont été testés positifs au covid-19 au CRA de Paris-Vincennes.

      Après nos diverses interpellations du gouvernement et du ministre de l’intérieur, la requête rejetée au Conseil d’État le 27 mars, les événements de ce week-end appellent La Cimade a demander une nouvelle fois la fermeture immédiate de tous les centres de rétention administrative. Nos raisons sont exactement les mêmes que celles exprimées par les étrangers enfermés : prévenir les risques sanitaires et ne pas enfermer illégalement des personnes que les préfectures ne peuvent pas expulser.

      https://www.lacimade.org/presse/coronavirus-et-manifestation-au-cra-du-mesnil-amelot-le-choix-de-la-repres

  • Quand la #Suisse internait les pauvres et les marginaux

    Jusqu’en 1981, aux quatre coins du pays, les autorités ont fait interner des dizaines de milliers d’hommes et de femmes sans procédure judiciaire. Une commission d’experts a récemment effectué des recherches sur ces « internements administratifs ». Les résultats écornent l’image que la Suisse se fait d’elle-même.

    La « justice administrative » fait partie « des choses les plus révoltantes qu’on puisse imaginer ». Ces mots ont été écrits en 1939 par l’écrivain bernois réformiste Carl Albert Loosli, cité 80 ans plus tard par la Commission indépendante d’experts (CIE). Tandis que les criminels ont droit à un procès, les personnes mises à l’écart par les autorités d’assistance et autres instances administratives en sont privées, se révoltait Loosli. Les institutions suisses abritent entre leurs murs des « esclaves de l’État, livrés corps et âme à l’arbitraire des autorités ». Et le plus étonnant, souligne-t-il, c’est que « personne ne s’en offusque ».

    Carl Albert Loosli, fils illégitime d’une fille de paysan, avait lui-même été placé dans une maison de rééducation durant son adolescence. Les voix critiques comme la sienne ont longtemps rebondi sur le système. Ce n’est qu’en 1981 que les cantons ont abrogé leurs lois sur l’internement et que la Confédération a révisé le code civil. Entre-temps, le domaine social s’était professionnalisé et la société était devenue plus libérale après 1968. Mais l’avancée fut surtout due à la pression internationale : la pratique suisse consistant à priver de leur liberté des adultes jeunes et moins jeunes d’un simple trait de plume n’était pas compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme que la Confédération avait ratifiée.

    La « Maison d’une autre Suisse »

    Les personnes concernées, qui avaient été incarcérées alors qu’elles étaient innocentes, n’ont pas été réhabilitées à cette époque. La honte les rendaient muettes, elles aussi. « Nous portions les stigmates du temps passé en « taule » alors que nous n’avions commis aucun crime », relate Ursula Biondi. Aujourd’hui âgée de 69 ans, elle a dans sa jeunesse été « internée administrativement » – selon le langage bureaucratique (voir p. 14) – au pénitencier de #Hindelbank à des fins de #rééducation. Au début du XXIe siècle, des personnes courageuses comme elle ont commencé à raconter leur histoire. Relayé par les médias, le sujet a fini par entrer dans l’agenda politique. Entre 2011 et 2016, le Conseil fédéral a présenté deux fois ses excuses, une loi sur la réhabilitation a été adoptée et le Parlement a décidé de verser une contribution de solidarité à toutes les victimes de mesures de coercition à des fins d’assistance. À côté des internés administratifs, d’autres personnes ont également exigé qu’on reconnaisse leur souffrance et qu’on les réhabilite : les anciens enfants placés et les personnes stérilisées de force (« Revue Suisse » 5/2018).

    Le Conseil fédéral a mis sur pied la CIE pour étudier en particulier les internements administratifs. Plus de 30 chercheurs se sont mis au travail. Après quatre ans d’activité, la CIE a publié dix volumes ces derniers mois, avec notamment des portraits de victimes. Elle a présenté son rapport final cet automne et recommandé de nouvelles mesures de réhabilitation allant du versement de prestations financières supplémentaires aux victimes à la fondation d’une « Maison de l’autre Suisse » comme lieu d’information sur ces événements. La ministre suisse de la justice, Karin Keller-Sutter, a reçu ces recommandations. Il s’agit aussi de décider si l’on prolongera le délai expiré de dépôt des demandes pour la contribution de solidarité, qui s’élève à 25 000 francs par personne. Dans ce cas, d’autres victimes pourraient se manifester. Y compris des personnes vivant à l’étranger qui n’ont pas pu déposer une demande dans les délais.

    #Répression dans un État de droit

    Le rapport de la CIE comporte 400 pages d’histoire et tend un miroir à la Suisse. On ne peut le dire autrement : pour les personnes en marge de la société, pauvres ou ne répondant pas à l’idée qu’on se faisait de la conformité, la Suisse était, jusqu’à il y a peu, un lieu inhospitalier, voire répressif. Il existait un droit de seconde classe, et peu nombreux sont ceux qui s’en sont émus. Voici un bref résumé des principaux résultats de la CIE :

    Au XXe siècle, au moins 60 000 personnes ont fait l’objet d’un internement administratif dans 650 institutions. Ce chiffre est plus important que prévu. L’internement en dehors du cadre pénal ne constituait pas simplement une bizarrerie du droit suisse, il faisait partie du système.
    La justice administrative visait surtout les couches sociales inférieures : les pauvres et les marginaux sans emploi fixe ni liens sociaux ou familiaux. Mais des membres de minorités comme les #Yéniches ont aussi été arrêtés et, après la Seconde Guerre mondiale, de plus en plus de jeunes « rebelles ».
    Ce sont des autorités de milice qui décidaient de l’internement : conseils communaux, commissions d’assistance communales, autorités tutélaires. Le soir, après leur travail, le commerçant, la femme au foyer et le comptable scellaient le sort de leurs concitoyens. Des conseillers d’État et des membres du gouvernement le faisaient aussi, sous prétexte de porter assistance, d’éduquer ou de protéger la société. Jugements moraux et clichés sexistes teintaient les avis : on reprochait aux hommes – qui constituaient 80 % des personnes internées – leur « fainéantise » ou leur alcoolisme, aux femmes leur « inconduite ».
    Quelques-unes des nombreuses institutions suisses servaient plusieurs objectifs à la fois. Il arrivait ainsi que des internés administratifs soient incarcérés avec des criminels condamnés. Ils étaient aussi placés dans des établissements de travail forcé, des colonies de travail, des foyers d’éducation, des asiles pour buveurs et des hospices de pauvres. Dans les institutions mal pourvues et peu surveillées, les hommes devaient fournir un travail physique en plein air, et les femmes, des tâches ménagères. Le travail forcé n’était pas ou peu rémunéré.
    L’expérience dramatique de l’internement poursuivait les victimes même après leur libération, souvent pour la vie. Certaines ont été brisées, d’autres ont choisi d’émigrer. Beaucoup vivent aujourd’hui encore dans la précarité. Les autorités ont échoué dans leur objectif de réinsérer dans la société des « personnes en danger ». Dans les faits, les internements ont aggravé les problèmes et l’#exclusion.

    Déjà une #injustice à l’époque

    Aujourd’hui, ces atteintes à la liberté individuelle paraissent clairement disproportionnées et ces méthodes d’assistance, brutales. Mais l’époque était différente, et les internements s’appuyaient sur des lois. Sont-ils devenus injustes a posteriori ? Non, répond la CIE, pour qui les lois d’internement enfreignaient les droits fondamentaux et les principes de l’État de droit. Les personnes internées l’étaient souvent pour une durée indéterminée, sans décision juridique valable, et n’étaient pas auditionnées. En maints endroits, elles n’avaient pas la possibilité de faire recours auprès d’un tribunal indépendant. En outre, les lois étaient floues, et les autorités pouvaient les interpréter à leur guise. Au début, les internements représentaient pour l’État un moyen de gérer les pauvres à peu de frais. Au cours du XXe siècle, ils sont devenus des instruments de contrôle social. Dans tout le pays, on savait que quitter « le droit chemin », c’était s’exposer à « être bouclé ». Et les autorités n’étaient pas les seules à s’activer. Il n’était pas rare que la mesure fût appliquée en s’appuyant sur les dires de la famille, du voisinage, du pasteur ou de l’enseignant, notent les auteurs du rapport, qui parlent de « pratiques de marginalisation bien ancrées dans la société suisse ».

    Il s’agit probablement d’une des raisons pour lesquelles les lois d’internement se sont maintenues aussi longtemps. Le retard de la Suisse en matière de politique sociale a aussi joué un rôle : les piliers de la protection sociale y ont été plantés plus tard que dans d’autres pays européens. Quoiqu’il en soit, les faits sont à présent avérés, et l’image que la Suisse a d’elle-même, avec ses géraniums, sa prospérité, sa liberté et sa démocratie directe, doit désormais être complétée par une facette moins reluisante. D’après l’historien Thomas Huonker, membre de la CIE et pionnier dans l’étude des mesures de coercition, le travail de mémoire sera capital : « Tout comme on raconte sans cesse la belle histoire de Guillaume Tell, il faudra raconter aussi sans cesse le chapitre sombre des mesures de coercition à des fins d’assistance. »

    Un combat pour la justice

    Ursula Biondi a 17 ans lorsqu’elle arrive au pénitencier de Hindelbank. Elle n’a rien commis de répréhensible, mais l’office des tutelles zurichois l’a envoyée dans un « foyer d’éducation fermé » pour être tombée enceinte alors qu’elle était mineure. Avant, la joyeuse adolescente avait été placée provisoirement dans un foyer de jeunes filles dont elle s’était échappée plusieurs fois. À la maison, elle se dispute avec ses parents au sujet des sorties, de la mode, de la musique. Son père, un Italien en phase de naturalisation, ne veut pas faire mauvaise impression. Les parents donnent donc leur accord pour un nouveau placement de leur fille. Ils ignorent que le « foyer d’éducation » est une prison pour femmes qui accueille aussi des criminelles. Ursula ne peut pas y suivre de formation. Après son accouchement, les autorités lui enlèvent son bébé et la contraignent à le donner en adoption. Elle s’y oppose, et récupère son fils trois mois plus tard. Après une année à Hindelbank, où elle effectue du travail forcé à la blanchisserie, elle est libérée en 1968. Elle déménage à Genève, fonde une famille, fait une carrière d’informaticienne dans une organisation de l’ONU, s’engage dans le social. « J’ai eu de la chance, dit-elle, et j’ai travaillé dur. » Car le traumatisme subi est lourd. La crainte qu’on découvre qu’elle a fait de la prison la poursuit longtemps. L’injustice endurée la tourmente. En 2002, Ursula Biondi publie l’histoire de sa vie. La revue « Beobachter » s’en fait l’écho. Elle se bat ensuite pendant des années pour qu’on étudie les « internements administratifs » – une expression qui, d’après elle, banalise la gravité des choses et cache le terrible arbitraire des autorités – et pour que les victimes obtiennent réparation. Elle trouve le rapport de la CIE réussi. Mais une chose dérange toujours cette femme engagée à qui l’Université de Fribourg a remis en 2013 le titre de docteur honoris causa : à cause de la réhabilitation bien trop tardive des anciens « internés », la nouvelle génération n’a jamais pris conscience des libertés qu’il a fallu conquérir. « Nous avons été sanctionnés et enfermés pour des manières de vivre qui, aujourd’hui, sont largement acceptées. » Pour que les jeunes restent vigilants contre l’arbitraire de la justice, Ursula donne des conférences dans les écoles.

    https://www.revue.ch/fr/editions/2019/06/detail/news/detail/News/quand-la-suisse-internait-les-pauvres-et-les-marginaux-1
    #internement_administratif #Suisse #histoire #détention_administrative #justice_administrative #pauvres #marginaux

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    v. aussi cet article publié dans La Cité en 2017 :
    Les heures sombres de l’internement administratif helvétique
    https://seenthis.net/messages/575589

  • Spatial Control: Geographical Approaches to the Study of Immigration Detention

    This Global Detention Project Working Paper surveys research on immigration detention conducted using geographical methods, highlighting how geography’s conceptualization of detention as a form of spatial control offers tools to scholars and activists working to contest this form of immigration control. The authors organize their review around three core themes: im/mobilities, scaled analyses, and borders/bordering. They argue that geographical approaches to the study of detention have helped generate a critical orientation that can disrupt the spread of detention across and within a widening array of places and social groups

    https://www.globaldetentionproject.org/spatial-control-geographical-approaches-to-the-study-of-immi
    #espace #barbelés #centres_fermés #détention_administrative #contrôle_spatial #rétention #CRA #géographie #géographie_carcérale #surveillance #contrôle #liberté_de_mouvement

    • Voir, par exemple, l’analyse de Aldo Brina sur le #centre_fédéral de #Chevrilles :

      Le 18 juillet 2018, Aldo Brina, chargé d’information sur l’asile du Centre Social Protestant (CSP), s’est rendu au centre fédéral de Chevrilles, aussi appelé Giffers ou Gouglera. Cette structure est la première du genre en Suisse romande (si on ose dire, puisque le centre est situé dans la Singine fribourgeoise…). Elle a pour fonction d’héberger des requérant-e-s d’asile qui attendent le plus souvent une décision de renvoi ou l’exécution de ce renvoi. Selon le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) [1], deux tiers des requérant-e-s d’asile affecté-e-s à ce centre ont disparu, c’est-à-dire qu’ils ont préféré passer dans la clandestinité. Un centre de ce même type devrait être construit dans le canton de Genève, sur la commune du Grand-Saconnex, pour 2022. Visite commentée.


      https://asile.ch/2018/09/18/centre-federal-de-chevrilles-asile-et-barbeles